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La nueva Ley Antiterrorista, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional, es parte de la lista de 48 iniciativas que el Gobierno espera aprobar antes de que culmine el mandato de Michelle Bachelet. La medida estaría orientada a perseguir a sujetos que cometen ilícitos de esta naturaleza y que no se amparan en organizaciones terroristas.

Un grupo de senadores oficialistas y de oposición plantearon consagrar en la nueva Ley Antiterrorista el denominado “terrorismo individual”. La figura apelaría a aquellos sujetos que realizan actividades con el fin de causar terror en la población y que actúan por cuenta propia, sin la complicidad de una organización jerárquica que avale, promueva y respalde el acto, requisito actualmente exigido en la Ley para catalogar de terrorista hechos de esa naturaleza.

La iniciativa surgió luego del atentado al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, y también a causa de los incendios forestales ocurridos en nuestro país, de los cuales se presume fueron iniciados con intencionalidad.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, cuestionó la propuesta de los legisladores: “Es la respuesta dentro del contexto del populismo penal que se ha instalado en Chile desde hace muchos años y que permanentemente requiere revitalizarse con esta pirotecnia, con estas apariciones que carecen de fundamento jurídico”.

La Ley Antiterrorista actualmente vigente, no contempla la figura de “terrorismo individual”, ni tampoco una definición del concepto de terrorismo. En ese sentido, el abogado de la Defensoría Popular consignó la imposibilidad de realizar este tipo de clasificaciones que denominó como “espurias”.

Criminalización 

A juicio de Rodrigo Román de aprobarse esta normativa, tal y como la han propuesto algunos parlamentarios, se perseguirían bajo la Ley Antiterrorista  delitos que ya están tipificados en nuestro Código Penal, lo que podría dar pie a la criminalización de determinados grupos.

“Las implicancias que podría tener es que el persecutor penal que es el Ministerio Público- en la gran mayoría de los casos arrastrado por el poder político- se valga de esa herramienta para perseguir delitos que están perfectamente tipificados en nuestra legislación penal lo que, a mi juicio, va a llevar a una mayor confusión de la labor jurisdiccional”, señaló.

Respecto a la preocupación de los parlamentarios por estos temas, el abogado afirmó que forma parte de la “política de criminalización” lo que, además, daría cuenta de lo distanciada que está la clase política de las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Finalmente,  el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, si bien indicó que desde la entidad no han conocido el detalle de esta normativa, enfatizó que “cualquier regulación antiterrorista o de situaciones de excepción tiene que tener un componente de respeto a los Derechos Humanos, por tanto los proyectos de terrorismo individual tienen que ser cotejados con las obligaciones internacionales en la materia”.

Crédito: Montserrat Rollano – Diario UChile