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El máximo Tribunal norteamericano resulta fundamental para entender cómo funciona el país y cuáles son los frenos y contrapesos que podría tener Donald Trump en su mandato. Mientras algunos comienzan a hablar de juicio político, el presidente se juega sus últimas cartas nominando a un juez de partido.

En 1803 uno de los primeros Presidentes de la Suprema Corte, John Marshall, emitió una sentencia en el caso conocido como Marbury vs Madison. La sentencia marcó un hito en la historia norteamericana porque, más allá del conflicto puntual que abordaba, consagró en el poder judicial la potestad de ejercer el control de constitucionalidad.

Si bien la Constitución norteamericana no atribuye este poder a los jueces de manera expresa, si señala que el “poder judicial” recae en la Corte Suprema y en las Cortes Federales inferiores. En esta línea, Marshall explayó un razonamiento brillante que fue legitimado posteriormente y que ha permitido la aplicación de esta lógica por más de 200 años.

En la sentencia que resolvió el caso Marbury vs Madison,  el juez declaró el sentido y alcance del significado de la palabra “judicial”, definiéndola como “lo que los jueces han hecho en el pasado”. Así, continuó afirmando que si la Constitución era una ley, su aplicación no era diferente de otras leyes, respecto de las cuáles los jueces siempre han tenido que dirimir en casos de conflicto.

Lo anterior, cedió el control de constitucionalidad a los jueces, aunque con ciertas particularidades como que sólo se realiza “a posteriori” y de forma “concreta”, es decir, una vez que la ley ya está en vigencia y siempre que la reclamación sobre ella se produzca en el marco de un proceso judicial.

En este sentido, es ampliamente aceptado que la Constitución es la norma que funda los sistemas jurídicos de los diferentes Estados y que por tanto, toda norma para ser legítima y legal, debe ajustarse a lo dispuesto por la Carta Fundamental.

En Estados Unidos, como en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, la Suprema Corte es el máximo tribunal, la última instancia de apelación en un proceso judicial y, por tanto, quien tiene la última palabra respecto a la constitucionalidad de una ley.

Por estos motivos resulta de suma importancia determinar quiénes serán sus ministros, los que además son nombrados de por vida. La diferencia entre una Suprema Corte liberal o conservadora radica en la forma en que se interpretarán las normas y, en caso de contradicciones entre derechos, la determinación de su jerarquía.

Normalmente una composición más progresista será más afín a aceptar e integrar las leyes que protegen a las minorías, los trabajadores y las libertades de expresión.

Crédito: Victoria Viñals – Diario Uchile