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Alejandro Guillier y Carolina Goic recibieron la negativa del BancoEstado ante la solicitud de créditos para financiar sus campañas. Esto abre el debate en torno a cómo deberían tratarse los préstamos a este tipo de candidaturas y cuál es el monto máximo que debería establecer la ley para aportes personales.

“No tengo un peso para hacer campaña”. Las palabras son de Alejandro Guillier, el candidato presidencial de la continuidad oficialista. La declaración es de principios de agosto, antes de que el periodista se enterara del rechazo del BancoEstado al crédito solicitado por el actual senador.

Habría sido eso mismo –su condición de parlamentario-, la principal razón para que Carolina Goic y Guillier recibieran la negativa de la entidad bancaria. Todo esto mientras Sebastián Piñera, la carta opositora, recibía un crédito por parte de la misma empresa por un monto de cerca de mil millones de pesos.

Ante dicho escenario, una declaración del gerente de la empresa de servicios financieros Tanner revolvió las aguas durante la jornada de ayer: “En Tanner podemos financiar. Quedo atento”, se leía en la cuenta de Antonio Turner, gerente general de la compañía de múltiples servicios en el rubro de los préstamos financieros, y que recientemente recibió una demanda colectiva desde Sernac por incurrir en alzamientos de prendas crediticias por fuera de la normativa nacional.

Cambios a la ley: ¿empresas como financistas de campañas electorales?

En medio de los problemas de transparencia y probidad en los que se han visto envueltos diversos representantes políticos del país, el gobierno de Michelle Bachelet impulsó una ley de fortalecimiento a la democracia. La normativa, promulgada en abril de 2016, entregó nuevas funciones y atribuciones al Servicio Electoral para reforzar la autonomía constitucional reconocida en octubre de 2015.

Divida en dos principales contenidos, por un lado, abordaba la regulación de las campañas políticas, estableciendo nuevas fechas y condiciones para hacer difusión pública de los aspirantes a cargos de elección popular. Por ejemplo, modificó el concepto de propaganda electoral de manera de entenderla como todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos, que promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales; también entregó atribuciones a Servel para requerir a que los alcaldes retiraran cualquier publicidad electoral fuera de norma.



Además, estableció la prohibición de cualquier tipo de donación a campañas por parte de personas jurídicas, pero abrió el campo para que empresas hicieran préstamos para las candidaturas. Si bien no son todas las compañías, permite que cualquiera con giro prestamista (como una financiera) pueda aportar al candidato de su preferencia, sin tener que entregar públicamente sus condiciones de retorno.

Entre los vicios que tendría la normativa y que hacen que la cancha de la carrera presidencial siga siendo dispareja, se encuentran los límites de dineros. Según mencionan algunos expertos, el techo establecido para el monto de aportes personales alcanza el 20% del total de la campaña, cerca de mil millones de pesos. Los préstamos solicitados por los candidatos entran dentro de esta categoría y hay quienes consideran que es un monto demasiado alto. Eso es lo que afirma Octavio de Fávero, Coordinador Legislativo de Ciudadano Inteligente. Para el abogado, es imprescindible acotar el espacio que la ley le da a los créditos privados: “Hoy, con la negativa de ciertos bancos a dar préstamos, quedó en evidencia su importancia y su poder. Este caso nos invita a reflexionar sobre cómo queremos que se dé esa relación, en el sentido de que podría haber un financiamiento público base para todo tipo de campañas y así evitamos cualquier tipo de vínculo con instituciones financieras. Yo creo que sin duda podríamos avanzar bajo estas condiciones de transparencia, pero de todas maneras acotando el margen de dinero que tiene su origen potencial en un crédito, que es justamente el margen que tienen los aportes propios”.

En tanto, para Manuel Arís, director de incidencia de Espacio Público si bien con la nueva legislación se avanzó con la eliminación de la donación de empresas a las campañas, debiéramos tender cada vez más  a que se garanticen condiciones de equidad para que no sea el dinero propio o el contacto que se tiene con grupos económicos un factor determinante en el financiamiento de campañas políticas.

¿Influencia empresarial?

Marcela Hernando, diputada radical y vocera de la candidatura de Alejandro Guillier, señala que todo indica que el periodista ya habría encontrado el financiamiento que buscaba. “Entiendo que el ya encontró la estrategia de financiamiento, pero el detalle de a qué sistema va a recurrir no nos ha sido comunicado y no creo que haga falta que nos lo comunique, a menos que lo transparente para todo el mundo”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que empresas privadas funcionen como prestamistas de las campañas políticas, la vocera subraya la diferencia entre una empresa cualquiera y una empresa de servicios financieros: “estamos hablando de una empresa de créditos, no de una empresa que vaya a prestar financiamientos de otra manera. Estamos hablando de un préstamo. Las empresas no tienen descrito como giro de su negocio el otorgar préstamos, entonces no podrían otorgarlos”.

Hernando explicó que cada candidatura recibe una cantidad de dinero por voto. Lo que hacen las candidaturas es pagar los créditos con esa devolución. Al final, (los préstamos) terminan siendo un vehículo para poder utilizar de forma pertinente los recursos públicos otorgados para dicha función. De esta forma se acotarían los riesgos de pérdida de independencia con la institución financiera porque, a la larga, es el fisco el que desembolsa para pagar.

Crédito: Martín Espinoza – Diario UChile