Un 28 por ciento más de ciclistas fallecidos arroja el informe del Ministerio de Transportes para este 2020. El aumento en la velocidad por parte de los automovilistas ante calles más desocupadas producto de las medidas de confinamiento han resultado en casi un centenar de conductores de bicicletas fallecidos en lo que va del año.
Según datos del Ministerio de Transportes, entre enero y septiembre de este año fallecieron 85 ciclistas, un 28% más que en el mismo periodo del año 2019.
Luego de una nueva muerte ocurrida este jueves en Providencia, el Gobierno anunció que daría suma urgencia al proyecto de ley que crea un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. La iniciativa, que lleva cuatro años sin avances en el Congreso, busca generar, como su nombre lo dice, una automatización en cámaras de seguridad, las que estarán ubicadas en los puntos que han registrado mayor cantidad de accidentes, obligando a los automóviles disminuir la velocidad y, a la vez, servirá de herramienta adicional para la labor de Carabineros.
Sin embargo, el tema de la seguridad vial va mucho más allá que esto ya que, desde el 18 de octubre pasado y, posteriormente con las medidas de confinamiento, la cantidad de personas que se movilizan en bicicleta ha aumentado considerablemente y nuestra infraestructura, pero por sobre todo la educación de los conductores de automóviles y transporte público no ha dado el ancho ante tal crecimiento de ese tipo de movilidad.
Así lo explico Daniela Suau, ciclista urbana e integrante del Colectivo Muévete en conversación con nuestro medio.
“Como organizaciones de movilidad sustentable y ciclismo urbano lo venimos diciendo a las autoridades: falta una profesionalización de los conductores de transporte público, porque ellos no están manejando cualquier vehículo, están manejando uno cuyas dimensiones son letales. Eso se ha comprobado con las muertes de ciclistas y, además, hay que considerar que ellos están llevando pasajeros, por lo tanto, no es permisible que los conductores sigan manejando de la forma agresiva y violenta que lo hacen”.
Para el dirigente del movimiento Revolución Ciclista Plurinacional, David Gómez, el déficit en infraestructura y educación vial, pero también también la enorme falta de fiscalización de parte de las autoridades pasa por un asunto netamente económico: las bicicletas no pagan por usar la calle.
“Nuestro movimiento cree que para las autoridades los ciclistas no somos un bien necesario o sujetos que reporten ingresos al Estado porque no pagamos patente, ni permisos de circulación ni cargamos bencina o pagamos Tag, por ende, nunca van a generar un espacio seguro porque entre menos ciclistas haya, más aumenta el uso de transporte público o se compran más autos”.
Es por eso que ese movimiento, junto a la organización internacional Mujeres en Movimiento, Red Ciudad Futura, la ONG No Chat, la Fundación Conciencia Vial, la Organización de Víctimas de Seguridad Vial, el Colectivo Muévete, la agrupación Furiosos Ciclistas, el Laboratorio de Cambio Social, Fundación Emilia, Bicicultura y Educleta, además de destacados académicos, arquitectos y expertos en ciudad, entregaron en La Moneda una carta dirigida al nuevo ministro del Interior Rodrigo Delgado, en la que lo interpelan a tomar medidas urgentes para asegurar la vida y libre tránsito de los conductores de bicicletas. En el documento también critican que el Gobierno no haya implementado políticas públicas que reconozcan a los ciclistas como actores relevantes, considerando el aumento de viajes en este medio de transporte ocurrido durante la pandemia.
“Necesitamos una empatía del espacio de cada uno. Vemos ciclovías que están usadas como estacionamiento, los peatones nos piden que usemos la calle y los automovilistas que usemos la vereda, pero cuando tenemos ciclovías, que son espacios ganados por nosotros con sangre de personas que han fallecido, las usan como estacionamiento y para eso no hay fiscalización. Llamamos a ser más empáticos, a respetarnos el uno al otro, porque un minuto que se pierda por no andar tan rápido no va a afectar tanto la vida, pero sí puedes quitarle la vida a alguien más si no respetaste ese metro y medio o esperaste un poco para poder pasar”, señaló en entrevista con nuestro medio el dirigente de Revolución Ciclista Plurinacional.
