En el marco de la investigación de la arista principal del caso Caval, el Ministerio Público rechazó la solicitud de la defensa. El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, argumentó que Sebastián Dávalos tenía conocimiento de los negocios de la empresa porque se desempeñaba como gerente de proyectos.

Pasadas las nueve de la mañana comenzó, en el Juzgado de Garantía de Rancagua, la audiencia en la que se discutió el sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos Bachelet por los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y revelación de secreto. Esto, en el marco de la arista principal del caso Caval, que investiga la compra y venta de terrenos de Machalí en enero de 2015.



La empresa que pertenece a Natalia Compagnon, esposa de Dávalos, y  Mauricio Valero, compró en 6500 millones de pesos los terrenos a través del síndico de quiebras Hernán Chadwick, para posteriormente venderlos en 9500 millones de pesos.

Antonio Garafulic, abogado de la defensa, señaló en la audiencia que no existen antecedentes que acrediten delito alguno, dado que lo único que se arguye, a juicio del jurista, es que Dávalos acompañaba a las reuniones a su cónyuge, sin participar necesariamente de estas.

“No existe ningún testigo ni documento que establezca la participación del señor Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, en reunión alguna en la Municipalidad de Machalí para los efectos de la obtención de la modificación del plan regulador. Del mismo modo, tampoco existe ningún antecedente ni declaración de algún funcionario respecto de la participación para los efectos de la obtención del crédito”, sostuvo.

Desde el Ministerio Público rechazaron la solicitud de la defensa y argumentaron que, para sobreseer definitivamente a Sebastián Dávalos, debe existir la certeza de que no hay delito, lo que hasta el momento no es posible asegurar.

En esa línea, señalaron que aun cuando se argumenta que el imputado no tenía conocimiento de los negocios de Caval, existen declaraciones de los primeros interesados en los terrenos que reconocen a Dávalos como parte de las reuniones.

El fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, quien lidera la investigación del caso, detalló que el hijo de la presidenta Michelle Bachelet era el gerente de proyectos de Caval, es decir, estaba a cargo de organizar, coordinar y controlar las distintas iniciativas de la empresa.

Además, asegura que recibió dinero de la firma,  lo que se comprueba en las boletas emitidas entre marzo y julio de 2012, mientras era funcionario público. A esto se suma  su remuneración a partir de julio de 2012.

El fiscal mencionó que mientras Dávalos se desempeñó en el cargo, se desarrollaron proyectos que hoy también están siendo investigados, como es el caso de la arista Saydex. “Él necesariamente conoce los negocios de Caval, donde todos contienen imputaciones penales, ya sea en el grado de acusación (Caval y Saydex) o en el grado de formalización, en el caso de la estafa”.

“No se pueden escindir artificialmente un conjunto de hechos que son por los cuales está siendo investigado el señor Dávalos. En un principio pueden parecer actos neutros y susceptibles de sobreseimiento, pero concatenados con el conjunto de la investigación, son hechos que adquieren relevancia penal”, afirmó.

En tanto, desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumaron a los argumentos que entregó la Fiscalía y expresaron que es un error que la defensa solicite el sobreseimiento de delitos.

Al terminar la instancia que se desarrolló esta mañana Sebastián Dávalos puso en duda el trabajo de la Fiscalía y declaró a los medios: “Lo único que voy a decir es que me llama la atención que después de tres años no hayan podido probado nada”.

La audiencia fue suspendida y se retomará el lunes a las 9 de la mañana, donde el Tribunal dará a conocer su resolución sobre el sobreseimiento.



Créditos: Karina Palma  – Diario UChile