El informe elaborado por las de fundaciones Paz Ciudadana y San Carlos de Maipo señala que en Chile no existe una intervención especializada respecto de los niños que delinquen. Al mismo tiempo, el documento establece propuestas para evitar posibles reincidencias.

Las fundaciones Paz Ciudadana y San Carlos de Maipo elaboraron un estudio que detectó un “ordenamiento jurídico difuso” y falta de planes de intervención especializados para el adecuado tratamiento de niños que delinquen, pero que no tienen responsabilidad penal por ser menores de 14 años.

De acuerdo al documento, por cada 13 niños que están procesados por la Ley Penal Adolescente, existe un menor inimputable penalmente.

El director Ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, aseveró que el sistema público no cuenta con programas que se hagan cargo de estos niños:  “Es importante aclarar que el número de niños que está cometiendo delitos, no es un número significativo, no es el principal grupo etario que cometen delitos. Los adultos son por lejos los que comenten más delitos, pero los adultos fueron niños y existen una serie de condiciones para que continúen con una vida delictiva”.

“Por lo tanto, es en esta etapa donde tenemos que intervenir de manera importante. Los resultados del estudio son más bien un diagnóstico del sistema como está operando y de propuestas concretas para que opere de una mejor manera. En Chile no tenemos un sistema que permita darle cobertura a estos niños que se inician en carreras delictivas a una edad temprana”, añadió.

Según el estudio, factores de riesgo como  la deserción escolar, la asociación con pares criminógenos, maltrato infantil y violencia familiar, entre otros, permiten que en Chile niños entre los 8 y 14 años inicien su involucramiento delictual, alargando esta conducta hasta los 29 años, si es que no son intervenidos especializadamente antes.

Para la jueza del tercer Juzgado de Familia de Santiago, Ana Negroni, el Estado no se ha hecho cargo de los niños y adolescentes en riesgo. Además, la especialista precisó que los actuales proyectos de ley que modifican el Sename, en conjunto con un mayor presupuesto en materia de prevención, pueden ir en la dirección correcta.

“Hay que potenciar la idea de la desjudicialización y que esto se enfrente con medidas administrativas previas desde la prevención básicamente y que la última posibilidad sea llegar a los tribunales, solo en los casos necesarios, pero si se llega a la justicia, ese niño tiene que tener asegurado el derecho a la defensa. Lamentablemente los temas de infancia, familia, adolescencia han sido poco visibilizados durante los años y esperamos que en el Presupuesto de la Nación se consideren todos los temas de políticas públicas en este ámbito, de manera muchísimo más gruesa e importante de lo que ha sido hasta ahora, para precisamente evitar que lleguemos a situaciones como las que hoy día tenemos que enfrentar”, subrayó.

Los máximos representantes de Paz Ciudadana como de la Fundación San Carlos de Maipo, encargados de dar a conocer el estudio, coincidieron que bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, no es la solución al problema.



En este caso, el documento propone hacer modificaciones al proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializado de niños y niñas, actualmente en el Congreso Nacional, atención de aquellos casos que lo requieran e ingresen de manera voluntaria, sin necesidad de tomar contacto con Tribunales de Familia, mejoras en la detección, gestión y derivación de casos, además de mecanismos de intervención, definidos territorialmente,  todo como un plan que vaya más allá de las administraciones de turno.

Crédito: Rodrigo Fuentes – Diario UChile