La justicia acogió el recurso de amparo presentado por las defensas de los ocho imputados. No habría fundamentos para justificar su detención.

El 23 de septiembre pasado, ocho comuneros mapuche eran detenidos y encarcelados por la policía en lo que se conoció como “Operación Huracán”.

25 días después, los hombres recibieron la noticia de su liberación, luego de presentar ante la Corte Suprema un recurso de amparo.

Durante la prisión preventiva hubo manifestaciones en Temuco y Concepción, ciudades donde permanecieron privados de libertad Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, Fidel Tranamil, Martín Curiche, David Cid y Claudio Leiva.

El problema era la forma en la que se armó la operación policial para apresarlos. Según información de la Fiscalía, el grupo se había coordinado para realizar ataques incendiarios y tráfico de armas a través de aplicaciones de mensajería telefónica como WhatsApp o Telegram, pruebas presentadas ante el juzgado de garantía que decidió mantenerlos en prisión preventiva.

De inmediato, los abogados y voceros de los mapuches rechazaron las pruebas, argumentando que -además- la resolución del juzgado no tomó en cuenta los argumentos de la defensa, dando solo validez a lo señalado por el Ministerio Público.

La Segunda Sala del máximo tribunal, compuesta por los jueces Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama, acogió de forma unánime el recurso de amparo, ordenando la inmediata liberación de los comuneros.

Según indicaron los jueces, el principal problema de la encarcelación fue el no contar con los fundamentos suficientes para justificar la participación de los imputados en los hechos.

La resolución será comunicada oficialmente esta mañana a los penales de Concepción y Temuco para oficializar la liberación de los detenidos.

El “huracán político”

A penas se hizo pública la detención de los ocho comuneros, los ojos se posaron sobre Mahmuh Aleuy, el subsecretario del Interior había estado detrás de la coordinación para activar el protocolo que mediáticamente se denominó “Operación Huracán”.

Días después, en medio de las reacciones a la masiva detención, el funcionario de gobierno partía a Argentina para encontrarse con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación de Mauricio Macri, con quien compartirían información sobre el presunto tráfico de armas entre organizaciones mapuches de ambos sectores.

En Chile, las presiones políticas por la forma en la que se llevó adelante el operativo policial crecían a la par que las defensas presentaban a los medios de comunicación las pruebas para demostrar la debilidad jurídica del caso.

Lo mapuche estaba en todas las portadas nacionales. En paralelo estallaba el escándalo por la prolongada huelga de hambre que mantenían los imputados por el caso Iglesias. Los cuatro mapuches imputados por aquel delito presentaban una crítica condición de salud, por lo que organismos médicos y sectores políticos presionaban al gobierno para acceder a su principal petición: no ser juzgados bajo la Ley Antiterrorista.

La presidenta y Mario Fernández accedieron al cambio, señal que fue leída como una “quitada de piso” al que -hasta entonces- era uno de los pocos cercanos de Michelle Bachelet que quedaban en La Moneda.



De regreso en el país, el Subsecretario evidenció su molestia a tal punto que solicitó sus vacaciones legales para alejarse unos días del escenario político. Tras bambalinas, se especula que la decisión solo retrasaría un distanciamiento final: Aleuy habría renunciado a su cargo, enojado por las diferencias sobre el mundo mapuche, sin embargo, su jefa le habría solicitado no hacer pública esta renuncia, coincidiendo en que alejarse por unos días era la mejor alternativa para ambos.

Crédito: P. Campos y M. Alarcón – Diario UChile