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El ex ministro de Piñera busca derribar los argumentos que lo acusan de infracción a la Ley de Donaciones con un recurso de inconstitucionalidad ingresado al Tribunal Constitucional. Abogados querellantes en el caso, advierten que la acción no tiene los fundamentos suficientes como para ser acogido por el tribunal, por lo que no tendría que ser declarado admisible.

A pocos días del cierre de la investigación del caso Penta, el pasado martes se reformalizó a los ex controladores de la compañía, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

En esta audiencia nuevamente se le imputaron a los empresarios los cargos por delitos tributarios, ocurridos entre 2008 y 2014, con carácter de consumados y reiterados.

Además, llegaron hasta el tribunal el ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, acusado por cohecho y lavados de activos, y el ex ministro de esa cartera, Laurence Golborne, acusado de ser presunto facilitador de boletas falsas. A este último se le modificaron las medidas cautelares, suspendiendo su arraigo nacional.

El fiscal a cargo del caso Manuel Guerra explicó que no se imputaron nuevos cargos, ya que sólo se precisaron ciertos hechos para estar en condiciones de cerrar esta investigación el próximo 4 de marzo.  Además, Guerra explicó los plazos posteriores al fin de la indagación: “Hay un periodo de diez días para que el Ministerio Público decida que hacer y particularmente formule acusaciones contra los imputados. Entonces, hay que separar situaciones distintas de los imputados, es decir, los que han sido formalizados lo más probable es que sean acusados y los otros que van a quedar en una situación aparte, pero vigentes en la causa”.

A la salida de la audiencia, Golborne aseguró que “la Fiscalía puede decir muchas cosas, pero esperamos lo que resuelvan los jueces”. Además, el ex ministro declaró, muy decidido, que espera ser absuelto por los cargos que se le imputan.

La estrategia jurídica de Golborne

El pasado lunes su defensa, el abogado Carlos Cortés Guzmán, ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). La información obtenida de forma exclusiva por Radio y Diario Universidad de Chile, revela que el ex ministro alega inconstitucionalidad en la aplicación del delito de infracción a la Ley de Donaciones, de acuerdo a la querella presentada en 2015 por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Al ex secretario de Estado se le ha formalizado por distintos delitos contenidos en el Código Tributario, como facilitador de boletas ideológicamente falsas y en el Código Penal. Dentro de esto, se considera las infracciones a la Ley de Donaciones que la defensa de Golborne asegura que estarían vulnerando las garantías constitucionales, porque la conducta por la que se le acusa no estaría lo suficientemente clara y la asignación de penas no figuraría en esta normativa.

Se lee en el expediente ingresado al TC: “Confección, venta o facilitación de guías de despacho, facturas, notas de débito o boletas falsas, con el objetivo de cometer algún delito posee una pena de presidio menor en sus grados de medio a máximo y una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. Sin embargo, ¿cuál es la pena aplicable a quien incurre en una conducta tipificada en la Ley de Donaciones? Dicha conducta, ¿está conminada con una pena de crimen o simple delito?”.

Además, el abogado argumenta ante el Tribunal que “no existe una pena abstracta claramente establecida en la ley. El tipo penal impugnado contiene una gama de posibilidades. Así las cosas, al aplicarse el procedimiento en curso se produce una flagrante vulneración a lo dispuesto en la Constitución, quedando la sanción de mi representado al arbitrio del juez”.

Sin embargo, para el abogado querellante en este caso, Mauricio Daza, el requerimiento no cuenta con los fundamentos suficientes para ser acogidos por el TC. En caso contrario, se eliminaría una parte de los cargos por los que está imputado Golborne aunque considerando que estos no son los más graves, explicó el profesional.

“Lo que está solicitando su defensa es que el TC declare que el delito específico contemplado en la Ley de Donaciones no le sea aplicado en este proceso en que está implicado. De ser aprobado, todo lo relacionado con este delito no podría prosperar en el proceso”, precisó.

Un recurso que intenta dilatar la tramitación del proceso penal contra el ex ministro de Sebastián Piñera y que, en 2015, trató de aplicar la defensa del ex gerente de SQM Patricio Contesse. Sin embargo, en esa oportunidad el TC declaró inadmisible el requerimiento y ordenó terminar con la suspensión del procedimiento.

Lo que buscaba Contesse era frenar las diligencias del Ministerio Público como las incautaciones de documentos contables, explicó el abogado de Ciudadano Inteligente.“En algún momento se trató de matar la arista de SQM a través de un requerimiento ante el TC que buscaba obtener un pronunciamiento en cuanto a que el Ministerio Público no podía investigar estos casos y sólo lo podía hacer a partir de una denuncia del SII. Fue un primer intento fallido, afortunadamente, y en este caso, nuevamente, se trata de eliminar por “secretaría” parte de la imputación que esperamos no prospere”.

Recordemos que el ex ministro Laurence Golborne reconoció haber recibido 120 millones de pesos por parte de Penta para financiar su candidatura presidencial. Luego, se conocieron otros 260 millones de pesos que habría recibido a través de otras empresas como BCI, Inversiones Caburga, Ripley, firmas que están siendo investigadas.

Con la jugada ante el TC se pretende derribar la acusación que se avecina en algunas semanas para Golborne. Todo dependerá de la decisión de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional que revisará el requerimiento la próxima semana, cuando sea puesto en tabla.

Una vez finalizado el plazo de investigación del caso, el Ministerio Público tendrá diez días hábiles para presentar una acusación formal y determinar cuáles serán los imputados del caso. Estos serán llevados a un juicio oral, a los demás se les solicitará un procedimiento abreviado.

Los abogados querellantes afirman que con los antecedentes hasta ahora pesquisados al menos Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner tienen grandes posibilidades de ser llevados a un juicio oral. Otros hechos, en tanto, tienen que seguir siendo investigados considerando que este límite legal de dos años sólo se aplica a quienes están formalizados, pero muchos otros no están bajo está condición, pese a su intervención en este caso de financiamiento irregular de la política.

Crédito: Natalia Figueroa  – Diario UChile