De todas formas, valoraron el anuncio del SII para analizar nuevos antecedentes en el caso. Esto, luego que el organismo informara sobre el inicio de acciones para verificar si las operaciones divulgadas por la investigación periodística se realizaron dentro del marco normativo vigente.
Lejos de acabar se encuentra la polémica que vincula al Presidente Sebastián Piñera con la compraventa de la minera Dominga por parte de Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo último pago incluía una cláusula para que no se estableciera un área de protección ambiental en la zona de emplazamiento del proyecto.
El hecho generó cuestionamientos en distintos sectores políticos y provocó la respuesta de distintas instituciones públicas, tales como la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos.
Este último mediante un comunicado anunció que está “recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente en las operaciones divulgadas por los denominados Pandora Papers, y adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la Ley”.
En ese sentido, el organismo señaló que ya está trabajando en conjunto con la red de administraciones tributarias de la OCDE, para analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de estos antecedentes, como ya se hizo con otras divulgaciones tales como Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Dataleaks.
Esta colaboración internacional trajo como resultado la revisión por parte del SII las operaciones de aproximadamente 400 contribuyentes, generando auditorías y fiscalizaciones en 36 de esos casos.
Sin embargo, para el profesor de tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, las posibilidades de una sanción son nulas, dado el tiempo transcurrido.
“Los hechos son bastante antiguos y en el caso del Presidente son de 2010 y los plazos de prescripción de la acción del Servicio de Impuestos Internos para perseguir el pago de impuestos dura hasta seis años, y de forma excepcional, porque normalmente son de tres años hacia atrás. Entonces, es muy difícil que pueda realmente llegar a determinarse una diferencia de impuestos, más bien hay un cuestionamiento ético en el cumplimiento de las normas tributarias porque hay ciertamente una inconsistencia en el discurso”, afirmó el académico.
En ese sentido, apuntó a una entrevista en la que el mandatario -de visita en Ecuador- dijo estar en contra de los paraísos fiscales porque “se utilizan para actividades reñidas con la ley y la moral”, mencionando el lavado y ocultamiento de dinero por medio del narcotráfico y crimen organizado y la evasión de impuestos.
En todo caso, Polanco comentó que aún hay mucho por aclarar, en referencia a los dichos del jefe de Estado sobre el cumplimiento de las normas tributarias en el proceso de venta de la Minera Dominga.
“Se señaló que se pagaron todos los impuestos, pero ¿Cómo se pagaron esos impuestos? Se dijo que se habían repatriado esas utilidades a Chile y habían cumplido con toda su tributación, pero ¿Cómo se repatriaron? ¿Fue en calidad de utilidades? En cuyo caso deberían pagar impuestos ¿Las empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas otorgaron préstamos a los hijos? Porque si es así yo no tengo que pagar impuestos, porque me deben préstamos. Entonces yo creo hay muchas cosas que ameritan una explicación, puntualizó.
Por su parte, el abogado tributario y socio del estudio Bruzzone & González, Antonio Guzmán, explicó que “si nos vamos a la norma tributaria propiamente tal, no constituye un delito utilizar un paraíso fiscal” y apuntó que el delito que existiría en ese caso sería “un abuso de poder, tráfico de influencias para evitar emitir un decreto para establecer una zona protegida”.
No obstante, respaldó lo anunciado por el SII en cuanto a la investigación de posibles irregularidades.
“Tiene una función no solamente de recaudación, sino también de fijar políticas tributarias y dentro de la estructura de eso es dar lineamientos de qué tipo de transacciones va a revisar. Entonces, me parece que el mensaje del servicio es correcto, porque si es que, por cualquier motivo, existen antecedentes, tiene las facultades de hacer la revisión correspondiente. El hecho de que alguien lo revise, en base al principio de inocencia, no implica que se esté cometiendo nada malo”, afirmó.
En tanto, el abogado de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, sostuvo que, ante las críticas por el funcionamiento del organismo en la investigación de delitos tributarios, “el SII tiene las facultades para perseguir este tipo de operaciones” y agregó que el problema radica en el desconocimiento de temas tributarios de parte de la opinión pública.
“Además, existe una carga negativa muy fuerte respecto a lo que pasa en los paraísos fiscales. El solo hecho de nombrar aquellos de los más tradicionales como las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, la gente lo asimila de inmediato con algo ilegal, lo cual no es así”, aseveró.
Con todo, el experto manifestó que “la regla en este tema tiene que ser que cada caso hay que analizarlo en su mérito, aquí uno no puede generalizar. Por lo tanto, no corresponde decir que el uso de paraísos fiscales en general es algo ilícito, podrá evidentemente uno tener reproches morales, éticos respecto de esa situación, pero del punto de vista legal hay que ser enfático en señalar que esto hay que revisarlo caso a caso y en base a la situación de cada contribuyente”.
En cuanto al emplazamiento de funcionarios al director del SII, Fernando Barraza, para indagar lo revelado por los Pandora Papers, señalando que “no serán cómplices” –poco antes que se hiciera el anuncio oficial- Bustos sostuvo que si alguien más “tiene la percepción de que hay mucha gente que está usando estos mecanismos u otros, solamente para evadir impuestos en Chile, esa es una responsabilidad de la propia institución de fiscalizar y perseguir estos casos, y el SII tiene las herramientas desde el punto de vista legal para hacerlo”.
Crédito: Natalia Palma – Diario UChile
