Cualquiera que haya intentado emprender un negocio particular legalmente establecido conoce de las múltiples exigencias jurídicas y normativas -por no referirnos a las propiamente económicas- que tiene un esfuerzo de esta naturaleza en los diversos planos de fiscalización que imponen, por ley, las autoridades locales, regionales y nacionales.

Los distintos Gobierno durante las últimas décadas han ofrecido la presentación y aprobación de variadas normas y legislaciones que tiendan a facilitar la iniciación de actividades productivas o de servicios a pequeños o micro empresarios, pero todas y cada una han terminado siendo palabras vacías para miles de personas que, por vocación o necesidad, se enfrentan a la decisión de instalar su propio emprendimiento.

De más parece reiterar que en Chile -y en otras naciones en desarrollo- la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el PIB nacional no es relevante y su proporción respecto de las grandes compañías en esta materia, oscila entre el 20 por ciento y 25 por ciento del Producto, contra el 75 por ciento u 80 por ciento que aportan las mega empresas. Números similares se observan en el área de exportaciones, no obstante que, en lo referido a empleo, las micro y Pymes son centrales, pues aportan con más del 70 por ciento de la ocupación, razón por la que, más allá de su importancia macroeconómica, ostentan un papel clave en la “cuestión social”.

Aunque la descripción formal de micro y Pyme a través de su capital, número de empleados y/o ventas pudiera producir confusión en algunos ámbitos de la nueva economía -muchas empresas “tech” tienen una cantidad de empleados que las definirían como Pymes, aunque desde la perspectiva de sus ventas o capital sobrepasan dicha clasificación- por definición, esta área de la actividad suele tener niveles de productividad medios o bajos, en razón, precisamente, de su tamaño. De allí la relevancia de acciones de Gobierno que posibiliten desatar los múltiples nudos normativos que agregan ineficiencia a su gestión.

Recientemente, sin mucha exposición en los medios, los ministros de Economía, Jorge Rodríguez y de Vivienda, Paulina Saball, presentaron el Proyecto Misceláneo de Modernización del Estado y Productividad que ingresará al Congreso próximamente para su discusión.

La iniciativa se basa en tres ejes que consideran la modernización del Estado y simplificación de trámites; mejoras regulatorias para fomentar la inversión y exportaciones; y fortalecimiento del mercado financiero. Aunque los secretarios de Estado reconocieron que el proyecto no logrará ser aprobado en esta administración, han destacado su trascendencia y utilidad, así como su esperanza de que aquel sea efectivamente discutido durante el próximo Gobierno. Tratándose de una nueva administración caracterizada por su atención en la cuestión económica, resulta interesante ver cuáles de aquellas propuestas tienen posibilidades de ser aprobadas en los próximos meses.

Por de pronto, en lo propiamente burocrático y de simplificación de trámites, temas que están en las manos del Gobierno, masificar la firma electrónica avanzada, tecnificar los servicios del Estado vinculados a temas de emprendimiento, agilizar los procesos de registro de empresas, los plazos de entrega de la patente provisoria comercial, modernizar la gestión de las Direcciones de Obras Municipales y fortalecer el sistema de compras públicas, parecen aspectos que el nuevo Gobierno podría -y debería- promover, pues, no obstante las declaraciones de las distintas administraciones sobre estos temas, los emprendedores saben que requieren de al menos cuatro a seis meses para echar andar sus negocios en regla, un plazo irritante cuando se considera que son firmas sin mucho capital, ni caja, cuyos dueños deben soportar una carga de egresos, sin ingreso alguno, durante un largo tiempo.

En el área regulatoria, hay propuestas de adecuaciones a procedimientos tributarios tales como cambios a las normas relacionadas con la exención del IVA por importación de bienes de capital y la devolución del IVA exportador; o el fortalecimiento de Sistema Integrado de Comercio Exterior, que facilitan la interconexión con Sistemas de Comunidad de Puerto. Probablemente, ambas deberían verse en el marco de las modificaciones que el Gobierno electo lanzará en esta área, reintegrando el sistema tributario.

Finalmente, entre las proposiciones en el ámbito financiero destacan el establecimiento de estándares globales y de consistencia financiera en consonancia con la legislación relativa a las normas de Basilea, ampliando instrumentos que podrán ser objeto de transacción en las bolsas de productos agropecuarios, estableciendo Registros de Productos y de Entidades Certificadoras que sean llevados por la misma Bolsa, y mejorando el sistema de gestión de riesgo de entidades de depósito y custodia de valores, permitiendo la participación de Corfo, junto a otros aportantes de capital, en fondos de inversión, de manera de atraer y facilitar la participación de inversionistas institucionales en fondos de capital de riesgo de etapas tempranas, y mejorando los procesos de liquidación de fondos de capital de riesgo en los cuales la Corfo otorgue financiamiento. Todas las propuestas buscan modernizar la relación entre financiamiento, riesgo y actividad agrícola, una limitante que ha conspirado contra la meta de transformar a Chile en una potencia exportadora de alimentos.

En definitiva, siendo estas iniciativas pro inversión y productividad un aporte que debería interesar a las nuevas autoridades, se echan de menos medidas de administración que, desde el interior del aparato del Estado, contemplen el cumplimiento de aquellas normas, protocolos y tareas destinadas a una gestión más proactiva de los funcionarios -desde las municipalidades hasta ministerios y servicios públicos- que intervienen en materia de emprendimientos, de modo de ir instalando y consolidando una cultura de apoyo -y no de coacción normativa- hacia las miles de personas que arriesgan sus pequeños capitales en propias actividades económicas, una tarea cuyos beneficios sociales son evidentes en la medida que cada emprendedor genera un par de empleos adicionales, no constituye carga para el Estado, ni para el resto de la ciudadanía que paga impuestos, y ayuda al crecimiento y desarrollo del país. Mayor razón aún, cuando se trata de iniciativas innovadoras, que atañen a áreas de punta como noveles firmas chilenas de producción de softwares, audiovisuales, Internet, robótica, servicios médicos y de laboratorio, neurociencia, nuevos materiales o hasta nanotecnología.

Crédito: Roberto Meza A. – Diario UChile