El abogado de la Defensoría Popular afirma además que se ha hecho uso abusivo de la prisión preventiva como una “condena anticipada”.
Luego de las declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, que responsabilizó a Gabriel Boric y Yasna Provoste por los hechos de violencia acontecidos la tarde del lunes 18 de octubre durante la conmemoración del segundo aniversario del estallido social, el proyecto de ley de indulto a los ‘presos de la revuelta’ volvió al tapete de la agenda nacional, en una semana marcada por declaraciones cruzadas entre los distintos bloques políticos en relación a esta iniciativa en medio de la campaña presidencial.
En este contexto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado integrante de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, aseguró que las declaraciones del subsecretario Galli no tienen fundamento, ya que quienes actualmente están en prisión preventiva acusados de delitos en relación al estallido social “son 81 personas que tienen irreprochable conducta anterior y no tienen nada que ver con los ilícitos y circunstancias fácticas que da a conocer el subsecretario”, afirma.
Además, en relación a los dichos de parlamentarios oficialistas que exigen retirar el proyecto del indulto a los ‘presos de la revuelta’ amparándose en los hechos de violencia del pasado lunes, Lorenzo Morales asegura que “en su momento se tendrá que ver cómo actuó la policía el 18 de octubre. No es nada nuevo. Hemos tenido algunos 29 de marzo que la delincuencia común ha tenido el beneplácito para echar abajo una fecha conmemorativa importante para el país. Esto alguna vez se tendrá que revisar, pero a gran nivel, no como se revisa actualmente, cuál es la actuación o no de la policía”, asegura el abogado de la Defensoría Popular.
En la actualidad, esta organización representa a 32 personas imputadas por el Ministerio Público, que están siendo procesadas por delitos cometidos en el marco del estallido social. De ese total, once de ellos están con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que otros diez cumplen arresto domiciliario total.
Sin embargo, las condiciones de privación de libertad que deben enfrentar los ‘presos de la revuelta’ es una situación que genera preocupación en el equipo jurídico que defiende a estas personas imputadas por el Ministerio Público.
“Para nosotros es un tema presente, que queremos revocar sí o sí a través de medios que no son convencionales, como recursos de revisiones y de amparos, porque nos parece que los presos están en un estado de salud malo. Ellos han bajado mucho de peso por esta situación, teniendo en cuenta que nunca han estado en las otras cárceles, tal como les pasa a los presos comunes”.
En esa línea, Lorenzo Morales explica que “los presos comunes llegan a un lugar en donde, de alguna manera, hay otras personas que los conocen”. Sin embargo, esta situación dista mucho de la realidad de sus defendidos ya que, en base a una irreprochable conducta anterior, los acusados por delitos en el contexto del estallido social “no tienen este compromiso delictual que está dentro de las cárceles, que finalmente es un problema endémico que tienen las cárceles chilenas. Ellos no están clasificados debidamente”, señala.
“Ha sido una guerra con los Juzgados para establecer una mínima protección de cada uno de nuestros representados. Incluso, semana a semana, día por día, estamos en audiencia para irlos protegiendo de que no corra riesgo su seguridad y estamos en una instancia que, es muy estresante en función de aquello”, denuncia Morales.
El mal uso de la prisión preventiva
Con respecto al uso de la medida cautelar más gravosa sobre los ‘presos de la revuelta’ , el abogado destaca que durante la discusión del proyecto del indulto en las comisiones de Derechos Humanos, de Seguridad y de Constitución de la Cámara Alta, senadores de todas las bancadas “establecieron de que había una cuestión que no era discutible, que habían prisiones preventivas excesivas. Es una condena anticipada”.
En este punto, Lorenzo Morales recuerda el caso de Cristián Briones, que fue condenado a tres años de presidio efectivo por lanzamiento de bomba molotov a Carabineros, luego de una investigación que, a su juicio de su familia, dejó más dudas que certezas.
“Él ha estado 728 días en prisión. A él le faltan solamente 365 días para cumplir su pena efectiva. Si eso no es excesivo, me parece que este es un caso patente”, manifiesta.
Asimismo, Morales señala que en los próximos días arribará a Santiago un Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas “y va a ir a visitar a los presos para revisar todos estos casos, y finalmente tenga una admisibilidad, un reclamo formal, ante las Naciones Unidas por esta amplitud de la prisión preventiva que, y es una cuestión que dice la doctrina y también la jurisprudencia, ha sido en el caso de nuestros representados una pena anticipada”.
