La directora ejecutiva de la ONG Oceana abordó el capitulo de los Pandora Papers elaborado por Ciper y LaBot que da cuenta de la compra venta de la minera Dominga entre Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano y la condición que obstruía la protección ambiental de la zona. “Lo que nosotros siempre hemos aducido es que la tramitación ambiental de este proyecto no ha sido la normal, se ha saltado la institucionalidad que rige nuestro país” recalcó.
En tres cuotas millonarias se dividió el pago efectuado por Carlos Alberto Délano a la familia Piñera Morel el 2010, año en que el empresario compró las acciones de la minera Dominga que pertenecían al family office, Bancard, liderado por el entonces aún Presidente de la República, Sebastián Piñera. El último de los tres pagos se encontraba supeditado a que no se estableciera un área de protección ambiental la zona donde se emplazaría el polémico proyecto de la firma Andes Iron.
Así lo dio a conocer la publicación del capítulo chileno elaborado por Ciper y LaBot en los documentos de Pandora Papers que, arrojando estos nuevos antecedentes del vínculo estrecho de Piñera con la minera, ha provocado la indignación de la ciudadanía y de las organizaciones defensoras del medioambiente que se han opuesto férreamente a la instalación de Dominga en la comuna de la Higuera.
Pero la conexión del mandatario con Dominga no es una novedad. Ya con la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (COEVA) en agosto, autoridades de oposición en el Congreso y representantes de las organizaciones medioambientales se explicaban el visto bueno del proyecto que se encuentra judicializado sólo por la probable intervención de Piñera con el objeto de viabilizar la obra de Délano.
“Este mandato vino de la autoridad central” afirmó en ese entonces la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth Van der Meer, sobre la aprobación de Dominga en el COEVA . Con el reportaje de Pandora Papers, la representante en Chile de la ONG sostuvo que la noticia que viene a conmocionar a la ciudadanía es este requerimiento que imposibilita la demanda de proteger el ecosistema marino.
“Lo que sale hoy día efectivamente es nuevo porque en ese momento, a pesar de que se sabía que se tenía ese contrato, no se sabía la clausula que excluía el último pago si es que se aprobaba un área protegida. Eso para nosotros es sumamente grave porque efectivamente ahí hubo un conflicto de interés y nosotros hemos impulsado junto con las comunidades, la comunidad científica también hace muchos años, el establecimiento de un área protegida en ese lugar, esa es la gravedad del reportaje de los Pandora Papers y para nosotros obviamente es muy duro reconocer que había un interés económico y que no era social ni ambiental dentro de esa área”, lamentó.
La minera de Andes Iron ya se encontraba sujeta a múltiples observaciones desde que ingresó al sistema en cuanto no reunía la información necesaria para evaluar la intensidad de su impacto en el medioambiente, ni sus medidas de mitigación. Antecedentes que fueron solicitados por Sernapesca, Conaf y el propio Ministerio de Medioambiente. Del mismo modo, Dominga no fue evaluado bi-regionalmente, considerando que dentro de su área de influencia se encuentra la Reserva Nacional del Pingüino de Humoldt, que abarca dos islas de la región de Coquimbo y una de la región de Atacama.
En ese sentido la directora ejecutiva de Oceana señaló desde la ONG se advirtió que la línea de base que se presentó al inicio del proyecto fue sumamente deficiente.
“Lo que nosotros siempre hemos aducido es que la tramitación ambiental de este proyecto no ha sido la normal, se ha saltado la institucionalidad que rige nuestro país y en algún momento se cuestionó bastante ya que el proyecto Dominga había sido escrito, su informe ambiental, a nivel central y se conoce el financiamiento ilícito del subsecretario Pablo Wagner en su momento, entonces todo este proceso ha tenido un gran cuestionamiento“, sostuvo.
Es por este motivo que desde la ONG se ha efectuado más de una presentación contra la minera. Por un lado los recursos de casación que datan desde el 2017 y un recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de la Serena por la ilegalidad del llamado a la nueva votación del proyecto Dominga realizado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y que fue declarado admisible este 29 de septiembre.
Antecedentes que sumado a lo informado por Ciper y LaBot pueden engrosar la documentación que da cuenta de las irregularidades a las que ha incurrido la empresa, mencionó Van der Meer.
“Yo creo que son cosas que van sumando el cuestionamiento que tiene este proyecto. No es decidor para la decisión de la Corte Suprema, sin embargo podría ser un factor más que se analice en profundidad cuán riguroso fue el Servicio de Evaluación Ambiental en este caso en la decisión de retrotraer el proceso y de no rechazarlo en su totalidad y el permiso que hoy día tiene la minera Dominga para empezar su proyecto, advirtió.
