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En el marco de la reforma previsional que está impulsando el Gobierno y luego que se conociera la existencia de millonarias pensiones de invalidez otorgadas a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas (FFAA), la presidenta Michelle Bachelet convocó a mediados de este mes a una mesa de trabajo para revisar el tema. Para el economista Patricio Guzmán, más allá de esta instancia, “deben existir decisiones políticas para hacer leyes adecuadas”.

De acuerdo a lo mencionado por la subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, al Diario La Tercera, una de las medidas es generar una instancia superior autónoma y técnicamente independiente que revise los diagnósticos médicos entregados por las FFAA.

Los cambios buscarían homologar el sistema de previsión en materia de invalidez que existe para los civiles con el de los uniformados, por ejemplo, en revisar la condición de invalidez cada dos o tres años como ocurre en el caso de los accidentes laborales y el sistema de AFP respectivamente.

En un trabajo conjunto, los ministerios de Defensa, Trabajo y Previsión Social, Interior y Justicia, y el objetivo es generar una propuesta en 45 días que busque evitar que se generen irregularidades en el otorgamiento de pensiones por inutilidad en el Ejército, las cuales ni siquiera son revisadas por Contraloría.

El diputado socialista Leonardo Soto, quien presidió la comisión que investigó las irregularidades en las pensiones entregadas por Capredena y Dipreca, dijo que este tema debe ser reformado profundamente.



Además, señaló que los diagnósticos médicos deberían ser revisados por la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez (Compin), que es la misma entidad que opera en el caso de los civiles. “Debemos establecer un solo sistema que garantice que las pensiones sean bien otorgadas tanto en el mundo civil como en el mundo militar”.

Desde el punto de vista administrativo, para el parlamentario lo ideal es que no solo se revisen las pensiones que se entregarán una vez que se genere esta instancia de supervisión superior, sino también los beneficios que ya se han entregado.

“Casi el 10 por ciento de lo que gastan las Fuerzas Armadas en las pensiones de sus uniformados son por invalidez. No es posible que haya tal nivel de militares que tenga dolencias que le provoquen invalidez permanente, si este país no ha tenido ninguna guerra. Existe una distorsión, un área oscura que tiene que ser revisada a fondo”, sostuvo.

El diputado socialista agregó que al menos en la comisión que investigó las irregularidades en las pensiones que se entregaron a los ex uniformados, que está formada por diputados de todos los sectores, existe voluntad discutir modificaciones en el sistema de previsión para los uniformados.

Patricio Guzmán, economista de la Coordinadora No+AFP, aseguró que desde la organización no solo buscan que se mejoren las pensiones de todas las personas, sino que se termine con los abusos que han cometido ciertos sectores de la sociedad, como el Ejército.

“No puede ser que la gente se pensione por problemas de salud que no le permiten trabajar y que después sigan trabajando o sea recontratado, cobrando pensión y además un sueldo. Hay que terminar con todo eso, pero más que una mesa de trabajo deben existir decisiones políticas para hacer leyes adecuadas”, afirmó.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), enfatizó en que una mesa de trabajo no les da garantías de una revisión y un análisis que termine con los beneficios de los uniformados por sobre la sociedad civil. “Aquí no estamos hablando de personas comunes, estamos hablando de una familia militar que ha hecho lo que ha querido en este país”.

Según el informe de la Comisión Bravo, que asesoró a la presidenta Michelle Bachelet en 2015 sobre esta materia, el 91 por ciento de las pensiones de las Fuerzas Armadas proviene del Estado y el 9 por ciento de las imposiciones de trabajadores pasivos y activos.

De este modo, entre 2011 y 2015 3,8 billones de pesos fueron destinados por el fisco a Capredena. Al 2017 el promedio de las pensiones entregadas por esta entidad es de 772.186 pesos, cifra superior a los 125 mil pesos que reciben en promedio quienes pertenecen al sistema de AFP.

Crédito: Karina Palma  – Diario UChile