La calle se comparte
Hace dos años comenzó a regir en Chile la Ley de Convivencia Vial, que modifica la Ley de Tránsito y cuyo objetivo es la equiparación del espacio vial que comparten los distintos modos de transportes. La normativa hace especial énfasis en aquellos usuarios más vulnerables del sistema vial, es decir, peatones y ciclistas.
La periodista Daniela Suau analizó la situación actual de aumento de la mortalidad de los ciclistas a la luz de esta joven normativa.
“Hay una dicotomía porque, por un lado tenemos una ley de convivencia que precisamente vino a ordenar la cancha, a decir quiénes tenemos derecho a utilizar la calzada. Así, los ciclos tenemos derechos a ir por la calzada, un derecho que, por lo demás, tenemos hace mucho tiempo porque la ley de tránsito señala que la bicicleta es un vehículo más al que le corresponde la calzada salvo en aquellos lugares en que existan ciclovías. Por otro lado, tenemos el problema que cuando un municipio quiere instalar una ciclovía tiene que elevar consulta al Ministerio de Transporte, al de Vivienda y Urbanismo y se analiza el flujo vehicular de esa calle. Entonces los ajustes viales tienen que ver con no incomodar al auto e, incluso, se prefiere poner ciclovías en las veredas o bien se hacen en la calle pero muy angostas con tal de no molestar al flujo vehicular”.
“Hay una mala percepción de que el auto, por el hecho de pagar un permiso de circulación, es el dueño de la calzada, por eso tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que dejar de ver la vida en la ciudad y el uso de la calle como un derecho privilegiado del vehículo y lo que han hecho las autoridades es transmitir un mensaje erróneo, pues la mayor parte del presupuesto de obras públicas y del Ministerio de Transportes está enfocado en el sistema de concesiones de autopistas y, como la ciclovía no es rentable, nunca hay presupuesto para esa infraestructura. Sin embargo el problema no es solo ese, porque las ciclovías no son las únicas infraestructuras, hay otras soluciones que se pueden implementar, por ejemplo reducir el ancho de los carriles por los que circulan los vehículos porque está demostrado que en espacios más angostos, los autos corren menos; zonas de velocidad máxima 30, fiscalización real con las herramientas actuales de Carabineros y que no se usan. Efectivamente faltan ciclovías, pero muchos ciclistas han muerto en ellas mismas porque los autos entran igual”.
De la misma opinión es David Gómez, quien también explicó que las distintas organizaciones han presentado en varias oportunidades documentos y proyectos con soluciones viales que no implicarían un gasto tan grande para el Estado, ya sea en su ámbito local o central. Los distintos movimientos en pro de la movilidad sustentable han señalado que es importante que nuestro país avance en la creación de ciclopistas, esto es, calles dedicadas enteramente a la circulación de bicicletas.
“En Chile aún no hay ninguna ciclopista, hace poco se inauguró una ciclosenda (espacio de la calle demarcado para el uso de bicicletas) en Renca, pero van por el el lado donde transita el transporte público y toma pasajeros, así se generan mayores problemas entre el conductor y los ciclistas”, criticó el dirigente para luego asegurar que la recepción de las autoridades ante sus propuestas siempre es muy escasa.
“Lo reitero, para el Estado las bicicletas no generan ganancias y eso implica que no hay voluntad política, las autoridades no entienden que a la larga habrá una ganancia social porque habrá menos gente enferma, entonces habrá menor colapso en el sistema público. También esto ayuda a tener una mejor salud mental, hay menos contaminación, pero no hay entrada en dinero para el Estado”, concluyó Gómez.
Las distintas organizaciones de pedaleros han llevado adelante diversas movilizaciones de concientización sobre la urgencia de imponer medidas de seguridad vial, particularmente una mayor y más efectiva fiscalización del exceso de velocidad y clases de educación vial generales ya que, según los datos que manejan las organizaciones, la mayor causa de muerte de las personas entre los 5 y 29 años es, precisamente, la gran cantidad de siniestros viales.
Foto @Movimiento Furiosos Ciclistas
Crédito:Claudia Carvajal G. – DiarioUChile
