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La ex directora de la entidad, quien debía declarar en calidad de imputada, llegó tres horas tarde a la audiencia, argumentando “aspectos logísticos”. Y pese a que la militante DC aseguró tener voluntad para colaborar con la justicia, optó por hacer uso a su derecho a guardar silencio.

La ex directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Marcela Labraña estaba citada este martes a declarar en calidad de imputada, en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público por las más de mil 300 muertes registradas en el Servicio, entre 2005 y 2016. Sin embargo, la ex autoridad llegó tres horas tarde, argumentando “aspectos logísticos”, con lo que, según aseguró, no fue posible concretar la declaración.

Y pese a que la militante DC enfatizó en su voluntad para colaborar con la justicia, asegurando que la Fiscalía le daría una nueva fecha para su declaración, mientras que desde el Ministerio Publico afirmaron que Labraña hizo uso a su derecho a guardar silencio y que evaluarían una nueva citación.

Cabe recordar que Marcela Labraña prestó su primera declaración como testigo, en octubre de 2016, para referirse a la muerte de Lissette Villa en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino de la Región Metropolitana. Once días después de ocurrido este hecho, la ahora imputada en el caso renunció a su cargo.

En relación a la causa judicial que busca esclarecer la muerte de Lissette Villa, la semana pasada la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución respecto de las medidas cautelares otorgadas a una de las imputadas, Conne Fritz. La cuidadora, sindicada como la persona que aplastó a la niña al momento de contenerla en el piso, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

El fiscal Marcos Emilfork aseguró que están “realizando diligencias con todas las personas que puedan incorporar información útil para el esclarecimiento de estos hechos en profundidad”.  Recordó que el 13 de septiembre, en el Juzgado de Garantía de Los Vilos,  se formalizará a un grupo de funcionarias por la muerte de Rachel Contreras.  La menor de 10 años falleció en febrero de 2016.

 La brecha de personal técnico

En medio de esto, el Frente de Trabajadores de Sename presentó una carta a la directora nacional del servicio, Solange Huerta, por la falta de personal para los distintos programas en curso. Una denuncia reiterada por los funcionarios.



En la misiva explicaron que hasta la fecha no se han generado estrategias ni mecanismos para dotar de mayor recurso humano a las distintas dependencias de la Red. Las condiciones precarias han generado un deterioro físico y sicológico de los trabajadores, lo que repercute de manera directa en la atención a los jóvenes internados.

Por lo mismo, desde este lunes los trabajadores iniciaron un proceso de movilización que extenderán hasta que las autoridades solucionen la brecha de personal técnico. El área donde reconocen mayor urgencia es el de supervisión y fiscalización de los programas. Actualmente el equipo de la Región Metropolitana está conformado por 13 funcionarios que deben auditar 594 proyectos en total, los que deberían ascender como mínimo a 25 empleados.

Según los antecedentes del documento, para el programa de Familia de Acogida Especializada (FAE) aún faltaría una enfermera, dos jefaturas administrativas y un técnico social. La infraestructura tampoco daría abasto para concretar los objetivos de este programa y sería necesario, según explicaron, sumar dos baños, cinco salas de atención, una bodega, una cabina telefónica, entre otras obras.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales de Sename (Anfur), Luis Cortez, enfatizó en la difícil tarea de fiscalizar principalmente los programas de responsabilidad juvenil y las condiciones de los Hogares de Organismos Colaboradores de Sename (OCAS).

En el mismo contexto, hace algunos días los funcionarios del Centro de Internación Provisoria de Régimen Cerrado (CIP-CRC), ubicado en la comuna de Chol Chol, en La Araucanía, fueron vulnerados por un grupo de jóvenes internos con intenciones de fugarse del recinto.

Sandra Marín, representante de los funcionarios públicos, explicó que no son hechos aislados y que  este lunes se trasladó un equipo técnico desde Santiago para evaluar las condiciones del centro. Además, la intendenta Nora Barrientos se habría comprometido a visitar el lugar.

Crédito: Natalia Figueroa  – Diario UChile