La agudización del conflicto en la zona implica un desafío por comprender el actuar de algunos grupos en la zona, que desde la óptica de la académica de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, nace como una reacción a la violencia que históricamente ha ejercido el Estado.
El Congreso Nacional aprobó esta semana la prorroga de 15 días del estado de excepción en la Macrozona Sur requerida por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en una discusión no exenta de tensiones. Una trasnochada Cámara Baja, luego de la acusación constitucional, visó la solicitud la mañana del pasado martes por 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones, a pesar de que la legisladora mapuche del partido Socialista, Emilia Nuyado, había apelado en la sala a la injusticia que a su juicio radicaba en que el parlamento respaldase el asesinato de sus “hermanos caídos”.
Más tarde, ese día, el Senado hizo lo propio en una aprobación que contó con 21 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones de los y las legisladoras. Ambas sesiones contaron con la presencia de los secretarios de Estado, como el titular de Defensa, Baldo Prokurica, quien aseguró que la medida no se esgrimía contra ningún pueblo sino que se destinaba a “dar mayores herramientas para dar paz y tranquilidad a las familias chilenas”.
La voluntad expresada por el legislativo respecto al despliegue de los militares en la zona difícilmente pudo ser ignorada por la mujer mapuche que reviste el cargo de mayor representatividad del proceso constituyente. El pasado miércoles en Radioanálisis, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, reprobaba en duros términos el resultado de la votación y criticaba esta falta de disposición del Estado a enfrentar el problema de fondo.
“Si un gobierno no avanza en reconocer los derechos políticos de las naciones originarias, si no avanza en generar un dialogo intercultural, una cultura de diálogo intercultural a nivel de toda la institucionalidad, si por otro lado no atiende al nivel de pobreza en la que se encuentran las comunidades, obvio que van a brotar formas drásticas en el cauce de la violencia porque en el fondo hay un problema de violencia estructural“, ilustraba Loncón.
No obstante, la retórica del presidente Piñera no da pie a contextualizaciones. Enfáticamente el mandatario sostuvo en la jornada Enade de este jueves que “no hay violencias buenas y violencias malas” sino que todas son negativas y condenables.
Ahondando en ese punto y aterrizándolo a la realidad de la Macrozona Sur, el diputado de Renovación Nacional y representante del distrito 23, Miguel Mellado, sostuvo que el uso de la fuerza por parte de las organizaciones mapuches radicalizadas derechamente amenaza la institucionalidad. Un peligro que para el parlamentario de la Araucanía se comprende como terrorismo, lo que amerita el robustecimiento de las fuerzas del orden en el lugar.
“Las armas no pueden estar en las manos de civiles ni tampoco de la guerrilla y eso es algo que se venía naturalizando. Si tu te fijas la CAM tiene un alto poder de fuego. Cuando murió Marchant en Coi Coi, murió con un M16 al lado de él, o sea, si tiene un fusil M16 una persona que es un civil es porque estamos llegando a un nivel muy alto de tráfico de armas (…) Eso significa que están desafiando la institucionalidad del país y eso no puede ser“, aseveró.
Si bien la militarización del territorio no representa la solución para el conflicto – y en eso reconoce la necesidad de dinamizar el diálogo político- el legislador considera que la presencia militar sí ha ayudado a dar tranquilidad de las victimas del terror que infunden, entre otros actores, los representantes de la CAM y es que el estado de excepción, en palabras de Mellado, “ha dado en un 88 por ciento menos de usurpaciones y 64 por ciento menos de delitos violentos como la quema“.
A juicio del parlamentario, esta medida no viene a combatir a las comunidades mapuches que “esperan pacientemente que la Conadi haga su pega y que les entreguen las tierras”, un proceso donde Mellado reconoce que se ha actuado con lentitud. No obstante, aseveró que eso “no tiene absolutamente nada que ver con que estos terroristas usen armas de fuego, quemen casas de trabajadores, le disparen a trabajadores, aterroricen a las familias y prendan fuego a camiones. Eso es ser terroristas y a eso hay que combatir con las Fuerzas Armadas, porque de otra forma no se puede”, manifestó.
