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Entre los anuncios del proyecto se incluye declarar feriado el 24 de junio en el Día de los Pueblos Indígenas, reconocimiento constitucional contenido en promesa de nueva constitución y oficialización del mapudungun en la zona; además de un seguro para las empresas y personas “víctimas de violencia rural”.

Ya lo habían anunciado previamente: el pueblo mapuche rechazan el Plan Araucanía promulgado desde el Gobierno. El problema con la iniciativa tiene que ver, principalmente, por el modo en que se construyó el texto, proceso del que fueron marginadas las comunidades.

Otra de las críticas tenía que ver con el centralismo del mensaje. Desde Santiago, en compañía de sus ministros y de los miembros de la comisión, la Presidenta daría a conocer el contenido del proyecto.

Pasadas las 10.30 de la mañana, la mandataria inició su discurso agradeciendo la diversidad del grupo de trabajo. “Estoy segura que cuando el Papa Francisco visite La Araucanía, tendremos buenas noticias que darle”, dijo enseguida, haciendo alusión al viaje del líder católico programada para enero de 2018.

Michelle Bachelet continuó con una reseña histórica a Patricio Aylwin: “No es partir de cero, hay cosas en las que se ha avanzado”, dijo recordando la Ley Indígena de 1993. Sin embargo, reconoció que todo ha sido “insuficiente” por no haber prestado atención a las situaciones que hoy se desencadenan en pobreza, atropellos y abusos a mapuches y no mapuches.

Así pidió perdón al pueblo mapuche “por los errores y horrores que ha cometido el Estado con ellos y sus comunidades” las que han sido “desarraigadas, despreciadas y discriminadas”, también se disculpó por las fallas de seguridad en la región.

En su exposición, la Presidenta llamó al Congreso a poder poner celeridad en la tramitación, pidiéndoles mantener una “disposición generosa y sentido histórico” en la discusión.

Iniciativas del plan

En concreto, el llamado “Plan Araucanía” contiene la promesa de Reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas en el proyecto de nueva Constitución que será enviado al Congreso durante el segundo semestre; oficialización del mapudungun en La Araucanía; feriado nacional  el 24 de junio como Día de los Pueblos Originarios; suma urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y al Consejo de Asuntos Indígenas; creación de un comité interministerial para hacer actualización de catastros de tierra y agua.

Además de estas, el plan se enfoca en el fomento regional, en ese sentido, pone énfasis en la inversión de riego de $ 7 millones anuales hasta 2021; Creación de fondo de forestación destinado a predios indígenas con aptitud forestal; Plan Araucanía 2017-2021 hecho por medio de una ley que será enviada al Congreso en un plazo de 60 días, poniendo el foco en el fomento productivo, la infraestructura y el capital social y productivo; incentivo económico para empresas que operen en la región; inversión para superar la brecha de agua potable rural y creación de caminos.

Tal como se había anunciado en la cuenta pública, la iniciativa también involucra un plan de recuperación económica para “víctimas de la violencia rural”, recursos que serán provistos desde Corfo y Sercotec para las personas y empresas que denuncien la pérdida total o parcial de sus activos.

Mapuches deslegitiman el alcance del Plan

Antes de que se conociese el contenido del documento, diversos representantes del pueblo mapuche anunciaron su rechazo a las medidas. Por ejemplo, Richard Caifal, representante de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama y ex miembro de la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, indicó que es un despropósito que la iniciativa no haya emanado desde un proceso de consulta.

“Esta propuesta no cuenta con nuestro respaldo. Además, es cuestionable que esto se haga desde Santiago, con la total displicencia, distancia y evitando cualquier contacto con la Región. Nosotros le restamos legitimidad y validez a lo que ella proponga porque básicamente es para el sector empresarial de La Araucanía y no para los mapuche”, dijo a Diario y Radio Universidad de Chile.

En tanto, Rodrigo Curipán, werkén del Lof Rankilko, argumentó que este tipo de iniciativas no abordan los problemas de fondo. “Ellos plantean esta Ley Araucanía como un problema más de fomento, como si los mapuche fuéramos pobres a consecuencia de la falta de oportunidades. Los mapuche somos pobres por la usurpación del territorio”.

Crédito: Paula Campos – Diario UChile