La visita del Papa soslayó la información dada a conocer esta semana de que la Fiscalía y la defensa del Senador Moreira, desaforado para ser acusado por en el marco de las investigaciones por el denominado caso Penta, que lo vinculan con boletas ideológicamente falsas. Sin embargo, el Fiscal Carlos Gajardo manifestó su disconformidad con la decisión del Ministerio Público mediante un tweet publicado el mismo lunes y hoy viernes, presentó su renuncia como fiscal, junto al también persecutor, Pablo Norambuena.

Las reacciones no se hicieron esperar y el abogado querellante en el caso Penta, Mauricio Daza calificó el hecho como “de máxima gravedad”. El jurista que representa a la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso Penta, indicó que no solamente afecta a la causa, sino que da cuenta de las profundas diferencias que existen entre los persecutores y las autoridades del Ministerio Público.

Daza indicó que la decisión del Fiscal Manuel Guerra de optar por una salida alternativa en una causa con tal relevancia mediante un simple acuerdo monetario, implica el perder la oportunidad de establecer sanciones ejemplares, pues existen antecedentes suficientes para llegar a juicio oral, especialmente si se considera que el desaforado senador de la UDI Iván Moreira, se encuentra confeso de haber solicitado recursos de forma ilícita a través de triangulación de dineros.

Al respecto, el diputado Hugo Gutiérrez, indicó que los motivos por el cual el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional deciden pactar una suspensión condicional y no ir a juicio oral contra Iván Moreira es debido principalmente a la reciente elección de Sebastián Piñera como nuevo mandatario.

El parlamentario del Partido Comunista precisó que con la decisión, los jefes de los persecutores se evitan problemas al evitar un juicio oral contra uno de los máximos representantes del bloque Chile Vamos, coalición a la que pertenece futuro mandatario.

Respecto a lo que significa la figura de suspensión condicional, el Juez de Garantía de Puente Alto, Rodrigo Hernández, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que se trata de una de las salidas alternativas al conflicto penal y que se encuentran establecidas en el Código Procesal Penal como soluciones que anticipan el término del proceso judicial y evitan que el caso llegue a juicio oral, siempre y cuando se cumpla con los requisitos señalados para este tipo de casos. Específicamente respecto del senador Moreira, la Fiscalía optó por solicitar al Tribunal de Garantía el cumplimiento de la condición de pagar una suma de 35 millones de pesos.

Rodrigo Hernández, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que “la suspensión condicional implica que la causa queda paralizada por un tiempo que puede variar entre uno a tres años, en el que se produce un periodo de observación de la persona que acepta cumplir con esta condición, que en el caso de Moreira se trata del pago de un monto en dinero”. Aclara que lo pagado no constituye una multa, pues se trata del cumplimiento de la condición de pagar una indemnización: “técnicamente no es una multa, pues la persona que accede a la suspensión condicional lo que acepta es precisamente eso, una condición y la ‘gracia’ de esta salida alternativa, es que se mantienen los antecedentes limpios, no se generan antecedentes penales”.

Respecto del rol que cumple el Tribunal de Garantía en este tipo de soluciones judiciales, el magistrado Hernández señala que “el juez debe verificar que, una vez transcurrido el plazo previsto que debe ser entre uno y tres años, se han cumplido todas las condiciones que se pactaron al momento de solicitar la salida alternativa de suspensión condicional y que, además, en el intertanto no ha vuelto a ser formalizada por otro delito. Solo entonces el Tribunal dictará el sobreseimiento definitivo y la persona vuelve a su calidad de inocente”.

Según las declaraciones de Manuel Guerra, las razones de la Fiscalía para pactar suspensión condicional del procedimiento para Iván Moreira y, finalmente, no llegar a un juicio oral contra el desaforado senador tienen su base justamente en el fallo que decretó el desafuero. Esto porque de los 8 ministros que se opusieron a que Iván Moreira perdiera el privilegio procesal, lo hicieron por considerar que los hechos por los que se lo pretende acusar no son constitutivos de delito y de ellos, tres ministros integran la sala Penal de la Corte Suprema.

De haber llegado a un juicio oral, existía una gran probabilidad que la defensa elevara ante la Corte un recurso de nulidad, el que sería visto por la sala penal, integrada por estos ministros, lo que implicaría la anulación del juicio y que la conducta de Moreira quedara sin sanción alguna. Guerra enfatizó que el dinero que Moreira se comprometió a pagar es mayor que lo solicitado en la acusación presentada en marzo de 2017 contra el parlamentario, la que ascendía a $ 22 millones.

La suspensión condicional del procedimiento es una forma común de poner fin a un litigio y el mismo Fiscal Gajardo propició esta salida alternativa en esta misma causa en junio de 2017, solicitando a la jueza Alicia Rosende que aprobara la suspensión condicional de Ignacio Ternicier Seda mediante la verificación del pago de cinco millones de pesos en cinco cuotas, además de firma bimensual y de fijar domicilio por un año. Sin embargo, la solicitud en el caso de Iván Moreira se realizó en forma conjunta entre el Ministerio Público y la defensa del parlamentario, lo que constituye una peculiaridad en este tipo de justicia negociada.

Para que efectivamente opere la suspensión condicional con las ya mencionadas consecuencias para el imputado, es necesario que un juez de garantía se pronuncie respecto de la idoneidad de las condiciones, lo que sucederá el próximo 30 de enero en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Crédito: C.Carvajal y R. Fuentes – Diario UChile