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Tras la aprobación del proyecto gasífero, la comunidad anunció que presentará su apelación al Consejo de Ministros y advierten que llegarán hasta el Tribunal Ambiental si es necesario para detener la construcción del proyecto portuario.

La Comisión Evaluadora Regional aprobó por unanimidad el proyecto GNL Talcahuano, la instancia que tuvo lugar en las dependencias de la Intendencia del Bío Bío no estuvo exenta de manifestaciones en contra del megaproyecto portuario, dejando alrededor de 10 detenidos.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el representante legal de GNL Talcahuano, Juan Ignacio Ugarte, aclaró dudas sobre las supuestas redes que han operado en la aprobación de este proyecto. Según explicó detrás de la inversión de 160 millones de dólares para la construcción del terminal gasífero hay “un fondo norteamericano de inversiones que invierte en diferentes proyectos alrededor del mundo y a Chile lo considera un país creíble para la inversión.  Ellos creen que las reglas están bastante claras, por lo mismo no entienden este juego político que se ha generado en esto últimos días. Están claros que en Chile la legislación da certezas jurídicas”.

La certeza de los capitales extranjeros contrasta con los cuestionamientos que ha recibido GNL Talcahuano por las asesorías que prestó el ex director del SEA de la Región del Bío Bío, Bolivar Ruiz, quien trabajó 19 años en la entidad gubernamental.

Para Ugarte “es el profesional que tiene más experiencia en la región, la persona que más sabe de la parte legal administrativa de un proceso de evaluación. Fue contratado como experto en eso y se le pagaron los honorarios para asesorarnos, para no cometer ningún error en el proceso de evaluación. Todo lo que hemos hecho ha sido visado paso a paso por un experto como Bolívar Ruiz. Eso es lo que compramos, una asesoría para que el proyecto no tuviera falla alguna y el éxito se debe a esta asesoría que hemos tenido”.

Sumado a esto, el representante de la empresa aseguró que esta relación no tiene nada reñido con la ley, al igual que su vínculo contractual con el actual concejal de la comuna de Talcahuano, Eduardo Saavedra: “(Bolívar Ruiz ha trabajado hace tres años y ha aportado en este proyecto como una de las personas vinculadas con la participación ciudadana, que es una persona nacida y criada en Talcahuano. A quién vas a contratar si no es una persona representativa de Talcahuano, se le pagan sus honorarios como a cualquier trabajador. No hay incompatibilidad alguna entre su cargo de concejal y el ser empleado de nuestra empresa. Qué ilegalidad hemos cometido”.

Para Ugarte lo que se ha dicho respecto a sus redes es solo una difamación que buscaría aportillar el proyecto GNL Talcahuano y potenciar su competencia GNL Penco-Lirquén. Por lo mismo, en la conversación dejó entrever que podrían existir vínculos entre la última empresa y el alcalde Henry Campos, quien luego de haber enviado un informe a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental en marzo de 2016, aprobando GNL Talcahuano sin observaciones, hoy aparece como uno de sus principales detractores.

“No estamos dispuestos a aceptar esta operación maligna, hemos hecho un proyecto impecable, por lo que los desafío a que vayamos a los tribunales”, emplazó el empresario a todos quienes estén en desacuerdo con el proyecto.

Comunidad de Talcahuano

Dentro de las organizaciones que han luchado desde 2012 en contra de la aprobación del proyecto Penco-Lirquén y para frenar la construcción de GNL Talcahuano, se encuentra la Coordinadora Penco Lirquén, la Coordinadora Chorera, Coordinadora No Octupus y el Comité Bulnes Sin Termoeléctrica, todos reunidos en la Coordinadora Comunal por la Defensa del Territorio.

Carolina Arriagada es vocera de la Coordinadora Chorera, una de las organizaciones que el día de la votación de la Comisión de Evaluadora Regional estaba presente con pancartas.

Según dice la representante “la participación ciudadana fue realizada en un mes, entre junio y julio de 2016, y fueron seis sesiones con metodología decasa abierta. Ellos llegaban  a las juntas de vecinos y la gente que participó entraba, preguntaba algo y se iba. Muchas gente que firmó las listas de asistencia hoy aparecen consideradas, por parte de la empresa, como personas que están a favor del proyecto. Hay personas que se han acercado, porque quieren desvincularse de eso, porque se sienten mal por haber firmado las listas de asistencia”.

Sumado a esto, dijo que durante el proceso, ellos como organizaciones sociales, tuvieron que exigirle a la alcaldía que realizara un consejo extraordinario, del que el concejal Saavedra se excusó de asistir y en el que el alcalde redactó un informe que rectificaba su apoyo al proyecto. Dicho documento no tenía ninguna validez, ya que la instancia en la que se podía presentar observaciones ya había pasado.

Para la representante ciudadana, la municipalidad no ha prestado ningún apoyo a la comunidad en este proceso de defensa del territorio, sino que todo esto lo han tenido que hacer con abogados y recursos que han conseguido en concursos en el extranjero, donde deben postular este caso de conflicto socio ambiental para pedir el apoyo necesario.

“Ahora viene un camino legal a seguir, es un proceso muy viciado lleno de irregularidades. Hay permisos que faltan, hay cosas que la empresa por obligación debía hacer y que el Servicio de Evaluación Ambiental tampoco fiscalizó. Hay un permiso que se tiene que pedir, el de compatibilidad territorial, que es un trámite  que la empresa debió haber hecho y que se lo tiene que pedir a la municipalidad. El SEA tampoco lo exigió, quizás son cosas que no influyen en el desarrollo del proyecto, pero son trámites legales que se deben hacer y son cosas que suman.  Nosotros ahora estamos preparando la apelación al Comité de Ministros para llegar a las últimas instancias que es el Tribunal Ambiental de Valdivia”, sostuvo Arriagada.

Crédito: Francisco Velásquez  – Diario UChile