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Así lo confirman las cifras del Observatorio Anticorrupción de las fundaciones Espacio Público y Ciudadano Inteligente, las cuales si bien muestran algunos avances en la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno, aún se está al debe en la institucionalidad y normativas que apuntan a evitar los actos de corrupción en la administración pública.

De acuerdo a cifras entregadas por el Observatorio Anticorrupción de Espacio Público y Ciudadano Inteligente, el cumplimiento de la Agenda de Probidad y Transparencia alcanza el 61 por ciento, esto a dos años que el Gobierno recibiera las propuestas de la Comisión Engel y que dieron origen a esta serie de normativas que buscarían regular de mejor manera la relación entre la política y el dinero.

El sondeo subdivide en cinco categorías la Agenda: Financiamiento de la Política con un 83 por ciento de avance; Regulación de Conflictos de Interés con un 63 por ciento; Confianza en los Mercados con un 61 por ciento; Integridad, Ética y Derechos Ciudadanos con un 47 por ciento y, el que menos avance registra es Prevención de la Corrupción con un 45 por ciento.

La directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, señaló en primer término que la Agenda en su totalidad registró un avance de un 48 a un 61 por ciento entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016, es decir 13 puntos porcentuales, “lo que no es menor”, señala y enfatiza en que 2016 fue un año “fuerte en cuanto a la Agenda de Probidad”: “Nosotros partimos el 2016, en enero, con dos leyes aprobadas y un año después a principios de enero, tenemos diez leyes aprobadas en la Agenda”.

Si bien, el área sobre Financiamiento es el que concentró los mayores avances, dada la prioridad que el Ejecutivo le puso por los escándalos generados en los últimos años, María Jaraquemada expresó su preocupación sobre el escaso avance en el ítem Prevención de la Corrupción, especialmente en lo relativo a la probidad de los municipios, primera línea de contacto entre la ciudadanía y el Estado.

“Un tema que nos preocupa y que urgente para nosotros es el tema de la probidad en los municipios, la verdad es que el avance es bastante bajo, es poco, no está dentro de las prioridades de la Agenda, y nosotros efectivamente creemos que ahí hay un foco de discrecionalidad y que en el fondo puede favorecer la corrupción que es bastante preocupante y del que hay que hacerse cargo”.

No obstante en lo global, la Regulación de Conflictos de Interés presenta un significativo avance, es el acápite sobre la Puerta Giratoria entre el sector público y privado el que alcanza un tibio 35 por ciento de avance, lo mismo que el Lobby y Gestión de Intereses que muestra un 45 por ciento, todas ellas áreas sensibles y que han sido caldo de cultivo para los conflictos de intereses que han expresado algunas personalidades públicas.

De todas maneras, María Jaraquemada manifestó su optimismo en que estas cifras comiencen a mejorar, considerando que desde este jueves, el Parlamento comenzará a debatir el proyecto de ley que regula la puerta giratoria entre el mundo público y el privado, y que establecerá inhabilidades y restricciones al dejar la función pública.

Por su parte, el coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, Octavio Del Fávero, llamó al Gobierno a “apretar el acelerador” para sacar adelante lo más pronto posible esta Agenda, y al mismo tiempo que las candidaturas presidenciales la hagan parte de sus propuestas programáticas.

En ese sentido, Del Fávero destacó la necesidad de que se integre a la educación de la población los problemas sociales que puede generar la corrupción, por lo que el objetivo a largo plazo de este conjunto de normas apunta, justamente, a que tanto las personas como las instituciones internalicen la necesidad de combatir este flagelo.

“El informe trata de enfrentar el tema en distintos niveles en el sentido de generar una conciencia generalizada en la población acerca del problema de la corrupción, esa es la mirada de largo plazo. Pero es muy importante que en todos los niveles institucionales, públicos, privados se vaya generando esta cultura que condena los actos de corrupción o el aprovechamiento individual a propósito de asuntos públicos o asuntos de interés general”.

Finalmente, María Jaraquemada se refirió a las propuestas de modificaciones que han manifestado los partidos políticos a la Agenda de Probidad, como por ejemplo el sistema de financiamiento de las campañas, como por ejemplo la entrega de aportes de personas naturales a través del BancoEstado, institución que demoraría en entregar los recursos por tener un sistema engorroso.

En este sentido, la integrante de Espacio Público señaló que existen reparos y modificaciones que son perfectamente atendibles, pero en el caso de otro cuestionamiento de parte de las colectividades, como es limitar la entrega de declaración de patrimonio sólo a las autoridades electas y no a todos los candidatos, María Jaraquemada señaló que eso sería un retroceso, ya que “no es menor saber del potencial conflicto de interés que podría tener una futura autoridad”.

Crédito: Gonzalo Castillo – Diario UChile