Otra de las aristas de Dominga que ha preocupado a la comunidad es la posible alianza con el proyecto Cruz Grande del grupo CAP, para efectos de utilizar un mismo puerto para funcionar. Por este motivo es que con el conocimiento de los antecedentes de Pandora Papers, se ha sumado a la demanda de las organizaciones medioambientales el reconocimiento de la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de Compañía Minera del Pacifico, de modo que no pueda intervenir en el ecosistema de la región.
“Lo de la alianza no tiene cabida dentro de nuestro sistema de Evaluación Ambiental ya que los proyectos serían los dos completamente distintos. Dominga no puede decir que ahora va a ocupar el puerto de Cruz Grande porque ambos proyectos serían proyectos nuevos y tendrían que volver a presentarlo. Lo que nosotros presentamos a la Superintendencia de Medioambiente fue la caducidad del proyecto ya que todos los proyectos en Chile una vez que tienen cinco años se consideran caducados, porque la información que ellos dieron dentro de su tramitación ambiental ha cambiado. Por eso una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada se pierde, porque tienen que empezar un nuevo proyecto”, explicó Van der Meer.
Para efectos de ese reconocimiento de esa caducidad es que desde la ONG se recurrió al Tribunal Ambiental en el que se dará a conocer este 4 de noviembre si es que existen razones para alargar la RCA del proyecto Cruz Grande.
Fin a la industrialización
Desde la arista política, en el Parlamento se estudia una acusación constitucional contra el mandatario por los hechos dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, mientras que desde las organizaciones ecologistas como Greenpeace y Terram se persigue la invalidación del permiso ambiental de la minera Dominga. Al respecto la directora ejecutiva de Oceana hizo hincapié en la importancia de proteger el área marina de la zona para efectos de contrarrestar su industrialización.
“La ciencia lo ha dicho, existen suficientes antecedentes, de hecho hay una propuesta de área marina protegida de múltiples usos que hoy día está asentada en el Ministerio de Medioambiente para la votación del Comité de Ministros y eso es una solución. Nosotros no queremos una solución alternativa que no sea que esta zona no sea industrializada, no es que sea en contra del proyecto Dominga, del proyecto de la CAP, sino de cualquier industrialización que se haga en este lugar ya que hoy día hay una fuente económica importante que es el turismo y la pesca artesanal y eso es lo que se busca proteger con esta área marina protegida. No hay otra vía a nuestros ojos como ONG y como la Alianza Humboldt, que hoy día somos más de cien ONG’s que estamos unidas porque tenemos la misma visión que esa área tiene que ser protegida definitivamente”, aseveró.
En ese sentido Van der Meer consideró que la falta de voluntad política de proteger la superficie marina que compete a Coquimbo y Atacama, no sólo se ha manifestado con este Presidente. Pese a que Dominga fue rechazado durante el gobierno de Michelle Bachelet y a que en ese período se estableció la mayor cantidad de áreas marinas protegidas en el país “vemos que ya van 10 años de este proyecto estando en carpeta de un sin número de proyectos que se empiezan a meter entre medio y por eso la declaración de esta área ha sido sumamente compleja”, sostuvo.
“Esta zona ha sido de particular interés de muchas empresas, estamos hablando de en su momento de Barrancones, de puerto Cruz Grande, de Farellones, ahora de la CAP, o sea esta área efectivamente se ha querido industrializar por más de 15 años y por distintos intereses y creo que ese ha sido el mayor problema para no decretar un área marina protegida, porque viene un proyecto tras otro que pretende instalarse en esta zona y yo no diría que es de una persona en particular sino de muchos intereses en esta zona ya sea para sacar un puerto, como para extraer minerales desde la zona de la Higuera”, sostuvo.
En medio de la coyuntura que vuelve a poner en el centro del cuestionamiento público los negocios del presidente Sebastián Piñera, la Convención Constitucional aprobó una declaración de emergencia climática que mandata a tener presente el contexto de crisis en todas las discusiones de las Comisiones Temáticas. Una deliberación que la representante de la ONG Oceana en Chile, valoró
“El ambiente tiene que tener mucho más resguardos ahora que en una Constitución que se escribe en el 80, entonces es consecuente lo que se está haciendo. Sabemos que la Constitución no va a cambiar toda la institucionalidad ambiental, que en algún minuto se va a tener que adecuar a esta nueva Constitución, pero es un gran paso ya que la Constitución ha sido la piedra de tope para avanzar en la protección de muchos lugares en nuestro país que son importantes. Ahora hay que dejar claro que este es uno de los lugares más importantes que deben ser protegidos en nuestro país en un contexto de crisis climática como la que vivimos hoy día, este lugar comienza a tener una relevancia muy importante dentro de la supervivencia que tenemos los humanos y todas las especies dentro del planeta”, concluyó.
Crédito: María Luisa Cisternas – Diario UChile
