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Desarrollo de un programa educativo sobre alimentación saludable, mayor fiscalización y regulación sobre los componentes que son utilizados para reemplazar el azúcar y el sodio en los alimentos, son algunos de los desafíos que advierten los expertos en esta materia.

Este 27 de junio se cumplió un año de la implementación de la Ley N°20.606, también conocida como ley de etiquetado de alimentos, que regula la composición nutricional de estos productos y su publicidad.

Sobre dicha política la presidenta Michelle Bachelet destacó los avances desde su entrada en vigencia, asegurando a través de twitter que 30 países han solicitado asesoramiento técnico para reproducir la iniciativa.

Además, adelantó que en esta etapa se trabaja con el diseño e implementación de estándares para su ejecución en las pequeñas y medianas empresas, las cuales deberán cumplir con la normativa a partir del 2019.

Esta legislación obligó a la industria alimentaria a aplicar sellos negros en el etiquetado de sus productos, para advertir el alto contenido de calorías, azúcares, grasas y sodio. Del mismo modo, impide que las empresas incentiven el consumo de estos artículos a través de regalos o el uso de caricaturas y personajes atractivos para los niños.

En ese sentido, uno de sus principales objetivos era la protección de los hábitos nutricionales de la población, principalmente de los niños.

Respecto de esto último, Fernando Vio, académico de la Universidad de Chile y ex director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), criticó la falta de una política de educación en materia de alimentación saludable en las escuelas.

“La gente hoy está tratando de escoger alimentos más saludables, esa es la parte positiva de todo esto. Lo que ha faltado en esta Ley es un mayor énfasis en la prohibición de los alimentos no saludables en las escuelas, pero principalmente en educación sobre esta materia, lo cual está claramente especificado en el artículo cuarto de la normativa. El solo etiquetar, sin educación, no sirve”, enfatizó.

Al igual que el académico, el INTA valoró el efecto que ha tenido esta política en los consumidores al momento de escoger un alimento. De acuerdo a los resultados preliminares de la evaluación integral realizada por el organismo, el 35 por ciento de las madres de preescolares declaró que se fijan en los logos cuando compran un producto, cifra que aumentó en relación al 28 por ciento del 2016.

No obstante, Vio, manifestó que el problema principal radica en los hábitos de la población, agregando que durante los últimos meses ha aumentado la venta de comida rápida no etiquetada. De este modo, señaló que esta iniciativa carece de una política intersectorial. “Esta Ley no tienen una política pública global, a largo plazo y con recursos suficientes para enfrentar el tema de la obesidad”.

Los desafíos  

En relación a la “insectorialidad” a la que refiere Fernando Vio, el académico mencionó que se requiere la participación activa del Ministerio de Educación, de Desarrollo Social y de Economía, ya que, desde su perspectiva, la obesidad no es solo un problema de salud.

Un segundo punto que critica es la falta de fiscalización sobre la venta de productos al interior de los colegios y la falta de regulación respecto de los componentes de los alimentos, es decir, de todos los productos químicos que actualmente está utilizando la industria para reemplazar el exceso de grasas, azúcar y sal.

“Uno de los peligros que nosotros advertimos fue esta sustitución por productos químicos tipo edulcorantes u otros, que aunque tienen menos calorías, menos azúcares y menos sal, son productos procesados que eventualmente pueden generar problemas en la salud”, sostuvo.

Por su parte, Ricardo Uauy, Premio Nacional de Ciencias aplicadas, académico de la Universidad de Chile y uno de los especialistas que apoyó el desarrollo de la legislación, explicó que en este momento los aditivos más económicos que utilizan las empresas son el azúcar y el sodio, los cuales contribuyen al desarrollo de la obesidad, la cual corresponde a una de las principales causas de muertes en el mundo. “Nuestro objetivo no es que el mundo no sea dulce, sino que no sea tan gordo y no tenga la presión tan alta”.

“Las empresas deben tener claro que el negocio no puede a expensas de la salud de las personas. Esto es una invitación a reformular la composición de los productos para que tengan menos sodio y menos azúcar. Además, está hecho de forma gradual, para llegar al límite de lo saludable nos vamos a demorar cuatro años”, afirmó.

El académico hizo un llamado a los consumidores para que no solo tomen en cuenta el sabor de los alimentos, sino el impacto que estos pueden tener en la salud, tanto de ellos como de sus hijos.

Por otro lado, de las tres mil inspecciones que se hicieron a nivel nacional durante el primer año de implementación de esta ley, el 71 por ciento cumplió con la normativa. De las situaciones con irregularidad, las cuales corresponden a 845 casos, solo 36 (5 por ciento) tuvo alguna sanción.

Las principales causas de estos incumplimientos fueron la venta de alimentos con exceso de elementos críticos en colegios, publicidad dirigida a niños y problemas en el rotulado.

Crédito: Karina Palma  – Diario UChile