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La iniciativa podría presentarse antes de la cuenta pública del 21 de mayo, y solo contener los acuerdos alcanzados entre el Gobiero y parlamentarios de todos los sectores. Desde la coordinadora NO+AFP acusan que se mantienen los privilegios a las administradoras privadas, mientras que los expertos llaman a dejar el tema para después de las presidenciales.

Desde que a mediados del año pasado, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunciara un “acuerdo nacional” para reformar el sistema de pensiones, comenzaron a trabajar diversas instancias para consensuar que tuviese viabilidad en el Parlamento.

Una de ellas es la mesa de trabajo compuesta por parlamentarios y el gobierno donde se ha logrado avances, pero aún hay diferencias respecto de algunos anuncios hechos por la Mandataria, por ejemplo, en lo referido al destino del 5 por ciento de cotización adicional a cargo del empleador.

En principio, existiría un acuerdo por parte de los parlamentarios oficialistas de elaborar una propuesta al respecto que deje fuera del diseño a las administradoras de fondos de pensiones, lo cual genera molestia en la oposición representada por Chile Vamos.

De acuerdo a lo conversado en la instancia, la idea es dividir ese 5 por ciento en tres partes: Una destinada a un subsidio cruzado permanente o reparto; otra que tendría como destino un reparto transitorio, que duraría hasta que se pensione la generación que comenzó su vida laboral cotizando el 15 por ciento; y finalmente al ahorro, aunque no a través de cotizaciones en las AFP sino que a un sistema de cuentas nacionales.

La idea el Ejecutivo es presentar este proyecto durante el primer semestre, por lo que algunos integrantes de la mesa ven difícil que se alcance un acuerdo, por lo que se optaría por presentar un proyecto corto sobre la base de lo ya consensuado.

Para el economista Andras Uthoff presentar una reforma de la importancia que requiere el sistema de pensiones a través de una ley corta sería una equivocación: “Lo peor sería una ley corta que no signifique un acuerdo. Eso sería muy malo porque el ánimo ha sido siempre defender más a la industria que a los afiliados. Si el escenario es ese, prefiero que ahora no se haga nada y se deje el tema para las presidenciales”.

Recordemos que el tema fue puesto en la agenda pública luego de las masivas movilizaciones organizadas por la Coordinadora NO+AFP y que congregó a millones de personas a lo largo del país exigiendo el fin del actual sistema.

Por lo mismo, desde la agrupación lamentan que el gobierno no los haya hecho más partícipes del debate que se está realizando y temen que finalmente se opte por “una solución parche” que perpetúe el actual sistema.

Carolina Espinoza, vocera de la coordinadora, advirtió que seguir legislando pensando en las AFP solo acarrea costos para el Estado “sin dar una solución real”, la que pasaría quitarle el negocio a los privados.

Desde Chile Vamos confían en que el titular de Hacienda genere los espacios para llegar a un entendimiento, aunque advierten de las presiones, particularmente del Partido Socialista de impulsar un sistema de reparto “camuflado de solidario”. Así lo afirmó Javier Macaya, diputado UDI integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Personeros de gobierno estiman que el ministro Rodrigo Valdés entraría en la recta final del debate para generar líneas de acuerdo y no descartan que explore una propuesta de menor disenso para que en el Congreso pudiera destrabarse como ocurrió, por ejemplo, con la tramitación de la reforma previsional de 2007.

Incluso se prevé que a inicios de abril sería la fecha en que el jefe económico -el ministro en que más confía Bachelet- iniciaría la redacción de un borrador de proyecto de ley de carácter integral, es decir, que en un solo articulado plantearía todos los cambios.

Por su parte, la Coordinadora NO+AFP reiteró su llamado a marchar el próximo 26 de marzo en todo el país, donde ya han señalado que se harán importantes anuncios respecto del futuro de la movilización, si es que el gobierno insiste en desoír sus demandas.

Crédito: Claudio Medrano – Diario UChile








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