Ambos grupos económicos deben parte importante de su poder al uso extendido de tierras y aguas en la región de la Araucanía, lo cual es confrontado por organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
El asesinato del weifache Pablo Marchant, perpetrado este viernes en la comuna de Carahue por parte de funcionarios de Carabineros, viene a sumarse a una seguidilla de acontecimientos que desde hace años se vienen registrando en la Araucanía, por el conflicto en torno a la reivindicación del territorio mapuche. Al frente está el principal propietario de la Región: la industria forestal con una posesión estimada de 3,6 millones de hectáreas. Dos de los grupos económicos más importantes del país en cuyas manos están preferentemente las tierras, Matte y Angelini, han desarrollado una gran capacidad de influencia en la sociedad y defienden a través de distintas vías sus intereses.
Matías Catrileo, Camilo Catrillanca, la lamien trans Emilia Herrera y ahora Pablo Marchant, son algunas de las vidas que los agentes del Estado de Chile, en conjunto a los guardias que custodian los predios privados del sector, han cobrado en medio de lo que ha sido la llamada “militarización del Wallmapu”.
En una entrevista exclusiva con radio Universidad de Chile, Héctor Llaitul, refiriéndose a los hechos que se dieron a conocer este viernes y que, preliminarmente, apuntaban a su hijo, Ernesto Llaitul, como la víctima del lamentable suceso, el líder de la CAM afirmó que Marchant ejercía una acción de resistencia en contra del sistema de propiedad usurpador y en defensa del predio que está siendo objeto de explotación por la industria forestal.
Y es que estos decesos ocurren en el contexto de una resistencia permanente que por años lleva el pueblo Mapuche, ante la invasión del Estado chileno. Así lo explicó la constituyente del distrito 24 y ex alcaldesa de la comuna de Paillaco durante tres periodos, Ramona Reyes.
“Lo que estamos viendo ahora es fruto de esta larga historia de despojo de usurpación del territorio, de un pueblo que perdió en guerras, pero logró mantener fronteras. Sin embargo, no pudimos contra el avance del Estado chileno, especialmente en lo que fue pasando durante la dictadura de Pinochet, donde llegó al culmine de la usurpación de territorios que fue entregado a las forestales, a estas grandes familias que monopolizan la economía, las grandes esferas de la producción y la de los medios de comunicación”, aseveró Reyes.
El primer antecedente de esta llamada usurpación que ha denunciado históricamente el pueblo mapuche, parte en 1974 con el Decreto de Ley 701, mediante el cual, el Estado de Chile, en nombre del progreso y el desarrollo, comenzó a subsidiar el negocio forestal. Posteriormente, en 1979, se aprueba el Decreto de Ley 2.568 para llevar a cabo la repartición de tierras que formaban parte de la propiedad común de las comunidades mapuches. De esa manera, con el convenio del Estado, dos grandes grupos económicos, Matte (CMPC) y Angelini (Arauco), se abren paso con la industria forestal en la Araucanía.
En ese sentido, Ramona Reyes explica que, si bien existe una demanda histórica por la recuperación de las tierras que pertenecía a las comunidades, la resistencia ejercida por weichafes jóvenes e idealistas como Marchant, también considera la defensa irrestricta de la naturaleza.
“La mayoría de las comunidades mapuches están absolutamente arrinconados en territorios, rodeados por forestales donde la vida cotidiana es muy compleja, especialmente porque se empezó a acabar el agua y empezamos a ver que se ponía desértico el territorio. Al estar rodeado de forestales, tu pierdes no solamente el agua, pierdes también la vida de los animales que viven ahí. Tu caminas por un bosque de pino, de eucaliptos y ves que no aparece nada. Es una tierra tan árida, tan seca que resulta mortal para los insectos y animales que viven ahí, que es muy contrario a la forma en la que el pueblo mapuche ve a la naturaleza, como protege a los cursos de agua y como protege a todo ser vivo y que también establece una relación con los seres que no vemos, con los espíritus, tantas formas que personas que no son de origen indígena quizás no entiende”, explicó.
Abordando la causas relativas a la sequía del territorio, la Directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, explicó que el monocultivo de pino y eucalipto que desarrolla la industria forestal, no solo significa una pérdida de biodiversidad por sí misma, sino que, además, implica este consumo significativo de agua.
“Se pusieron plantaciones de una sola especie y de una sola edad, son monocultivos monoetarios, por así decirlo. Son grandes extensiones que crecen más o menos en una rotación de cada 25 años y después se cortan con un método de tala rasa, es decir que se autoriza el corte de todo el paño, dejando el suelo desnudo. Entonces, si uno lo analiza, la instalación implica pérdida de biodiversidad, después, dependiendo de la especie, si es Pino o Eucalipto, porque el Eucalipto consume mucha más agua que el Pino, se produce la desertificación de la tierra”, detalló.