En la misma línea, el abogado de la Defensoría Popular aseguró que “la ley de indulto es la salida política” en la situación actual que mantiene en privación de libertad a personas que tienen irreprochable conducta anterior, una realidad que pretenden exponer ante el máximo tribunal del país.
“El Estado debió haber tenido otro tratamiento con respecto a los ilícitos investigados porque dicen ‘uy, hicieron esto, hicieron esto otro’, cuando en realidad no hicieron esto ni esto otro, sino que la policía actuó ilegalmente y finalmente amparados en una tesis que nosotros queremos refutar en estos días en la Corte Suprema”.
En ese contexto, durante la mañana de este martes, la Defensoría Popular participó en la segunda jornada de alegatos por el ‘Caso Hotel Principado de Asturias’ ante la Segunda Sala Penal del máximo Tribunal, para solicitar la nulidad del juicio que condenó a Jesús Zenteno y Benjamín Espinoza a seis años de cárcel, y a Matías Rojas a cinco años y un día de presidio efectivo, por lanzar bombas molotov contra funcionarios de Carabineros y contra la estación del metro Baquedano el 12 de noviembre del 2019.
“Ellos llevan 706 días en prisión preventiva, lo que a todas luces es excesivo. No hay un caso parecido. Es el caso más excesivo. Esa cuestión, en términos comparativos, con otros casos de igual naturaleza o con otros casos penales, no hay comparación”, denuncia Morales.
De esta manera, el integrante de la Defensoría Popular sostiene que estos hechos demuestran el abuso de la prisión preventiva, lo que a su juicio, es responsabilidad directa del accionar de la Fiscalía. “A algunos fiscales con nombres y apellido se les podría imputar este hecho”, asegura Morales.
Incluso, el abogado sostiene que así lo manifestaron en las acusaciones que la Defensoría Popular presentó ante la Corte Suprema. “Debe conocer estas últimas solicitudes que ha hecho la defensa como reclamos formales a este aspecto. No solamente de la prisión preventiva, sino también al tratamiento que le han dado los Juzgados de Garantía y también los Tribunal Oral en lo Penal a algunos presos”, afirma.
En todo el proceso penal que deben enfrentar los ‘presos de la revuelta’, los casos que están en manos de la Defensoría Popular se han caracterizado por la constante solicitud de los abogados defensores para revisar las medidas cautelares de los imputados, quienes incluso denuncian lo que sus defendidos viven en el interior de los recintos penales.
“Los llevamos cada 15 días al tribunal a dar cuenta, incluso, de las vulneraciones que tienen al interior de los recintos carcelarios y el excesivo tiempo es por el beneplácito que han tenido los jueces de garantía donde se ha ampliado la detención. Son varias aristas, pero a mí me parece que, en realidad, la jurisdicción ha tenido los mismos prejuicios que ha tenido la autoridad política de turno que es el Gobierno”.
Sin embargo, el abogado explica que luego de la absolución de una persona que ha sido imputada, el Estado de Chile no se hace responsable, en ningún sentido, por el tiempo que una persona inocente permaneció privada de libertad en el interior de una cárcel.
“Hay una prerrogativa que ellos dicen que el Ministerio Público tuvo la facultad para investigar. No obstante, se puede seguir un procedimiento privado o civil, que son muy largos, siempre con oposición del Consejo de Defensa del Estado, sea cual sea el Gobierno de turno al que venga, siempre son oposición. Esa es la situación actualmente de todos los que finalmente resulten absueltos en los próximos días o en los próximos años, tal como está la cosa”, lamentó.
Además, Lorenzo Morales explica que la debilitación de las instituciones también es un tema que influye en este proceso penal, como la crisis interna en el Instituto Nacional de Derechos Humanos “propiciado por el Gobierno de turno”, y principalmente por la reestructuración de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones porque, a su juicio, se “ha tenido poca posibilidad de investigar a las personas, a los agentes del Estado que han violado los derechos humanos, y esa es una cuestión de financiamiento”.
“Todo eso hace un cuadro general que permea una cuestión bien importante, que debería rescatar la nueva Constitución, que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos que tener el mismo tratamiento de la autoridad administrativa y también de la autoridad policial”, concluye el abogado de la Defensoría Popular.
