Hace seis años, la multitienda La Polar incurrió en una serie de prácticas relacionadas con repactaciones unilaterales de las deudas de los clientes. Hoy, la compañía vuelve a ser foco de una eventual situación irregular, ahora no por repactación de deuda vencida, sino de pasivos vigentes, esto es, realizar refinanciamiento de deuda sin informar a los usuarios. Se trata de una práctica derivada del traspaso de los clientes desde la tarjeta tradicional de la firma a la Tarjeta La Polar Visa.



Ante este nuevo hecho, que ahora será indagado por la justicia, el parlamentario e integrante de la comisión investigadora que analizó el primer caso de irregularidades, Guillermo Ceroni indicó que existe una responsabilidad por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la de Valores y Seguros, ambas encargadas de fiscalizar al sector.

“Uno desea que estos organismos actúen con mayor eficiencia y si esto no ocurre es que las superintendencias fallan en su rol fiscalizador, lo que me parece inaceptable, esto se tiene que corregir, ya que lo primero es defender a los consumidores de las cadenas de tiendas que actúan como instituciones crediticias, del abuso que llega a la explotación sin que nadie pueda impedir que estas cosas vuelvan a suceder”, afirmó.

Para el director de la Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Anadeus), Armando Bustos, la falta de facultades que tiene el Sernac, hacen que los abusos sean recurrentes por parte del empresariado.

Bustos, indicó que el actuar del sector se ve cada día más desacreditado, además precisó, ante una nueva Ley del Consumidor, se reúnen para ejercer presión con el fin de quitarle las facultades al Sernac, teniendo en cuenta un eventual fallo del Tribunal Constitucional.

“Con este pronunciamiento de la aprobada legislación, la normativa en este país no va en la dirección de fortalecimiento, todo lo contrario, entonces se están repitiendo conductas usureras contra los usuarios y el organismo que realmente debiera fiscalizar y sancionar no lo hace. Al final los empresarios son los que ganan, ellos no respetan nada, especialmente los grandes que presionan para que las normativas no beneficien a los consumidores”, subrayó.

Para el director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, Nicolás Rojas, la precariedad en las multas, además de las costosas acciones judiciales que intenta emprender el consumidor, además de los extensos procesos en tribunales, hace posible que se vuelvan a repetir este tipo de hechos.

“El negocio en mío, yo hago lo que quiero, yo decido que es lo correcto y lo incorrecto, yo lo manejo a mi antojo, si hay alguien que puede decir lo contrario es un tribunal. Pero sabemos que llegar a esa instancia es relativamente costosa, no van a haber tantos fallos, la jurisprudencia chilena es cambiante, por tanto, hoy pueden decir que esto está mal, no necesariamente será así en un próximo litigio similar, por tanto puedo seguir haciéndolo, además en general las multas son irrisorias y esta ley hacía esfuerzos por subir las multas a un nivel relevante”, argumentó.

Comparado con Australia, la Ley del Consumidor (LCA) en dicho país, ofrece los mismos derechos a consumidores australianos y neozelandeses. Además instaura  un régimen único de aplicación nacional con facultades de ejecución para Agencias de Protección al Consumidor, duras multas económicas y sanciones para las empresas  y opciones de reparación para los consumidores.

Las agencias de protección al consumidor y la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, son los organismos encargados de promover el comercio justo en beneficio de los consumidores, las empresas y la comunidad.



Según expertos, se estima que desde que comenzó a implementarse la normativa australiana, los beneficios para la comunidad han alcanzado cerca de los 1, 5 billones de dólares.

Crédito: Rodrigo Fuentes – Diario UChile