Los ediles de Lo Espejo, Quinta Normal y Macul apuntaron al modelo social y económico que enfatiza en destinar los fondos para cuidar la propiedad privada y no garantizar la seguridad de toda la población.
La seguridad aparece como uno de los temas principales entre la ciudadanía cuando es consultada respecto a sus problemas más urgentes. Velorios de “alto riesgo”, lanzamiento de fuegos artificiales en poblaciones y la más extendida presencia de armamento de alto poder son elementos que se conjugan con la extensión de bandas de narcotraficantes como se ha reconocido por parte de las propias autoridades.
El problema es el abordaje del tema: Para un grupo de alcaldes invitados a dialogar junto a los periodistas Montserrat Rollano y Patricio López en la primera edición de Radioanálisis, en una semana del nuevo gobierno se ha avanzado más que en los últimos ocho meses con la administración de Sebastián Piñera.
Y es que los alcaldes están de acuerdo en que la labor que ha comenzado a desarrollar el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en comenzar a visitar las comunas y conocer las dificultades en cada uno de los territorios, va en el camino correcto.
Javiera Reyes, alcaldesa de la comuna de Lo Espejo, señala que este es el momento para superar la “falta una mirada integral de la seguridad” para desde ahí impulsar qué hacer ante este flagelo.
La edil de la populosa comuna del sur de la Región Metropolitana, plantea que “falta Estado” y hay enquistada en la sociedad una “injusticia territorial” que se traduce en que, por ejemplo, “Lo Espejo que es una de las comunas con más delitos de alta connotación social tiene solo dos vehículos de seguridad ciudadana”, a diferencia de los amplios recursos con los que cuentan comunas del sector oriente de la capital.
“Está la distribución desigual de Carabineros, está la injusticia territorial en todos sus aspectos. Es una sociedad donde nos hemos desarrollado bajo premisas segregadoras y eso dificulta mucho más los temas”, sostuvo en la conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
El planteamiento es reforzado por el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien subraya que estas desigualdades van marcando a la gente que luego tiene reacciones como las que se registraron en el caso de un grupo de vecinos que golpeó hasta la muerte a un joven al que confundieron con un delincuente, pero que en realidad escapaba de un asalto en una plaza del sector.
“Lo que ocurrió en La Florida tiene que ver con esa rabia, esa ira, esa molestia, esa sensación de profunda incomodidad que tienen los vecinos cuando ven que hay un sistema que no funciona. Cuando uno lee que la persona fue detenida, 20, 30, 40 veces, que no cumplen penas, que las cárceles además son cunas de delincuencia y vemos que no hay un tema estructural del Estado de hacernos cargo del tema”, planteó Montoya.
A eso agregó la orientación de las fuerzas policiales que siempre son escasas en las comunas donde se registran la mayor cantidad de delitos porque Carabineros está destacado en otras funciones.
“Carabineros hace lo que puede dentro de las capacidades y las competencias y atribuciones y principalmente de los recursos que dispone”, indica el edil.
“Cuando uno ve carabineros apostados en los centros comerciales, en el mall, ¿qué es lo que estamos cuidando? Cuando uno ve carabineros todo el día apostados en el caso de Macul, en un supermercado porque existe el robo hormiga y está todo el día el carro deteniendo y haciendo procedimientos, ¿qué es lo que estamos cuidando? Mientras, en las poblaciones sigue existiendo el narcotráfico, mientras en los sectores más vulnerables de nuestras comunas sigue habiendo asaltos cotidianos”, puntualizó.
La alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Karina Delfino, agrega un dato que describe la desigualdad que se vive en términos de distribución de los recursos: “Nosotros tenemos cerca de 130 carabineros, durante el verano tuvimos a la mitad con licencia, feriados legales, o sea, teníamos 70, 80 carabineros para toda la comuna de Quinta Normal, versus las comunas del sector oriente como Las Condes, Providencia. En el caso de Las Condes tiene más de 400 carabineros”, señala.
Delfino precisa que “esto está relacionado con los recursos que tienen los municipios. Las Condes tiene plata para gastar en lo que quiera: tienen autos 24/7, tienen autos último modelo, tienen drones en algún minuto, hicieron esos globos de seguridad porque ya no sabían qué hacer con los recursos. Entonces tienes la doble desigualdad, porque tienes municipios con muchos recursos que pueden invertir en seguridad, más una alta dotación de carabineros”.
Por eso la alcaldesa destaca que “hoy día la Convención Constitucional está hablando de asegurar el derecho a la seguridad y eso significa que exista una distribución más igualitaria respecto a los recursos en materia de seguridad”.
¿Legalizar las drogas es un camino?
Una de las respuestas que han entregado los países para enfrentar la penetración de las drogas en sus comunidades, es la legalización de estas sustancias que generan adicción, aunque en casos como el de Holanda, con una fuerte inversión estatal en diferentes áreas, incluyendo la rehabilitación.
Para los alcaldes esto debe ser tomado con un prisma desde la salud pública, a lo que se deben agregar dispositivos de prevención, combate y apoyo para que el tema del consumo no sea una situación particular sino un asunto con un abordaje complejo y desde lo público.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, hace eso sí una advertencia y es lo extendido del consumo de pasta base de cocaína que provoca serios problemas conductuales en las personas, particularmente los jóvenes que es el grupo donde más se extiende su uso.
A ello se agregan problemas de segregación que dejan a la comunidad abandonada de la mano del Estado, precisa la edil.
“Nosotros tenemos un barrio que el Estado no invierte hace al menos 10 años en nada, ni en una plaza, ni en una cancha, ni en reparar las veredas. Y ahí uno ve que el Estado se olvidó y que tal vez alguien dijo ‘para qué vamos a invertir ahí, invirtamos en otro lado’”, comenta Delfino.
Por su parte, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, señala que existe todo un mecanismo de validación de quienes desechan la idea de un trabajo remunerado versus los ingresos que permite la actividad ilícita, por ejemplo de la venta de drogas.
“La intervención del Estado también tiene que ir desde el punto de vista de cuáles son las opciones que tiene una persona y cuáles son los mecanismos de validación que hoy día socialmente permiten que una persona puede hacer A, B o C cosas. Hoy día evidentemente la educación no lo es, la salud tampoco. Si hoy día tienes un niño o niña que está en una situación de discapacidad, no tienes plata para poder abordarlo, tu niño lo más probable es que va a ser excluido del sistema”, comentó Reyes, subrayando que uno de los problemas que se deben superar es la desigualdad y los bajos salarios que tienen los trabajadores.
Sobre el punto, el alcalde de Macul Gonzalo Montoya, agregó que “hay un tema estructural del Estado. Las familias crecen en desigualdad, falta acceso a una educación digna, falta acceso a una salud digna. Y lógicamente esto no lo va a solucionar el Presidente en cuatro años, pero tenemos que partir y tenemos que partir ya porque si no lo hacemos, probablemente el problema se va a seguir profundizando y vamos a seguir hablando los próximos 20 años de lo mismo”.
Junto con destacar que más que legalizar las drogas lo que primero debe hacer el Estado es crear un sistema que sea capaz de enfrentar el flagelo, Montoya concluyó afirmando que a partir del 11 de marzo “tenemos en este gobierno una oportunidad histórica para revertir la matriz de desarrollo del sistema en el cual hemos vivido los últimos 40 años que solamente ha segregado y ha generado desigualdad en nuestro país”.
Crédito: Diario UChile
