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Matías Ramírez criticó la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación sobre el financiamiento irregular de la campaña del diputado Iván Fuentes, así como el sobreseimiento del senador Patricio Walker a principios de 2017 en el caso Fipes, asegura la impunidad de los parlamentarios en este proceso.

El abogado querellante en el caso pesqueras, Matías Ramírez, lamentó la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación en contra del diputado Iván Fuentes por financiamiento irregular de su campaña parlamentaria, de parte de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur (Fipes).

Ramírez no obstante señaló que se veían venir una decisión de esta clase, ya que esto se suma a la decisión dela Corte de Apelaciones de Coyhaique de sobreseer a principios de año al senador Patricio Walker, quien también era investigado por este caso, de todas maneras planteó que la determinación limita de sobre manera el accionar de los querellantes en este caso.

Por todo esto, es que el abogado asegura que este caso queda, en la práctica, en la impunidad.

“Derechamente este caso queda en la impunidad, esa es la realidad, toda vez que hubo primero las diligencias iniciales en esta investigación, inclusive las mismas resoluciones de los tribunales fueron muy apresuradas, recordemos que es una causa que no alcanzó a tener más de ocho meses de tramitación y que, en definitiva, esta decisión de no perseverar viene a dejar en libertad a todos los políticos involucrados, particularmente en el tema de este financiamiento ilícito de parte de las empresas pesqueras de la zona austral”.



Matías Ramírez aseguró que desde un principio las decisiones del Ministerio Público, en este caso, apuntaban a diluir las investigaciones, por ejemplo dividir la causa, que en un principio estaba englobada en las pesquisas sobre las irregularidades en la aprobación de la Ley de Pesca, y entregarla a una fiscalía regional como es el caso de Aysén.

“Inicialmente planteamos que ya era un mal precedente ir separando las indagatorias, en este caso que fuese derivada a la Fiscalía de Aysén era un despropósito, toda vez que todos los hechos, en un inicio al menos, guardaban relación con la tramitación de la Ley de Pesca y la intervención de las pesqueras de la zona austral. A nuestro juicio siempre se debería haber mantenido una sola causa respecto a la investigación de la Ley de Pesca del año 2012, y evitar que fiscales distintos tomen decisiones distintas”.

El abogado querellante reiteró que esta decisión del Ministerio Público no puede ser apelada ya que sólo se trata de una comunicación de parte de la Fiscalía, dejando poco margen de actuación para otros intervinientes.

Crédito: Gonzalo Castillo – Diario UChile

 







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