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El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, en representación de la colectividad, expresó que los delitos cometidos en dictadura  están totalmente comprobados y que han marcado la historia, por lo que no tendrán matices en esta materia.

Luego de las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime campos, el tema del otorgamiento de beneficios carcelarios a violadores a los Derechos Humanos ha sido nuevamente puesto sobre la mesa. Tanto es así, que este jueves los presidentes de los partidos del oficialismo se reunirán con el comité político en la Moneda, para abordar esta materia.

Paralelamente, en el ámbito judicial, el Servicio Médico Legal emitirá próximamente un informe que podría ser determinante en la eventual liberación de dos reclusos de Punta Peuco, si se comprueba que ambos padecen demencia, con lo que quedarían eximidos de su responsabilidad penal.

Una posibilidad que es fuertemente resistida por las agrupaciones de familiares de las víctimas y abogados de derechos humanos, quienes recuerdan que en otras ocasiones, algunos de estos reos han burlado la acción de la justicia.

Tal es el caso, según recuerda el abogado Cristián Cruz, de Manuel Contreras Donaire, quien fue condenado el año 2004 y posteriormente indultado el 2005 a raíz de una supuesta enfermedad terminal. Luego de ese beneficio carcelario trascurrieron 11 años hasta su muerte.

En ese sentido, el jurista manifestó su desconfianza en torno a estas supuestas afecciones que sufrirían estos reos, apuntando a la existencia de una campaña para otorgar impunidad a criminales de la dictadura.

“Es una campaña insistente para beneficiar a los criminales donde participan diversas personas como el sacerdote Montes, abogados, parlamentarios de derecha, algunos personeros de la Concertación como el ministro de Justicia, que quieren encubrir bajo el manto de humanidad su compromiso con los criminales, su compromiso con la impunidad”.

Desde los partidos de la Nueva Mayoría, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete reiteró la postura de la colectividad en torno a no otorgar ningún tipo de beneficio a violadores de derechos humanos, ni siquiera en caso de padecer alzhaimer o alguna enfermedad terminal, posición que aseguró, ya se la ha hecho saber al ministro del Interior, Mario Fernández, pero que este jueves entregará de manera formal al comité político.

“Nosotros lo hemos dicho claramente, nosotros entendemos que en este tipo de delitos que están suficientemente comprobados, no hay espacio beneficios carcelarios (…) estos son crímenes de lesa humanidad que generan historia, esto ya lo discutimos en el partido y no vamos a tener ningún matiz sobre ese tema”.

Para el Partido Radical, en tanto, deben existir algunos requisitos que se deben cumplir para otorgar algún tipo de beneficio. Así lo aseguró Ernesto Velasco quien además recalcó que a su juicio, debe existir una separación entre condenados comunes y los reos por crímenes de la dictadura.

“En Chile no hay espacio para amnistías ni perdonazo, las resoluciones de los tribunales de justicia se tienen que cumplir y cualquier persona que aspire a apelar a la condición de libertades condicionales tiene que tener al menos dos condiciones: arrepentimiento, colaboración con la justicia y reparación”.

Según datos entregados por el diputado Hugo Gutiérrez, sólo uno de los presos del penal Punta Peuco padecería una enfermedad terminal. Se trata de René Cardemil, quien fue condenado a 10 años por el asesinato de seis personas y que sufriría un cáncer terminal.

Mientras, que según las cifras entregadas por Gendarmería en octubre de este año, serían sólo nueve reos con enfermedades terminales que cumplen condenas por otros delitos en diferentes cárceles del país.

Crédito: Montserrat Rollano – Diario UChile