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Luego que el Gobierno anunciara el fin del Crédito con Aval del Estado, comenzó la incertidumbre sobre el contenido del nuevo proyecto de financiamiento ¿Qué debería contener esta propuesta? Parlamentarios y actores del movimiento social comentan sus planteamientos.

El pasado lunes el Gobierno logró que la Cámara Baja aprobara en general la idea de legislar la Reforma a la Educación Superior, luego que se rechazara la propuesta en la Comisión de Educación con la abstención de la diputada Camila Vallejo. La acción que permitió que el proyecto entrara a discusión fue la promesa del Ejecutivo para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE).

En la oportunidad, la ministra Adriana Delpiano anunció que “el Gobierno es muy claro en su compromiso de eliminar el CAE y reemplazarlo con un nuevo crédito sin participación de la banca. Nos comprometemos a enviar un proyecto de ley, durante el segundo semestre, con el objetivo que el CAE deje de operar a fines de 2018”.

Desde el Ministerio señalaron que no pueden dar antecedentes sobre el contenido de la propuesta porque todavía está en elaboración. Sin embargo, parlamentarios y distintos actores de la educación superior han esgrimido sus ideas y propuestas.

Mario Venegas, diputado demócrata cristiano y miembro de la Comisión de Educación, enfatizó en que el gran tema de esta discusión es la expulsión de la banca privada, es decir, que la administración y cobro del crédito sea por parte de una entidad pública. En segundo lugar, señaló que la cuota de la deuda debe ser contingente al ingreso, por ejemplo, que no exceda el 10 por ciento de un sueldo, y que tenga máximo 15 años de pago. De acuerdo a lo comentado por el parlamentario, posterior a ese tiempo la deuda se debería extinguir.

En tanto, Camila Vallejo, diputada comunista y ex dirigente estudiantil, indicó este nuevo mecanismo debe mejorar las condiciones de los actuales jóvenes que postulan al CAE, quienes no tienen otros beneficios o, teniendo becas, no logran cubrir el arancel de sus carreras.

Para la diputada, el proyecto tiene que tener principios de solidaridad intergeneracional, por lo que no hay que cerrar la discusión solo a la idea de un crédito fiscal. “Muchos han hablado de una lógica de impuesto al egresado, el cual tiene que ser contingente al ingreso, es decir, una persona que gana 400 mil pesos al egresar y que estudio con un aporte del Estado, no tendría por qué pagar un cinco o un diez por ciento de su sueldo, eso significa una carga a su remuneración que ya es baja. Desde ese punto de vista, este mecanismo es mucho más justo”.

Además, advirtió que no se debe repetir el mal proyecto presentado por Sebastián Piñera. “Lo que hacía esta propuesta era  financiar el cien por ciento de los dos primeros quintiles mediante becas y créditos, haciendo que los segmentos medios tuvieran que cubrir la brecha de sus aranceles con el pago que hicieran las propias instituciones. Esto perjudicaba principalmente a las universidades más pequeñas y de regiones”.

Las propuestas del movimiento social

El Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, sostuvo que el nuevo mecanismo debería estar vinculado a una  garantía de calidad, agregando que “en el mundo los sistemas suelen ser contingentes a los ingresos que las personas tienen después y con tasas de interés sustantivamente más bajas”.

El Rector indicó que es importante que existan también otros modos de financiamiento como donaciones voluntarias que hacen los egresados. “Se deben formalizar estos procesos, porque tienen que haber otras formas de ingreso que de alguna manera impliquen las contribuciones de los estudiantes. Lo que no puede ser es un sistema que esté pensado exclusivamente en maximizar el flujo de fondos fiscales y privados a un modelo que no ha dado nunca garantías de calidad, como ocurre con muchas de las instituciones superiores nuevas en Chile”.

Por su parte, Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), manifestó que si se mantiene lo planteado en términos discursivos por la Ministra de Educación, se trataría prácticamente del mismo cambio que formuló Sebastián Piñera durante su gobierno.

En ese sentido, explicó que desde el movimiento estudiantil se ha propuesto  “una transición de los fondos que hoy se destinan al CAE hacia una gratuidad con aporte fiscal directo a la instituciones. Además, que haya una condonación de la deuda para todos los que fueron víctimas de esta política pública implementada por Ricardo Lagos. Hoy hay por lo menos una generación de diez años que está siendo morosa”.

Juan Pablo Rojas, vocero del movimiento Deuda Educativa, fue categórico en rechazar la idea de reemplazar el CAE con otro crédito. “La problemática principal es el endeudamiento. No hay soluciones concretas para los endeudados educacionales que son más de un millón de personas. Mientras no haya una condonación  va a seguir existiendo el Crédito con Aval del Estado. Además, este no es el único problema, hay estudiantes que están muy afectados con el Crédito Corfo o con el Fondo Solidario”.

Los miembros de Deuda Educativa exigen que el proyecto contenga un plan de condonación de la deuda, que se elimine el Dicom por estas morosidades y que se deroguen las leyes que facultan a la Tesorería General de la República a retener las devoluciones de impuestos de aquellos que trabajan a honorarios en empleos precarios. Para Rojas es fundamental que la propuesta se construya con los endeudados educacionales.

Respecto a estas demandas el diputado Venegas, comentó que no están las condiciones económicas ni para condonar la deuda ni para que este mecanismo sea algo distinto a un crédito. “A mí me encantaría que así fuera, pero la deuda hoy está bancarizada, lo que significa que si se condona será el Estado el asuma el costo. De algún modo hay que pagarle a los bancos”

Mientras que sobre la idea de evitar otro crédito para reemplazar al CAE, indicó que es difícil porque “esto que se propondrá será una alternativa a la gratuidad. Nos gustaría avanzar a una mayor velocidad con este beneficio, pero las condiciones presupuestarias hacen que no podamos llegar al cien por ciento en un plazo inmediato. Al 2018 esperamos alcanzar el 60 por ciento más vulnerable”.

En tanto, Camila Vallejo señaló que es muy pronto para determinar si son posibles o no las propuestas del movimiento estudiantil. “Esta es una discusión abierta, estamos a una semana recién de que esto haya sido un compromiso. Estos temas se van a plantear sobre la mesa, pero finalmente son problemas sobre los que también deberá incidir el Ministerio de Hacienda”.

Crédito: Karina Palma – Diario UChile