En esa línea, Liberona explicó que en otros países como Australia existe una regulación de la plantación de eucaliptos, en atención a su alto consumo de agua y al clima seco, estableciendo limitaciones en el número de especies que se pretende plantar y rotaciones de la zona.
“Después con la tala rasa, el suelo queda desnudo. En otros países está prohibida la tala rasa o bien, se pueden hacer en superficies más pequeñas, por partes. En Chile, el suelo queda desnudo en una zona donde llueve, por lo tanto, lo que se va produciendo con la lluvia, es que se arrastra este suelo hacia los ríos provocado esa irrupción del suelo. Eso son los grandes temas asociados al monocultivo de especies exóticas”, declaró.
La Directora ejecutiva de la Fundación Terram advirtió que un sector fundamental para que Chile reduzca su emisiones de gases de efecto invernadero, es el sector forestal, en la medida que, son las especies nativas las que representan un gran sumidero de CO2. Asimismo, en orden de superar estas consecuencias medioambientales, Liberona hizo hincapié en la necesitad de establecer una institucionalidad forestal pública y de que los proyectos forestales ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental.
“Hoy día ningún proyecto forestal, ni agrícola, ni frutícola, es evaluado ambientalmente. La ley ambiental es del año 94 y fueron excluidos de evaluación ambiental por presión de los mismos sectores, digamos, Sociedad Nacional de Agricultura, Corporación de la Madera, etc.”, puntualizó.
Deforestación financiada con los fondos de pensiones
A partir del año 2012 el Estado deja de entregar fondos, por medio de bonos, a la industria Forestal para promocionar su desarrollo. No obstante, el financiamiento hacia el sector no ha sido desatendido, explicó el investigador de Fundación Sol, Recaredo Gálvez, considerando que el Estado inyecta recursos a través de lo que significa el esquema de las cuentas individuales de las AFP.
“Extrañamente podemos hablar de este tema y hablar del sistema de AFP y la verdad es que al 2020, por ejemplo, en el sector forestal, en grandes empresas forestales que operan en nuestro país, principalmente la de los grupos Matte y Angelini, la AFP invertían desde el ahorro previsional de las y los trabajadores, más de 2.100 millones de dólares. Entonces ahí vamos viendo que el despojo del derecho a la previsión garantizada, con un sistema público, de beneficio definido, significó que el ahorro acumulado se traspasase como recursos frescos, a través de inversión, a empresas que generan un fuerte daño medioambiental, territorial y sobre todo, conflictos políticos y sociales en los territorios donde están, como es el caso de las forestales, pero también de empresas mineras y el sector eléctrico”, declaró Gálvez.
Asimismo, el investigador de la Fundación Sol explicó que estos grupos empresariales se encuentran diversificados en distintos rubros. Angelini, por su parte, en el sector hidrocarburo y el grupo Matte, estrechamente vinculado a la banca, al sector financiero y a las telecomunicaciones.
La consolidación del sector financiero, empresarial y particularmente de estos grupos económicos, comenzó en la ola privatizadora durante la década del 80, en circunstancias que las empresas públicas son vendidas a muy bajo costo. Este antecedente, sumado a la inyección de recursos directos de las AFP, permitió a estas empresas desarrollar una matriz productiva primaria exportadora, que, en palabras de Gálvez, resulta altamente dañina con las comunidades y que con el tiempo, ha ido requiriendo mayor violencia para poderse sostener.
“Lo que ocurre en las regiones del sur de nuestro país, en el Wallmapu no es sin ir muy lejos, la militarización de un sector para el beneficio del gran capital, no es algo que merezca doble análisis cuando cruzamos cifras con los resultados de las empresas que se posicionan en los territorios”, afirmó.
Un escenario cuya gravedad escala progresivamente y que preocupa a la convencional mapuche del distrito 24, en la medida que, desde el ejecutivo se ha anunciado la pretensión de aumentar la dotación de las policías, los dispositivos de inteligencia y los implementos de orden represivo.
“Hay una sensación de tanta vulneración de derechos, tanta rabia que va generando estas ganas de resistir, porque además es un derecho humano resistir, tratar de defender tu forma de vida, tu cosmovisión, tu lenguaje, tus tradiciones religiosas, tu medicina. Las machis ya no tienen lugares donde encontrar medicina, porque llegan estos grupos que ven la tierra para solamente cosechar, eliminando todo el bosque natural, la selva nativa que había”, lamentó Reyes.
Crédito: María Luisa Cisternas – Diario UChile
