El director de la Fundación Ciudadanía Inteligente y querellante en el caso de financiamiento ilegal de la política, explicó los motivos por los que Pablo Longueira y Marco Enriquez-Ominami están siendo juzgados.
Este miércoles el juicio oral en contra de Pablo Longueira y Marco Enriquez-Ominami, por el caso SQM, fue prorrogado para el 13 de febrero, debido a la falta de un “auto de apertura”. Es decir, el documento donde el Juzgado de Garantía informa a los intervinientes del caso sobre la acusación.
Para explicar los motivos por los que Longueira y Enriquez-Ominami se encuentran en la banquilla de los acusados, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con Octavio Del Favero, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, quien es parte de los querellantes en el caso de financiamiento ilegal de la política.
Consultado sobre las circunstancias que han ido dilatando el juicio (las primeras denuncias se realizaron en 2015), Del Favero señaló que tiene que ver, sobre todo, con la complejidad del caso.
“Recordemos que SQM financió a casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Entonces, lo que ocurrió ahí, la principal razón de esta dilación, es que la amplitud de las redes que tenía SQM en la clase política, generó una investigación de altísima complejidad”, aseguró el director de Ciudadanía Inteligente.
“Además, en general los delitos de corrupción son siempre difíciles de perseguir, por lo que en este caso, como en muchos otros, se ocupó la estrategia de ver las infracciones tributarias que pueden estar asociadas a los distintos pagos, y supuestos servicios que se prestaban. Eso también agregó mucha complejidad investigativa”, añadió.
Del Favero también se refirió a las razones por las que el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, está siendo juzgado: “En el caso de ME-O es una investigación por delitos tributarios, por haber emitido boletas, él o personas relacionadas a él, que no tenían ninguna contraprestación asociada. Es decir, que no había ningún servicio que se prestara por ello, a cambio de pagos de la empresa SQM. La sospecha es, básicamente, que esas boletas fueron emitidas como un mecanismo para financiar campañas políticas”, dijo.
En cambio, el caso de Longueira, según Del Favero, “es muchísimo más complejo y más grave”.
“La acusación que existe hoy día contra él por parte del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, y la Fundación Ciudadanía Inteligente, es por el delito de cohecho. Es decir, por haber favorecido en razón de su cargo a una persona en particular, en este caso a la empresa SQM, la cual le estaba haciendo un pago por esos beneficios”, indicó.
Del Favero aseguró que el juicio contra Longueira está enfocado en un hecho en particular: el otorgamiento de un estatuto de invariabilidad tributaria a SQM, a propósito de la nueva ley de royalty minero.
“Cuando se estaba discutiendo esa ley, Pablo Longueira, como senador, recibió una propuesta de artículo para ese proyecto, por parte de Patricio Contesse, gerente general de SQM. Longueira, entonces, se encargó de que ese artículo propuesto por SQM, quedara aprobado en la ley de royalty”, precisó.
“Luego, como ministro de economía, firmó el convenio entre el Estado de Chile y SQM para que la empresa accediera y se acogiera a este sistema de invariabilidad tributaria que la beneficia desde esa fecha, y que la seguirá beneficiando hasta el 2025. Todo esto ocurría mientras Pablo Longueira recibía pagos por parte de la empresa, a través de sus fundaciones Chile Justo y Fundación Web”.
Finalmente, el director de Ciudadanía Inteligente analizó la posición adoptada por Longueira durante la mañana del miércoles. Según el extimonel de la UDI, el caso SQM le ha provocado un “daño irreparable”.
“Yo entiendo lo que él dice desde su posición, no me cabe duda de que esto ha tenido un costo personal importante, pero eso no quita que las personas tengan que hacerse responsables de las conductas que han tenido a lo largo de su historia. En particular, cuando han ejercido cargos públicos, donde está la fe pública depositada en ellos, y lo que corresponde es que la justicia haga su trabajo”.
“Esto no es una persecución ni política, ni injusta en contra de su persona, es una persecución respecto a hechos concretos, que son muy graves, que tienen que ser investigados, y ser castigados”, añadió.
Crádito: Fernanda Araneda – Diario UChile
