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La reunión se produce después del emplazamiento de los trabajadores fiscales a la Presidenta de la República a que intervenga en el conflicto. Declararon que es la única persona capaz de destrabar las negociaciones por el reajuste salarial.

En estos instantes, los trabajadores del sector públicos se encuentran reunidos con el Gobierno en el Hotel Neruda. Se espera que en este encuentro se llegue a un acuerdo entre las partes, después del sistemático rechazo que ha tenido la propuesta del gobierno de aumentar un 3,2 por ciento los salarios a los empleados fiscales.

En la cita, que empezó pasadas las 21:00 horas de este viernes, se encuentran los dirigentes Bárbara Figueroa, Raúl de la Puente, Nolberto Díaz y Esteban Maturana. Por parte del Gobierno, las tratativas están encabezadas por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

Durante la mañana de este viernes, los trabajadores se manifestaron para exigir un pronunciamiento del Ejecutivo. En el marco del paro de los funcionarios públicos, Confusam y ANEF efectuaron un “banderazo” pasado el mediodía, en plena Plaza de la Ciudadanía, frente a La Moneda.

La idea, según los representantes de las diversas organizaciones en paro, es que el Gobierno destrabe las conversaciones y opte por una solución que termine con las movilizaciones.

Esta mañana, los dirigentes que componen la mesa del sector público sostuvieron una reunión donde insistieron en seguir desarrollando diversas acciones de protesta, mientras no haya señales por parte del gobierno para sentarse a conversar de su propuesta.

Los representantes de los 15 gremios agrupados en la Mesa del Sector Público plantearon una fórmula de salida al conflicto, que se extiende por dos semanas.

Para avanzar hacia un consenso, los dirigentes encabezados por Bárbara Figueroa y Carlos Insulza, propusieron un mecanismo que garantice en la ley de reajuste un incremento real de remuneraciones, sin que este sea afectado por las variaciones del IPC.

La Mesa del Sector Público también planteó que el bono de término de negociación contemple las mismas líneas de corte que el conjunto de los demás bonos y aguinaldos contenidos en la Ley y que los recursos destinados al Bono se incrementen para avanzar en la recuperación de la pérdida impuesta por el Gobierno el año 2015.

Ese año se pagó un bono de fin de conflicto de 71 mil pesos, en tanto en 2014 el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, entregó un beneficio de 250 mil pesos.

Al respecto, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, afirmó que la presidenta Michelle Bachelet es la única que puede destrabar las negociaciones y dar una solución al conflicto.

Admitió igualmente que se está conversando con la ministra del Trabajo Ximena Rincón, de quien se afirma, saldrá del gabinete para una futura campaña parlamentaria.

En este sentido, El dirigente de la Confusam, indicó que ojalá actuara como candidata y saliera con un acuerdo que ponga término al paro y deje satisfecho a los miles de trabajadores del sector.

“Hay una política del Gobierno que se ha mostrado como el peor empleador que existe en el país, si el gobierno trata así a sus trabajadores, qué podemos esperar de la empresa privada. Obviamente hay dos cosas que resolver, uno es el tema de la negociación económica y otra que tiene que ver con las relaciones laborales al interior del gobierno con sus funcionarios, somos 700 mil, y el Gobierno no puede tratar de esta forma a sus propios funcionarios”, argumentó.

En tanto, parlamentarios de la UDI, anunciaron que aprobarían un reajuste del sector público si es que el Gobierno se compromete a crear un mecanismo de regla salarial.

Recordemos que en la última votación rechazada por la cámara baja, los diputados de Chile Vamos se abstuvieron, aunque algunos habían planteado en conversaciones previas, un voto positivo a partir de la última oferta del Ejecutivo de 3,2 por ciento.

El diputado de la UDI Javier Macaya, indicó que la situación abre la oportunidad para que el Gobierno se abra a crear una regla salarial que fije un piso mínimo y un máximo para el incremento. Que incluya factores como inflación, crecimiento y productividad.

Además, en paralelo, la bancada de dicho partido estudia la presentación de un proyecto de resolución donde un organismo técnico de expertos represente las posturas de todos los involucrados, a efectos de crear políticas permanentes de negociación

Crédito: Rodrigo Fuentes – Diario UChile