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La Fiscalía solicitó reformalizar al senador DC Jorge Pizarro, y ampliar los cargos en contra del ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, por presuntos delitos tributarios. Luego de más de dos años de investigación, el caso SQM ha estado marcado por nombres relacionados con el mundo político. Indagatorias que involucran a legisladores, hijos de parlamentarios y a círculos cercanos, incluso de actuales candidatos presidenciales.

El fiscal regional de Valparaíso a cargo del Caso SQM, Pablo Gómez, solicitó que se reformalizara al senador  de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. El parlamentario estaría involucrado en el caso por supuestas boletas emitidas a través de 12 transferencias electrónicas que sus hijos y socios de la empresa Ventus Consulting depositaron en su cuenta corriente, en fechas coincidentes con los pagos realizados por SQM.

El monto total de las boletas emitidas alcanzaría  los 65 millones de pesos y se habrían incorporado a la contabilidad de la minera no metálica entre 2011 y 2012, por supuestas asesorías verbales. Por estos hechos fue formalizado en agosto pasado uno de los hijos del parlamentario, Sebastián Pizarro Cristi, fecha en que por primera vez formalizaron a Pizarro

En esa oportunidad, el parlamentario por la región de Coquimbo y ex presidente de la Democracia Cristiana aseguró que “no había recibido platas de SQM”, pese a que la investigación del Ministerio Público señala que las boletas fueron extendidas por los asesores del senador y luego rectificadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por tratarse de servicios sin respaldo.

Con esta acción se entiende que la imputación inicial del Ministerio Público por supuestos delitos tributarios habría variado y que se sumarían nuevos hechos constitutivos de delito, recopilados desde la primera audiencia de formalización, desarrollada el 18 de agosto pasado.

En ese entendido, la parte querellante, representada por abogados de la Fundación Ciudadano Inteligente, han recalcado la necesidad de investigar no solo delitos tributarios en los que estaría involucrado Pizarro, sino que también delitos funcionarios y de cohecho.

Una indagatoria  que se inició en 2015 e involucra a SQM luego de los antecedentes recabados por el fiscal Carlos Gajardo en medio del Caso Penta que se relacionan con Pablo Wagner, ex Subsecretario de Minería. En este proceso sobre supuestos financiamientos irregulares, personeros relacionados con el mundo político han sido parte de las carpetas investigativas y formalizaciones.

Esta semana y dando una mirada a los últimos antecedentes, en conversación con  Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado querellante en los casos Penta y SQM, Mauricio Daza, enfatizó que “no hay ley que resista si es que no existen instituciones que estén decididas a aplicar la normativa vigente”.

“Nos encontramos derechamente ante figuras criminales. El SII nunca ha dudado llevar a juicio a medianos y pequeños contribuyentes pero parece que en este caso el tema político ha inhibido que el director cumpla con su labor”, indicó.

Caso Piñera y SQM

Este lunes se conoció información que vincula pagos de SQM con la campaña presidencial de Sebastián Piñera, en 2009, a través de la Productora Pandemia. Serían 103 millones de pesos los que la compañía habría rectificado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por servicios que presuntamente no fueron prestados, situación que indaga la Fiscalía.

Con esto, por primera vez se relaciona directamente al ex mandatario con pagos ilegales efectuados por la minera del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. Daza, abogado de Ciudadano Inteligente,  advirtió que en la indagatoria que lleva adelante el fiscal Pablo Gómez “no se observa que exista una investigación muy profunda y decidida (…) esta es la única arista en la cual la empresa (SQM) no está formalizada”.



Sobre estos hechos, Piñera se defendía señalando que “se comete un grave error al confundir rendición de gastos con lo que pueden ser rectificaciones que han hecho algunas empresas respecto de algunos gastos”. Esto, mientras otra candidata presidencial, Carolina Goic, apuntaba a su competidor diciendo que “los temas éticos no prescriben” soslayando la situación interna de aquéllos relacionados con la falange que forman parte de las carpetas investigativas.

A medida que se acercan las elecciones, otros acusan la labor de la Fiscalía y los intereses políticos que supuestamente podrían estar involucrados.

Para algunos parlamentarios oficialistas las causas de este tipo han pasado a un “segundo plano”. Así lo sostuvo, el diputado de la falange, Pablo Lorenzini, quien dijo que por ahora la atención se ha desplazado en concluir los proyectos de ley en trámite.

Para el también diputado de esa colectividad, Sergio Ojeda, actualmente están enfocados en la campaña de Carolina Goic.

Esta mirada desde el oficialismo, se enfrenta con un año marcado por la desconfianza en las instituciones y en el bajo apoyo a las coaliciones políticas según advierten diversas encuestas. Y luego de un 2016 donde el gobierno se vio forzado a presentar una propuesta relacionada con Transparencia y Probidad en la política que se reflejó en la presentación de numerosos proyectos de Ley.

Sumado a la última solicitud que se relaciona con Jorge Pizarro, el fiscal Gómez también pidió ampliar los cargos en contra del ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, quien está siendo investigado por haber cometido fraude tributario en línea con SQM.

Según informó el Mercurio, ambas peticiones fueron ingresadas al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, y tendrían relación con los hechos descritos en las últimas querellas del Servicio de Impuestos Internos presentadas durante el primer semestre de la causa. La audiencia de reformalización se fijó para el próximo 24 de octubre.

Crédito: Natalia Figueroa – Diario UChile