El abogado de algunos de los involucrados en el caso, se refirió al viaje de la machi Francisca Linconao y a la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco de anular el juicio que absolvió a sus representados. “La Fiscalía se ha apartado del principio de la objetividad en este caso”, sentenció.

“Existen datos objetivos de que la Fiscalía ha actuado en el Wallmapu con un sesgo racista”, afirmó el abogado representante de algunos de los involucrados en el caso Luchsinger Mackay, Rodrigo Román.
El defensor conversó con Radio y Diario Universidad de Chile respecto de la reapertura del juicio y aseguró que “es sorprendente el despliegue comunicaciones que se ha dado respecto de este caso y de las versiones de la fiscalía y la parte querellante”.
En ese sentido el abogado considera que se está creando un escenario que busca justificar una eventual sentencia condenatoria en contra de sus representados.
¿Cuál es su apreciación respecto de la anulación del juicio?
Ha habido en los medios de prensa una profusa información de parte de los fiscales y los abogados particulares, pero no he visto una expresión por parte de las defensas. Es sorprendente el despliegue comunicacional que se ha dado, en diversos medios, respecto del viaje legítimo de la machi Francisca Linconao a Bolivia y todo esto hace pensar que este aparataje lo que hace es sentar las bases de una posible condena en el segundo juicio, dado que los fiscales y los abogados particulares bien saben que hay un relato falaz de parte de una de las policías que da cuenta de una inexistente prueba capaz de fundar un veredicto condenatorio. En el primer juicio quedó demostrado que estas personas son inocentes, pero luego, por razones políticas, se puede explicar el desarrollo de este segundo juicio.
En un estado de derecho es grave señalar que hubo motivaciones políticas detrás de este segundo juicio.
Es más grave la actuación que han tenido ciertos funcionarios públicos a cargo de la persecución penal. Sobre todo el Fiscal Nacional. Él sabe que está dando un argumento falaz porque, procesalmente, es imposible que tengan asidero sus palabras, como cuando se adelantó en señalar que nuestros representados son responsables del delito imputado, alejándose del principio de objetividad que uno podría esperar del Fiscal Nacional. El día del veredicto absolutorio la familia Luchsinger recibió la visita de la esposa del presidente electo y del Fiscal Nacional. Yo no recuerdo haber visto algo así antes. El homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay es un hecho horroroso, pero eso no justifica que se condene a personas que no son culpables y hay infinitas razones que dan cuenta de la falta de responsabilidad de las policías y los fiscales que cometieron sendas irregularidades.
¿Cuál sería entonces el propósito del Fiscal Nacional?
Desconozco lo que hay en el fuero interno y según mi entender él se ha apartado de actuar con la objetividad que se pide a los fiscales. Él ha actuado como representante de la víctima, no puede a buenas y primeras acusar a nuestros representados de ser los autores del hecho y que eso se va a probar.
¿Se nos olvida la importancia de la presunción de inocencia?
En Chile existe justicia para ricos y justicia para pobres. La presunción de inocencia solo se respeta cuando se trata de algunos, de los ricos o poderosos de este país. Cuando se trata de los pobres, o los mapuches, ni hablar. Un fiscal denunció que fue presionado a pedir prisión preventiva, sí o sí que hubiese un comunero mapuche involucrado.
¿Es la justicia chilena racista y clasista?
Yo no sé si responder tan sí o no, pero si hay datos objetivos de que la Fiscalía ha actuado en el Wallmapu con un sesgo racista, tal cual te daba el ejemplo de que esto salió denunciado por un fiscal que aseguró que fue presionado para pedir prisiones preventivas. Esto claramente es un sesgo racista y que ha quedado demostrado en este caso. Nuestros representados tuvieron que pasar un año y medio privados de libertad por culpa de la acción de los fiscales y de la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Se impone en la opinión pública la idea de que los acusados tienen que responder sí o sí ante la justicia.
No siendo abogado de la machi, sí he podido conocerla y no tengo ninguna duda de su inocencia. En particular, su caso es más sensible porque es una autoridad ancestral, sumado a su avanzada edad, hacen imposible que haya participado en este crimen. Ella ya fue objeto de dos juicios y en ambos casos fue absuelta, eso la legitima como cualquiera de ser libre para viajar a donde quiera. No sé por qué el Ministerio Público, haciéndose eco de un llamado de la policía, emite una orden de captura cuando no hay fundamentos para ello.

Crédito: P. López y C. Medrano – Diario UChile