A tres semanas de que asuma el presidente electo, expertos proyectaron distintos escenarios sobre la relación entre la futura administración y la Convención. Además, apuntaron a la incidencia del pronunciamiento constitucional de la ciudadanía en la percepción del Ejecutivo.
Pocos días faltan para que asuma el presidente electo Gabriel Boric y entre los hitos más importantes que vivirá la próxima administración será la definición sobre la nueva Carta Fundamental que proponga la Convención Constitucional a la ciudadanía.
El organismo se encuentra en uno de sus momentos claves con la discusión de los informes emanados de las comisiones temáticas. Esta semana, por ejemplo, se llevó a cabo la votación de las propuestas constitucionales de las comisiones de Sistema de Justicia y Forma de Estado, en sesiones que se extendieron hasta la madrugada.
Todo esto, para cumplir con el cronograma de trabajo de la Convención, en el que quedó programada la presentación del nuevo texto constitucional para el próximo 4 de julio.
Sin embargo, la entidad ha tenido que enfrentar una serie de críticas respecto a la conducción del proceso, liderado por los convencionales María Elisa Quinteros (MSC) y Gaspar Domínguez (INN).
A esto se suman los dichos de la convencional UDI, Carol Bown, quien expresó que constituyentes de Vamos por Chile se habían declarado en “estado de reflexión”, evaluando incluso la opción de abandonar el proceso constituyente. Lo que posteriormente fue descartado por la propia exsubsecretaria.
Sobre la futura relación entre el organismo y el gobierno de Gabriel Boric, el analista político y profesor de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, sostuvo que este último “aspira a ser un socio de la Convención. De hecho, el presidente electo ha emitido varios juicios positivos sobre el funcionamiento de este poder constituyente en lo que retrata de manera muy prístina su interés en que el proceso concluya de manera exitosa”.
En esa línea, planteó que “sería una derrota demasiado apabullante si el proceso fracasa. Por lo que Boric se jugará entero por un buen resultado”, agregando que para cuando se realice el plebiscito de salida el Mandatario “ya va a haber sobrepasado el denominado período de ‘luna de miel’, pero posteriormente deberá realizar esfuerzos para que el texto constitucional sea aprobado por una mayoría robusta, cercana al 70% o 75%, con el fin de que el proceso concluya revestido de la legitimidad necesaria para que la Constitución sea la casa de todos y no de algunos”.
El director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, expresó que “uno hubiera esperado por la afinidad política que hay esa relación hubiera sido más fluida en términos de generar menos copamiento de la agenda de algunas polémicas con la administración del presidente Gabriel Boric”.
“De alguna manera, este gobierno va a tener un período bien corto porque va a ser evaluado a los seis meses cuando tenga que verificarse el plebiscito de salida. Son cosas distintas, pero inevitablemente la gente va a hacer una evaluación de la gestión del Gobierno. Por lo tanto, su suerte se va a vincular mucho con la de la Convención. Lo que no es bueno porque estamos hablando de dos poderes distintos”, añadió el académico.
Es por ello que Moreno planteó que, si bien el futuro mandatario ha manifestado su intención de no intervenir en el proceso, “los convencionales más cercanos a la administración debieran tender puentes para evitar que la Convención termine tomándose el control de la agenda y dificultando el despliegue del Gobierno”.
La fundadora de Latinobarómetro y Mori Chile, Marta Lagos, realizó un paralelo con experiencias constituyentes de la región, tales como Bolivia y Ecuador y destacó el liderazgo que tuvieron en el proceso los presidentes electos de ese entonces Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, argumentando que en el caso chileno “es bastante hipócrita pensar que no hay ninguna relación” entre las entidades.
Sin embargo, recalcó que “otra cosa es que el Gobierno oficialice su posición. Eso me parecería inadecuado. El Ejecutivo es un poder constituido que no tiene que influir sobre el poder constituyente, pero esta es una sociedad tremendamente pequeña con una elite muy incestuosa y, por lo tanto, pretender que no hay flujo de información entre ambos es de una ingenuidad sin nombre”.
Con todo, la también socióloga descartó que a estas alturas del proceso “alguien va a poder cambiar el rumbo de lo que está pasando, porque da la impresión de que ahí hay una lógica que se instaló, que tiene su propia vida y que claramente se han formado unas mayorías impresionantes. Que el presidente de la República pueda influir en lo que se va a decidir me parece que esa micro ya se fue”.
Crédito: Natalia Palma – Diario UChile
