¿Se acaba el negocio con el agua? Aprobación de inapropiabilidad genera debate entre convencionales y organizaciones

El proceso constituyente llevó a cabo un nuevo avance en materia de derechos del agua, pero el acceso a este bien común no garantiza el acceso del servicio hídrico a toda la población.

El lunes se aprobaron cinco nuevos artículos que pasaron al borrador de la nueva Constitución, los cuales estipulan los bienes comunes naturales y su protección, así como el acceso responsable a la naturaleza.

Lo que marcó la jornada constituyente fue la aprobación del Artículo 12A, el cual contempla el agua, en todos sus estados, como un bien natural común. Sin embargo, que el agua haya quedado establecida como tal en la Constitución, no significa su garantía en cuanto al acceso del servicio hídrico.

Por esta razón, la dirigenta medioambiental de Petorca, Verónica Vilches, comentó acerca de la necesidad de que los artículos que estipulan el uso de la naturaleza estén correctamente especificados, dado el alto consumo de agua de las agroindustria, así como los 7 y 13 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año que consumen los paltos, tales como los ubicados en la Quinta Región.

“Hay que aclarar cada punto, las montañas, las quebradas. Se debe declarar en qué momento se pueden utilizar esos recursos. Estamos en plena sequía y este año no va a llover en Petorca. ¿Cómo dejamos en claro que lo que queda de agua en el lecho del río es solamente para el consumo humano?”, afirmó y cuestionó la activista.

Asimismo, el convencional constituyente por el Distrito 12°, Manuel José Ossandon, advirtió que la redacción del Artículo 12 A tenía imperfecciones. Según Ossandon, establecer que el agua es inapropiable es un criterio demasiado amplio. A su vez, el constituyente señaló que es importante estipular obligaciones claras y beneficios en relación al acceso de la naturaleza.

Al día de hoy, la responsabilidad en el cuidado del agua es de toda la población, poco a poco las autoridades se han dado cuenta y han implementado medidas en función de su preservación, tales como el Protocolo de Racionamiento de Agua para el Gran Santiago y la Estrategia Hídrica 2023 – 2033 en Maipú.

Pero recordemos que el mal uso de este bien hídrico ya ha traído consecuencias para la población anteriormente, como sucedió en el 2018 cuando el Instituto de Derechos Humanos (INDH) interpuso un recurso de protección ante la Corte Suprema, debido a la sequía y casi nulo acceso de agua en la comuna de Petorca.

“Aquí no hay nada, ningún apoyo. Las autoridades se olvidaron de nosotros, los elegimos con la esperanza de que este nuevo Gobierno hiciera algo y no hace nada”, manifestó la activista Veronica Vilches, en el marco de un nuevo año de sequía para su comuna. De la misma manera, Vilches increpó a las autoridades de la Moneda porque a pesar de que su mandato lleva tan solo un mes,  ellos “ya sabían para donde iba la micro”.

Por otro lado, todavía las discusiones en la Convención Constitucional siguen su curso y la constituyente por el Distrito 7°, Camila Zárate, manifestó durante el debate en relación a los bienes naturales, la importancia de que el Artículo 12 E sea aprobado para que realmente finalice con el negocio del agua.

“Nada de esto tiene sentido si no se aprueba el Artículo 12 E, cada uno de los artículos de esta norma son de especial relevancia, ya que si esto no se aprueba, el negocio con respecto del agua va a mantenerse en Chile”, expuso Zárate.

El Artículo 12 E señala que “el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes inapropiables de manera temporal”, sin embargo, queda consignado que las autorizaciones tienen causales de caducidad, extinción o renovación. De esta manera, al aprobarse tal artículo las autorizaciones no generarían derechos de propiedad.

 

Crédito: Joana Carvalho – Diario UChile

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