publicidad-webypunto-300x250

La propuesta del Frente Amplio de financiar la campaña de Beatriz Sánchez a través de un crédito que tenga garantías hipotecarias reabrió el debate sobre cuán justa es la nueva ley de financiamiento para las candidaturas que van por fuera de los grandes conglomerados. Algunos optan por esa misma vía, otros confían en el trabajo voluntario y otros lo sacan de su propio bolsillo. Sea el camino que sea, hay coincidencia sobre las altas barreras que existen para financiar una campaña presidencial.

Las candidaturas que están al margen de los dos grandes conglomerados buscan financiamiento. Es pública la estrategia de financiamiento propuesta por el Frente Amplio y que consiste en tres pilares: donaciones ciudadanas, un crédito de consumo y aportes diferenciados de parte de los partidos que respaldan la candidatura de Beatriz Sánchez.

El crédito al que aspiran tiene un techo autoimpuesto de $450 millones según los pronósticos del conglomerado de los votos que obtendrán en noviembre. Según Sebastián Depolo, jefe de campaña de la periodista, la totalidad del crédito podría ser financiada por el Servel en caso de que Sánchez obtenga alrededor de 450 mil votos, “cifra conservadora”, según indica Depolo, teniendo en cuenta que en las primarias el Frente Amplio recibió el respaldo de más de 300 mil ciudadanos.

Pero para la carrera presidencial no existen anticipos del Servel, sino sólo devoluciones. Ante dicho escenario desde el comando de Sánchez han iniciado una ofensiva para encontrar miembros o simpatizantes de la candidatura que ofrezcan sus casas como garantía hipotecaria. “Nosotros tenemos críticas de fondo con el sistema pero tenemos que operar con él como está. El problema es que si no tienes plata no puedes hacer una campaña política. Eso limita a muchos ciudadanos de participar en la vida política, porque hay que entregarle al banco garantías”, dice Depolo explicando la búsqueda de propiedades.

Este contexto abre el debate en torno a las dificultades que enfrentan quienes no tienen los recursos para financiar una campaña presidencial. La ley permite tres fuentes de financiamiento: un crédito con el BancoEstado, aportes ciudadanos o aportes de la propia candidatura.

La evaluación de riesgo que hace el banco para definir el monto del crédito también despierta suspicacias por parte de candidaturas alternativas. Marco Enríquez Ominami también debe hacerle frente a las barreras económicas que presenta el sistema. Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista, señala que ya están sosteniendo conversaciones con gerentes de la entidad bancaria pero manifiesta sus reparos con que las encuestas jueguen un rol preponderante a la hora de evaluar las cifras: “estamos llenando los papeles que se nos pidió completar. Una serie de información financiera del candidato y del partido, porque ambos piden un crédito. El problema es que aquí los bancos hacen el análisis de riesgo en torno la supuesta votación que obtendría cada candidato según señalan las encuestas. ¿Pero a qué encuestas? Las que están hechas por la Cadem, con un ex funcionario de Piñera, la CEP, que es el ex ministro de Piñera,  y la encuesta Adimark, de Roberto Méndez, ex funcionario de Piñera”.

Desde el comando de ME-O afirman estar convencidos de que el candidato progresista alcanzará el 15%. Por esa razón, trabajan en una propuesta que solicite unos $500 millones al BancoEstado.

El Partido Unión Patriótica es otro de los que va “por fuera”. Eduardo Artés, su representante, también es crítico del sistema, pero mira el escenario desde otro prisma. El candidato promete una campaña austera y asume que se mantendrá al margen de solicitudes crediticias. Lo suyo, señala, será un trabajo basado en el esfuerzo voluntario de quienes creen en su candidatura. A pesar de eso, subraya la idea de que el tema del financiamiento en las campañas sigue siendo antidemocrático: “nosotros consideramos que las elecciones en Chile no son democráticas. No hay igualdad desde el punto de vista financiero. Esto es una demostración del carácter antidemocrático. La danza de millones que colocan los demás es impresionante y no hay algo que esté regulado que defina que habrá una propaganda central, financiada por el Estado y regulada. No, se permite todo”.

José Antonio Kast ha tomado otro camino. Según declaró hace una semana, el ex UDI ha optado por el financiamiento en base a recursos personales, aludiendo a la independencia que este camino le da: “Hasta ahora, todo había sido financiamiento personal. No es barato, pero yo opté por ese esquema de trabajo de financiar, con recursos propios, todo lo que fue la recolección de firmas”, dijo y agregó: “Yo no tengo partidos que me hayan apoyado, sino que personas que colaboraron y un equipo de trabajo que financié yo”.

Las barreras están instaladas y cada candidatura tiene sus métodos para abordarlas. Desde el Frente Amplio esperan la aprobación de la donación de los partidos hasta el jueves de esta semana y la solicitud de crédito se someterá a la evaluación de riesgo el próximo lunes.

Crédito: Martín Espinoza – Diario UChile