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Luego de ocho meses de investigación la autoridad formulará en los próximos días cargos en contra de las isapres Banmédica, Masvida y Cruz Blanca. Dado que la figura de integración vertical no está prohibida por la ley, el organismo impondrá sanciones por “administración compartida”.

A fines de diciembre del año pasado la Superintendencia de Salud inició una investigación en contra de las isapres Banmédica, Cruz Blanca y Másvida, luego que la Contraloría emitiera un dictamen en un que obligó al organismo fiscalizador a iniciar acciones en contra de estas aseguradoras de salud privadas.

Fuentes vinculadas a la investigación aseguraron a Radio y Diario Universidad de Chile que en las próximas semanas la Superintendencia formulará cargos a estas isapres. Esto significa que el organismo habría llegado a la convicción de que existen irregularidades en el manejo de ciertos holdings de salud a los que pertenecen estas aseguradoras.

La denuncia original buscaba obtener sanciones por la integración vertical. Sin embargo, la Superintendencia habría recurrido al concepto de “administración compartida”, es decir la participación de los dueños de una isapre en el directorio de una clínica. Un ejemplo de esto es el caso de Gonzalo Ibáñez Langlois, quien siendo accionista de Banmédica es también presidente del directorio de las clínicas Santa María y Dávila. Esto, porque la integración vertical no constituye, en términos estrictos, una ilegalidad.

Las indagatorias de la Superintendencia tienen su origen en un requerimiento realizado el 6 de noviembre de 2015 por los abogados Cristóbal Osorio Vargas, Gerardo Ramírez González y Daniel Contreras Soto, afiliados a las isapres Banmédica, Masvida y Cruz Blanca, respectivamente. Estos presentaron una denuncia ante la autoridad por supuestas prácticas ilegales y solicitando la investigación de eventuales hechos que dieran cuenta de la injerencia cruzada en la administración de prestadores de salud y de aseguradoras.

Este requerimiento contó ese mismo año con el patrocinio de Alejandro Guillier, senador y actual candidato presidencial de la Nueva Mayoría. Cabe recordar que el ex conductor de noticias había sido rostro de un spot publicitario sobre las isapres, unos años antes.

Cuando los abogados presentaron originalmente el recurso, la Superintendencia declaró que “el hecho de que una Isapre comparta directores, gerentes o ejecutivos clave con el holding o grupo empresarial dueño de la institución -figura no prohibida por la ley- no es una condición suficiente para establecer, de manera enfática y concluyente, que tenga participación o injerencia directa en la administración de un determinado prestador de salud perteneciente al mismo holding o grupo empresarial”.

Sin embargo, la Contraloría en el oficio N° 80.751 del 7 de noviembre de 2016, rechazó los argumentos de la Superintendencia. En un oficio dirigido a esa autoridad, el organismo contralor afirmó que “corresponde que la Superintendencia de Salud, en el ejercicio de sus atribuciones legales, realice aquellas diligencias que estime necesarias para constatar si las isapres denunciadas tienen injerencia en la administración de determinados prestadores de salud”.

Frente a esta resolución, la Superintendencia no tuvo más remedio que realizar las investigaciones solicitadas. Este proceso estaría llegando a su fin en los próximos días, con la formulación de cargos a las tres isapres involucradas.

Este medio intentó contactarse con la Superintendencia para indagar acerca de cuáles serían los cargos y posibles sanciones que aplicarían a las isapres. Pese a que la autoridad no quiso referirse en particular al tema, señaló que dará a conocer los resultados de la investigación a la opinión pública en los próximos días.

Crédito: G. Castillo y V. Viñals – Diario UChile