Con el nuevo proyecto se eliminará el copago, por lo que a través de otras beneficios estatales o becas o créditos internos las casas de estudios deberán ayudar a los estudiantes a cubrir las brechas de arancel, hecho que según varios rectores de Universidades Privadas los podría llevar a futuros problemas financieros. Sin embargo, diversas personalidades ligadas a la educación cuestionaron el reclamo de los planteles privados.
La iniciativa de reemplazo para el Crédito con Aval del Estado no convence a nadie.

Desde hace un tiempo los estudiantes se han manifestado en contra por la creación de un Dicom con los deudores, la posibilidad de que los empleadores podrán retener el sueldo de quienes no paguen a tiempo y, además, de que se eliminará la Comisión Ingresa a cargo del CAE para dejar los créditos a cargo de una Sociedad Anónima del Estado. A esto, ahora se suma que los rectores de Universidades Privadas reclaman que al establecer el fin del copago se verá limitados sus cobros.

Las máximas autoridades de la Universidad Andrés Bello, del Desarrollo, de Los Andes y de la Universidad Mayor se declararon preocupados a través del Diario La Tercera, donde manifestaron que el Sistema de Financiamiento Solidario que reemplaza al CAE y al Fondo Solidario vulnerará su autonomía en la fijación de precios, lo que podría provocar un desfinanciamiento.

El nuevo sistema busca eliminar el copago, estableciendo así que las brechas entre el arancel de referencia y el real sea cubierto por otros beneficios que otorgue el Estado, o por becas y créditos internos de cada plantel, situación que según los rectores podría provocar problemas económicos en las casas de estudios.

La diputada PPD Cristina Girardi, presidenta de la Comisión de Educación, se manifestó muy molesta con el reclamo y aseguró que este tipo de quejas son inadmisibles, ya que vienen desde planteles vinculados al lucro.

“Me parece de una desfachatez brutal. Estos tipos de no tienen ninguna vergüenza, y obviamente apuestan a la impunidad, como apuestan todos los poderosos en este país”, comentó.

Además, afirmó que desde la Comisión buscarán que para que la entrega del crédito tenga los mismos requisitos que la gratuidad y otras becas, para que así las instituciones no vean en estos préstamos un camino fácil para acceder a recursos del Estado.

En el caso de la Universidad Andrés Bello, Laureate, entidad controladora del plantel, reconoció en 2016 ser un grupo con fines de lucro, y en enero pasado la ex subsecretaria del Ministerio de Educación, Valentina Quiroga, recibió informes que demostraban que se infringía las normas que prohíben el lucro.

Por su parte, la Universidad del Desarrollo hasta 2015 era controlada por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del Grupo Penta, quienes operaban el plantel tal cual fuese una empresa más, relacionándola económicamente con un sinfín de otros negocios.

Víctor Orellana, sociólogo e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, comentó que si llegase a negociar que el Estado cubra el copago esto debe ser en función del tipo de universidad, ya que no se debe “aplicar la misma regla a una institución que tiene un proyecto beneficioso para el país que a una que es un negocio, y ocupa las ayudas estudiantiles como fuente de acumulación”.

Además, el investigador señaló que si los rectores han levantado este reclamo es porque se siente con el derecho de hacerlo, ya que durante años el Estado ha financiado a las universidades privadas sin poner problemas para ello.

Por otra parte, indicó que la oposición tiene un rol fundamental en este caso, pues deben mostrarle al país “una alternativa para mejorar un sistema desregulado en el que estado ha repartido plata por montones a un sistema racional cuyo eje debe ser la reconstrucción y expansión de la educación pública”. Así, la ciudadanía podrá ver que existen otros proyectos y que el actual es insuficiente.

El vocero de las universidades privadas de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Rivera, comentó que más allá de la legitimidad de la queja, esta viene a reafirmar que el proyecto no cumple las expectativas de nadie, y que es necesario que el gobierno escuche las críticas y dialogue para mejorar.

En una ceremonia en la Universidad del Desarrollo el ministro de Educación, Gerardo Varela, defendió la iniciativa, argumentando que es mejor que la que tenía el gobierno anterior. Además, desestimó las críticas, descartando que se afecte la autonomía, ya que como autoridades solo van a determinar el límite de financiamiento de parte del Estado, no así el máximo a cobrar por parte de cada universidad.

Crédito: Andrea Bustos C. – Diario UChile



 






No tags for this post.