Las acciones se presentarían después de que la Corte Suprema decida ratificar o no el fallo del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, que decidió multar a Cruz Verde y Salcobrand por 19 millones de dólares por colusión en los precios de medicamentos. Las querellas civiles serían la única forma de obtener compensaciones económicas, siempre y cuando se presenten pruebas que correspondan al periodo en que se cometió el ilícito.
Una serie de acciones legales se están definiendo tanto desde el Gobierno como desde las organizaciones de consumidores para lograr obtener compensaciones para las personas que resultaron perjudicadas por la colusión de las farmacias.
El principal mecanismo que se utilizaría serían las demandas civiles colectivas, que se presentarían luego que la Corte Suprema defina si ratifica o no el fallo del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, que condenó a Salcobrand y a Cruz Verde a cancelar una multa de 19 millones de dólares cada una.

El ministro de Economía, Pablo Longueira, informó que desde el Ejecutivo las demandas se canalizarían a través del Sernac. Sin embargo, este organismo sólo actuaría como ente asesor, ya que no tiene las facultades para perseguir infracciones en contra de la libre competencia.
En esa línea, el presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Stefan Larenas, comentó que  ya se está trabajando con grupos concretos de afectados, que cuentan con las evidencias para probar que efectivamente hubo un perjuicio.
“Existen algunas colectividades que tienen convenios con las cadenas de farmacias como los sindicatos, asociaciones de dializados, de personas con diabetes, etc. Esos son clientes cautivos que perfectamente podrían ser parte de algún tipo de acción porque los instrumentos jurídicos existen”, sostuvo Larenas.
Por su parte, el abogado y director de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, indicó que desde su organización ya se han contactado con al menos 50 mil personas que podrían obtener indemnizaciones, aunque precisó que esta cifra es muy baja en relación al universo de afectados que no poseen las pruebas para iniciar un juicio civil.
El abogado explicó que las evidencias deben corresponder específicamente al periodo en que se cometió el ilícito, es decir, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
“Decenas de miles de consumidores van a recibir su indemnización y nosotros vamos a colaborar con los ciudadanos que quieran recibir compensaciones. Existen los medios de prueba. La fundación los consiguió en 2008 cuando se presentó el requerimiento. Hemos preparado demandas que vamos a interponer una vez que la Suprema ratifique, ojalá, lo dispuesto por el tribunal”, comentó el jurista.
Desde el Gobierno aseguraron que en el caso de que la Corte Suprema no proceda, se analizará al interior de una comisión asesora presidencial en la materia la forma para que se introduzcan cambios legales a la Ley del Consumidor para que se incluyan compensaciones a las víctimas de delitos a la libre competencia.