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La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección presentado por comunidades mapuches. De ganar en la justicia, el Gobierno se vería obligado a consultar con las etnias el contenido del proyecto.

A fines de junio estaría listo el borrador del proyecto de la llamada “Ley Araucanía”. El texto, elaborado tras conocer las conclusiones alcanzadas por la Comisión Asesora Presidencial para la región, genera críticas antes de su ingreso al Congreso, principalmente de las comunidades que acusan a las autoridades de no considerarlos para el desarrollo de la normativa.

Este jueves la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible un recurso de protección interpuesto por el Pacto Mapuche por la Libre Determinación. La idea es tratar de impedir que la iniciativa parlamentaria ponga en riesgo los derechos que tiene asegurada la etnia a partir de tratados internacionales.

Según explicaron a Diario y Radio Universidad de Chile, uno de los principales temores tiene que ver con la implementación de la Ley Antiterrorista; también el que se ignore por completo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga al Estado a consultar a las comunidades cada vez que un proyecto afecta a cualquier etnia indígena.

Uno de los principales opositores a la presentación de la llamada “Ley Araucanía” es el werken de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman. Para el líder mapuche el proyecto nace viciado, toda vez que el pueblo mapuche fue marginado de la elaboración de la norma, así como de las mesas técnicas establecidas para discutir el conflicto en la zona.

Huilcamán explicita la postura de sus representados insistiendo en que, por ningún motivo, aceptarán la imposición de esta ley para remediar el histórico conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Así, dijo a Diario y Radio Universidad de Chile que “desobedecerán” si la ley se presenta: “Esto (ley Araucanía) va a crear más tensión y conflicto. Si quieren buscar una solución, no es esa la ruta. Puede ser el momento de mayor radicalización del movimiento mapuche y eso lo digo con total responsabilidad. Las comunidades se preparan para rechazar la normativa”.

Para el historiador Sergio Caniuqueo, quien ha trabajado con el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, el proyecto tiene que ser consultado a las comunidades. Principalmente, porque si se presenta tal cual está, la oposición de los comuneros y el apoyo de algunos parlamentarios a la causa mapuche, harían tambalear su aprobación.

El drama de una región segregada

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ubican a La Araucanía en el primer lugar de desempleo con un 8,7 de promedio, el mayor registro desde 2010.

Por eso, desde el Congreso, Eugenio Tuma (PPD) defiende el proyecto por su contribucion económica a la inversión pública y a las franquicias tributarias para atraer al sector privado.

Observación que no es compartida por el historiador Caniuqueo. A su juicio, “es una ley que están enarbolando básicamente parlamentarios de derecha”, para criminalizar al pueblo mapuche, al que responsabilizan de iniciar los ataques incendiarios de los que han sido víctimas principalmente los empresarios camioneros.

Aucán Huilcamán ya había manifestado su preocupación en la previa de la cuenta pública del 2 de junio, cuando dijo a Diario y Radio Universidad de Chile que la ley se iba a convertir en un “incentivo perverso” al entregar recursos para las víctimas de incendios, azuzando a “provocar autoatentados” para recoger los dineros.

Sergio Caniuqueo asegura que el problema se agranda en época electoral, más cuando La Araucanía se ha convertido en tema obligado para los candidatos presidenciales.

Así cuestionó a los tres representantes de Chile Vamos, quienes han coincidido en el diagnosticar el conflicto como un problema de seguridad. También criticó la actitud autoritaria que han manifestado algunos parlamentarios de la región, como Alberto Espina (RN) o Felipe Harboe (PPD), quienes han pedido más contingente policial y endurecimiento de las condenas para los responsables de la violencia rural.

Crédito: Rodrigo Fuentes – Diario UChile