En paralelo, en el Ministerio se empezará con la intervención a centros de salud públicos mal evaluados, como es el caso del hospital de Iquique.

Una de cada siete personas que fallecieron durante 2017 estaban en una lista de espera para recibir atención en algún servicio del sistema público de salud.

La información dada a conocer por el Ministerio de Salud detalla que 14 mil 695 pacientes no llegaron a ser atendidos. En porcentajes: el 13,8 por ciento de los decesos fue por no recibir oportuna atención.

En el desglose, el porcentaje mayor (12 mil 750) corresponde a quienes esperaban una consulta de un especialista o una intervención quirúrgica no contemplada en el AUGE. Los restanten habían sido postergados en su atención incluida en el plan AUGE.

Emilio Santelices reconoció que con la información disponible es imposible establecer una causalidad directa entre el fallecimiento y la espera, pero debido a la magnitud de los números, abrirán una investigación enfocada en “aquellos pacientes que no deberían haber esperado tanto tiempo”.

En información entregada por el diario El Mercurio, se detalla que de los fallecidos, 118 eran menores de catorce años, cuyo detonante fueron fallas al sistema nervioso central (SNC) o malformaciones congénitas.

Los más afectados fueron los adultos mayores (11 mil 121). En este grupo, las enfermedades circulatorias cobraron la mayor cantidad de vidas.

Intervención en Iquique
La investigación por listas de espera no es la única anunciada por la cartera de salud. Este lunes llegarán a Tarapacá un equipo de fiscalizadores para revisar la situación del Hospital de Iquique.

En la evaluación de gestión encabezada por el Ministerio, el hospital Dr. Ernesto Torres Galdames fue el peor calificado, lo que motivó la intervención del Ejecutivo.

Según el diagnóstico de Santelices, los problemas principales tiene que ver con el aumento de deuda con sus proveedores, la que se ha elevado en un 20 por ciento durante el último año; también licitaciones sin toma de razón de Contraloría; ausencia de inventarios y conciliaciones bancarias; 35 mil horas médicas perdidas por ausencias de pacientes y un 5 por ciento del total de los trabajadores con licencias médicas.

La encargada del proceso de intervención será Gloria Burgos, subsecretaria de Redes Asistenciales, quien arribará a la zona acompañada de un grupo de auditores, quienes harán recomendaciones de gestión al recientemente asumido director.

Entre las medidas, una podría ser el cambio de jefaturas de servicio del recinto y un plan para incentivar cirugías ambulatorias para resolver las listas de espera pendientes.

Crédito: Paula Campos – Diario UChile