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En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el werkén del Consejo de Todas las Tierras criticó al gobierno por la forma en la que se ha llevado adelante el conflicto mapuche: “Son actos represivos para frenar las demandas del movimiento mapuche. Es un mensaje a favor de los empresarios que quieren imponer sus formas de ver en la región”.

Siguen las repercusiones por la denominada “Operación Huracán”, operativo policial que terminó con la detención de ocho comuneros mapuche durante el fin de semana.

La espectacularidad usada por las policías y la falta de pruebas con las que se habría apresado a algunos personeros como el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, son parte de las críticas que se han sostenido en contra del Gobierno.

El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, acusa de montaje, de “estrategia sucia” para hacer creer al país que en La Araucanía existe terrorismo, algo que no ha podido ser demostrado en todos estos años.

¿Cuál es para usted la señal política que se da con esta operación llamada sugerentemente “Huracán”?

Claramente son actos intimidatorios al pueblo mapuche. Actos represivos, porque tal como se ha señalado en los tribunales por parte de la Fiscalía y conociendo a las personas que están siendo imputadas, no tienen ninguna relación con los hechos investigados.

Un elemento para explicar el punto: Los Huenchullán es primera vez que ven a Héctor Llaitul en el tribunal y las policías presentan al líder de la CAM como su jefe jerárquico, lo que es un absurdo. Con esto no quiero hacer una defensa, sino decir que conozco perfectamente a la familia Huenchullán, sé lo que hacen y cuál es su punto de vista de la labor que hace la Coordinadora.

En paralelo, estos son actos represivos para frenar las demandas, el movimiento mapuche que lucha por las tierras y es un mensaje a favor de los empresarios que quieren imponer sus formas de ver las cosas en la región. Con esto, lo que se trata es de omitir la responsabilidad del Gobierno en la resolución del conflicto que hoy se vive en el sur.

¿Si no hay mérito en la investigación, de dónde proviene la orden de detención, del Ministerio del Interior?

Esta es una clara inducción del Ministerio del Interior y, prácticamente, este es el organismo que ha posibilitado todo un contexto para que se den estas detenciones espectaculares que no tienen sentido y que pudieron haberse resuelto de otra forma, porque todos los detenidos son personas conocidas, tienen domicilio. No se necesitaba movilizar helicópteros para su traslado.

La Fiscalía, por un lado, dice que tiene pruebas de tráfico de armas y no muestra ningún elemento sobre eso. Eso habría sido necesario, pero los inculpan por un WhatsApp que no tiene relación de la forma en que lo hacen. Esto es un montaje para hacer creer que en el sur hay terrorismo, que hay violencia en la zona.

¡Es un montaje del Ministerio del Interior!, porque representados por Mahmud Aleuy, lo único que hacen es anunciar más represión en la zona con el objeto de vincular a los mapuche con la violencia, pero eso no ha resultado.

Entonces, con estas detenciones, con las formas que se eligen, tienen la intención de crear una sensación. Quieren hacer creer al país que hay una organización terrorista, pero no han pillado a nadie en el acto, y el terrorismo hay que demostrarlo con hechos, materializarlo, no son solo presunciones subjetivas. Acá no han encontrados hechos que manifiesten el acto terrorista.

Si es un montaje, entonces lo que existe es la intervención de un poder del Estado en otro. Entonces no habría tal Estado de derecho y estaríamos ante la presencia de presos políticos…

Se están forzando los hechos para detener e inculpar personas. Nada acredita para que ameriten estar en la cárcel. Como he señalado a Rodrigo Huenchullán, él trabaja en la municipalidad de Ercilla, su hermano participa en actividades públicas y políticas y, el otro hermano, Jorge, es el que estaría con orden judicial, pero él no está detenido, hubo un error. Esto es muestra del pobre y penoso servicio de inteligencia en La Araucanía.



El Gobierno parte con un nuevo trato y termina con la Operación Hurácan, ¿Qué reflexión le merece ese tránsito?

La presidente ha faltado a sus propios compromisos. Acá se comprometió a no aplicar la Ley Antiterrorista, pero cambia su decisión. Nos parece un acto de ausencia de la buena fe que debiera tener todo mandatario, porque prometió algo para obtener los votos, e hizo todo lo contrario: ella, al igual que todos los presidentes, omitió su responsabilidad histórica en el conflicto que le vinieron a crear al pueblo mapuche con la Pacificación de La Araucanía, que fue un genocidio, y seguidamente con la ocupación y confiscación del territorio.

El dialogo ha sido desechado y el próximo gobierno seguirá en la misma lógica y así llevamos 135 años donde todos los presidentes prometen el final del conflicto, pero sus decisiones van en el otro sentido.

Qué pasa entonces, porque los hechos de violencia existen y son delitos, pero hay quienes se preguntan el por qué si las personas que apresan no son los culpables, nunca aparecen los responsables.

Yo tengo la misma duda. Creo que hay una estrategia, una guerra sucia que hoy encuentra un respaldo económico con la asignación de 3500 millones para violencia rural. Esa plata es una buena manera para desarrollar actos perversos en la zona.

¿Está diciendo que las acciones que se han producido son de falsa bandera?, ¿qué las personas que las realizan no son mapuche y las hacen para inculpar a comuneros mapuche?

A mí me llama la atención los casi 30 camiones que se quemaron, primero porque ahí no hay comunidades mapuche, las formas usadas han sido criticadas por los propios mapuche. Nosotros queremos que se investigue, que se llegue más allá de detener a esos presuntos responsables. En definitiva, se está creando un ambiente muy sucio, donde están operando ciertos agentes al amparo del dinero que pone el Gobierno.

Hoy basta con denunciar a la Intendencia para que políticamente, sin ninguna investigación, entregue dineros. Hoy hay una bolsa con dinero, para entregar a quien lo solicite, y eso es una estrategia contraria a la paz en La Araucanía Acá hay conveniencia.

¿Económica? ¿Convendría quemar camiones para cobrar los dineros dispuestos? 

Hemos sostenido que ese dinero que asigna el Estado, lo pone a disposición de la Intendencia para que solo con criterios políticos pague sin investigar. Eso es perverso. El gobierno tiene una estrategia de criminalizar y ensuciar una legítima causa que asiste el pueblo mapuche.

En su opinión ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿El subsecretario del Interior, el Ministro, la presidenta de la República?

Como se entiende la jerarquía de un Estado, es la propia presidenta. Ella ha entendido que para mantener su imagen necesita mostrarse más firme para reponer electoralmente sus espacios perdidos. Poner la mano dura es un buen mensaje de estabilidad para el empresariado, aun cuando haya participación indirecta del ministro del Interior, Mario Fernández y del subsecretario Mahmud Aleuy.

Crédito: P. López y P. Campos  – Diario UChile