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Nuevamente la empresa Aguas Andinas fue blanco de críticas producto del corte de suministro registrado este viernes. Por ello, un grupo de diputados exigirá el próximo lunes dar urgencia a una iniciativa que se encuentra en el Senado. “A todas luces el sistema de concesiones ha fracasado”, advirtió el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo.

El miércoles 21 de diciembre del año pasado se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reforma el marco regulatorio para las empresas sanitarias. La iniciativa pretendía modernizar la Ley de Servicios Sanitarios, apuntando a bajar las tarifas de los usuarios y a restringir las utilidades de las compañías con nuevas regulaciones.

En la ocasión, representantes de la industria salieron a criticar la moción que actualmente se discute en la comisión de Recursos Hídricos del Senado. Uno de ellos, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Víctor Galilea, señaló que el proyecto “destruye las bases” del desarrollo del sector y pronosticó que la iniciativa sería revertida en la Cámara Alta.

Sin embargo, durante los últimos días, a raíz del nuevo corte de suministro de agua potable por parte de la empresa Aguas Andinas, parlamentarios del Partido Comunista anunciaron que solicitarán al Ejecutivo que dé urgencia a la propuesta legal.

“El MOP tiene una oportunidad de reivindicarse en el Senado y no ceder al lobby de las sanitarias. Si se pone del lado de la gente el proyecto podría ser realidad en dos a tres meses más”, señaló el parlamentario de ese partido, Daniel Núñez.

En tanto, el diputado PC Lautaro Carmona, fue enfático en que el actual sistema de concesiones “ha fracasado” por lo que debe ser modificado. Además, el legislador se manifestó partidario de perfeccionar el proyecto a través de indicaciones con tal de que pueda ser aprobado en el corto plazo.

“El desafío es cómo vamos a modificarlo. Estamos dispuestos a que incluso vía indicaciones lo perfeccionemos, pero dar una señal a la población de que no nos vamos a quedar impávidos frente a tamaño problema de irresponsabilidad de las empresas, es una cuestión que es vital”.

Desde otros partidos de la Nueva Mayoría también respaldaron la moción parlamentaria. El jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo apuntó al rol que debiera tener el Estado respecto de la regulación y administración de un recurso que es público.

“Hay un debate pendiente en nuestro país en torno a la provisión de servicios básicos como es el agua potable. Acá hay una disputa en términos de quién regula y administra este bien público. El Estado debiera volver a cumplir un rol mucho más preponderante en esa materia. A todas luces el sistema de concesiones sobre este punto ha fracasado”.

Los trabajadores de las sanitarias también se encuentran expectantes en torno a esta propuesta. La dirigenta del sindicato de Aguas Andinas, Claudia Muñoz, aseguró que actualmente se encuentran analizando los alcances de la iniciativa y los efectos que ésta podría traer.

Sin embargo, la líder sindical advirtió que la única forma en que una propuesta de estas características tenga validez, sería que representantes de la ciudadanía tengan participación en su elaboración, ya que el tema de la regulación tarifaria es algo que afecta directamente a las personas.

“De todas maneras la mayor legitimidad va a estar desde el punto de vista de cómo pueden participar los organismos de la ciudadanía en este proyecto de regulación”, enfatizó.

Pese a que la moción parlamentaria surgió desde representantes de la Nueva Mayoría, en el Gobierno dieron un portazo al proyecto.

A pocos días de que éste fuera aprobado en la Cámara Baja y ante las inquietudes de la industria, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés salió a aclarar las dudas y aseguró que “Son cambios sustanciales a las reglas del juego de una industria regulada que el Gobierno no apoyará” y agregó que “vamos a hacer todo lo posible para que esos cambios no se materialicen”.

Crédito: Montserrat Rollano – Diario UChile