Pero abordar el escenario que presenta el Wallmapu implica hacer el esfuerzo de comprender -que no es lo mismo que justificar- los motivos que entraña el uso de la fuerza que emana de una parte de las organizaciones del territorio. Al respecto la académica mapuche del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, explicó que existe una respuesta, una reacción a una militarización de la Araucanía que en Chile lleva varias décadas y que nace como una disposición del Estado para hacer frente a un conflicto que no tiene la voluntad de resolver por medio del acuerdo político.
“Muchas y muchos de los que hoy día son lideres, werkenes o están liderando estas organizaciones crecieron con esa criminalización de la Araucanía, crecieron con la represión en las puertas de sus casas, en sus propias comunidades y obviamente hay ahí un comportamiento que responde a los caminos que no ha ofrecido el Estado para poder dialogar. O para poder abordar, sobre todo, la demanda de tierras o la restitución territorial que está en el centro de la cuestión“.
En los años 70, la división de las propiedades comunitarias de la zona instaurada por Pinochet dio paso a que el entonces yerno del dictador, Juan Ponce Lerou, a cargo de Corfo, y el ministro de Economía de ese período, Fernando Leniz, impulsaran el Decreto de Ley 701 para propiciar el desarrollo forestal e industrial en la ahora llamada Macrozona Sur. Esta disposición contempló una bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus, generando así la desaparición del bosque nativo y la agudización hasta hoy latente con las comunidades indígenas que reclaman su territorio.
En ese sentido, la académica señaló que los gobiernos, “ininterrumpidamente desde finales de los 90”, han militarizado el territorio con la finalidad de “resguardar inversiones y los caminos para que puedan transitar los bienes, además de favorecer el funcionamiento de las empresas que se encuentran en la región“.
A eso se suma una persistente intención de “criminalizar las demandas del pueblo mapuche, de estigmatizar las protestas y las reivindicaciones, tanto así que tienden a mezclar distintos problemas para los que tienen la misma solución predefinida, que es aumentar el contingente de seguridad“, señaló Figueroa.
Respecto al conflicto en la zona, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia, explicó que existe una circularidad de la violencia en el territorio. Una relación que se puede entender mediante el concepto de “contraviolencia”, o bien, de “autodefensa integral”.
“Hay un punto en que la fuerza ejercida en contra del pueblo mapuche es aniquilatoria y por lo tanto es ése el punto de respuesta que se traspasa. Es por eso que esto tiene también la característica de un estallido étnico nacional en particular (…) Estamos hablando de una comunidad, de un pueblo entero que ha sido sometido a una violencia que ha llegado a un punto de aniquilación, es decir si no tiene respuesta a esa violencia este pueblo desaparecía derechamente. Etnos sacrificados“, indicó.
Esta amenaza de absoluta aniquilación, agregó Urrutia, está implicada en el modelo de desarrollo forestal que se ha asentado en el territorio, en cuanto “la base material de la industria forestal es depredatoria y es antagónica con la existencia y sobrevivencia del pueblo mapuche. En esas condiciones se entiende que en sus actos de autodefensa tiendan a la radicalización ¿Si eso permite hacer una distinción respecto a comportamientos delictuales? Por supuesto que sí, los conceptos de autodefensa se basan en teoría de lucha social que desde el siglo XIX se distinguen del lumpen”.
Las salidas de esta circularidad de la fuerza y la violencia están en clave de diálogo. En ese sentido, gran parte del pueblo mapuche ha estado dispuesto a asumir los pocos espacios de diálogo que ha abierto el Estado, señaló la académica de la Universidad de Chile. “No es menor que cuando se abre la posibilidad de sostener una discusión política a un nivel estructural como es la Convención, ahí están los pueblos indígenas dialogando, llevando expertos, expertas, sabios, sabias indígenas a hacer propuestas de convivencia. Entonces ahí hay una respuesta clara de que los pueblos indígenas siempre han estado dispuestos a dialogar”, mencionó.
Si bien Figueroa Huencho consideró que la “desaparición” de los grupos más radicalizados no se va a producir de manera automática con una nueva constitución en la medida que “en cada una de las comisiones, en cada uno de los acuerdos en que los liderazgos indígenas se han sentado a la mesa a buscar acuerdos, ninguno se ha cumplido”, este proceso constituyente “sí puede iniciar un camino de un diálogo plurinacional, que es la apuesta“, indicó.
(imagen tomada de Inicia Radio)
