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A pocos días de cumplirse el tercer año de gobierno de Michelle Bachelet, la Fundación Ciudadano Inteligente lanzó la sexta versión del estudio Del dicho al hecho. En los resultados se revela que las áreas con más avance son Educación y Deporte, mientras que Defensa, Infancia y Jóvenes, y Transporte y Telecomunicaciones.

172 promesas tenía el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet. A un año de terminar su segundo mandato, solo el 48 por ciento de éstas se ha cumplido, así lo reveló la fundación Ciudadano Inteligente a través de su estudio Del dicho al hecho.

El documento tiene como fin analizar en detalle las promesas legislativas del Gobierno y revisar su cumplimiento, en ese sentido, detalló que las áreas mejor evaluadas son Energía y Deporte, mientras que Defensa, Infancia y Jóvenes, y Transporte y Telecomunicaciones son las que figuran con menos avance.

Al mismo tiempo, el estudio cifra en 2,5 (en una escala de 1 a 4) la coherencia entre las promesas legislativas y los proyectos de ley efectivamente enviados al Congreso. Ambas cifras son superiores a las del gobierno de Sebastián Piñera en la misma etapa de su mandato (37% con una coherencia de 2,3). Sin embargo, cabe mencionar que la coalición del actual periodo cuenta con la mayoría parlamentaria, condición con la que el  gobierno anterior no contó.

Al respecto, Octavio del Fávero, coordinador legislativo de Fundación Ciudadano Inteligente señaló: “El Gobierno muestra un avance importante en comparación con la administración anterior, pero sigue siendo bajo en cuanto a lo efectivamente prometido. Cumplir con cerca de la mitad de lo que se comprometió no es suficiente desde la perspectiva ciudadana”. Del mismo modo, Del Fávero añadió que “hay promesas muy sentidas para la ciudadanía que no tienen un avance o se encuentran estancadas y excluidas de las prioridades del Gobierno, tales como la  ley de identidad de género, ley de Isapres, AFP, Ley Reservada del Cobre y la Nueva Constitución”.

El profesional destacó avances en temas “sensibles” como Alta Dirección Pública, la probidad y financiamiento de la política, Ley Ricarte Soto, sanciones a la colusión, Ministerio de la Mujer y el Acuerdo de Unión Civil.

Desde Educación 2020 califican de regular el cumplimiento de las promesas en Educación. Si bien destacan cambios como carrera docente y ley de inclusión, critican el estancamiento de políticas como nueva Educación Pública y la reforma a la educación superior, pilares fundamentales para derribar la segragación del sistema.

Nicole Cisternas, directora de Política Educativa de la entidad también analizó las dificultades por las que ha atravesado el Gobierno en materia parlamentaria: “Han tenido dificultades para guiar el trabajo legislativo, lo que retrasa las reformas. Y por último, le ha costado comunicar la reforma y sintonizar con la ciudadanía”.

Por otro lado, Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales valoró la promulgación de la Ley de Unión Civil. Sin embargo, criticó la demora en la tramitación parlamentaria del proyecto de identidad de género, así como el nulo avance en materia de matrimonio igualitario y de reforma a la Ley Antidiscriminación: “En este sentido hemos insistido en que la sola presentación de proyectos no constituyen políticas públicas y, por lo mismo, deben ir acompañados de las urgencias legislativas para que avancen en su tramitación y se conviertan prontamente en ley”.

Crédito: Diario Uchile