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Las revelaciones sobre los millonarios aportes recibidos por Pablo Longueira de parte de empresas pesqueras para su campaña de primarias de 2013, intensificó los cuestionamientos a la Ley de Pesca promulgada durante el gobierno de Sebastián Piñera. Para los pescadores artesanales esto es sólo la constatación de la retribución de los empresarios por el cuerpo legal que ampliamente les favorece, aseguran los trabajadores.

Como un argumento más para decretar la nulidad de la Ley de Pesca calificaron pescadores artesanales y parlamentarios las revelaciones hechas por Ciper sobre los aportes recibidos por Pablo Longueira durante su campaña a las primarias de la derecha en 2013.

Se advierte que de los más de mil millones registrados en la cuenta del entonces precandidato, casi 350 millones de pesos no fueron declarados ante el Servel.

Y entre estos aportes se registran importantes donaciones de empresas y personeros ligados a la industria pesquera, situación que para los pescadores es signo inequívoco de la retribución de estas compañías a Longueira por la promulgación de la Ley de Pesca que, a juicio de los trabajadores, les favorece abiertamente.

Hernán Machuca, vocero de la Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), señaló respecto de estas revelaciones que es una situación que “no tiene nombre”, y que día a día surgen nuevos antecedentes de cómo funcionó el gobierno de Piñera “con sus ministros de excelencia”, quienes pudieron recolectar en sólo dos meses más de mil millones de pesos, pero ante el Servel sólo rindieron poco más de 800 millones para la campaña de primarias.

“Cómo funciona la máquina de hacer dinero entre el empresariado y los políticos. Cómo este informe que hace Ciper revela que las empresas pesqueras de la Octava Región traspasaban dinero. Cómo está el engranaje de los actores empresariales con respecto a estos asesores que le pasaban plata para que en uno o dos días les depositaran de diez, cinco, de dos millones a la cuenta del señor Longueira”.

Si bien Machuca manifestó que confían en la labor de la justicia en este caso, “tampoco se puede demorar una eternidad en poder sancionar”.

“Es impresentable que las empresas pesqueras le traspasen plata a un candidato que va a una primaria y que a su vez era ministro de Economía, y que estaba legislando y jugándosela entero por sacar una ley a la pinta de cómo querían las siete familias que saliera”.

Por todo esto es que Machuca concluyó que “aquí se constituyó una maquinaria para poder sacar una ley que favorecía directamente a los que pasaban recursos económicos”, y como los pescadores artesanales no disponen de esos recursos, debieron resignarse a los dictámenes de la Ley Longueira.

Por su parte, el diputado del PC Hugo Gutiérrez, impulsor de un proyecto de ley que busca anular la Ley de Pesca, señaló que antecedentes  respaldan lo que han sostenido sobre este cuerpo legal y, específicamente, el comportamiento del gobierno de la Nueva Mayoría respecto de la petición de anular esta ley.

“Uno no entiende por qué este gobierno ya constándole que es una ley corrupta siga sosteniéndola y siga amparando a estos grupos económicos que se siguen enriqueciendo producto de una ley que ellos mismos obtuvieron a través del pago a políticos, fundamentalmente Longueira y otros de sus secuaces de la UDI, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado. El gobierno tiene que poner de una vez por todas punto final a una situación que ya se hace insostenible”.

Sobre esta situación, Gutiérrez advirtió que si la ley se va a modificar es para terminar con las licencias de pesca obtenidas “de manera corrupta”, por lo tanto tendría que incorporar una causal de caducidad de estos derechos, por lo tanto si el proyecto que enviará el gobierno no contiene esta moción, “no va a servir de mucho”.

Finalmente, Hernán Machuca criticó el anuncio del gobierno de ingresar un proyecto de modificación a la Ley de Pesca en octubre. Según los pescadores artesanales, la iniciativa  no viene a solucionar lo fundamental que tiene que ver con los derechos de extracción, ya que se siguen manteniendo a veinte años para quienes ya los detentan que son las grandes pesqueras.

Crédito: Gonzalo Castillo  – Diario UChile








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