En la antesala de la cuenta pública, el director ejecutivo de la ONG FIMA destacó algunas medidas como la firma del Acuerdo Escazú y al mismo tiempo cuestionó la falta de acción del Gobierno frente a la crisis hídrica.
A pocos días del 1 de junio, día en que el Presidente Gabriel Boric hará su segunda cuenta pública, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, para hacer un balance de las acciones del Ejecutivo en materia medio ambiental.
A juicio del también académico de nuestra casa de estudios, en este año y medio de Gobierno “han habido luces y sombras”.
“Por un lado ha existido un avance normativo, por ejemplo, con la firma y ratificación del acuerdo de Escazú y ahora hace poquito en los delitos ambientales, que por fin se van a transformar en ley. Todos esos son avances bien importantes en términos legislativos, pero también han habido algunas complejidades con el cumplimiento de algunos compromisos del programa”, afirmó.
Costa además dio cuenta de una compleja relación entre el Ejecutivo y grupos ambientalistas, debido a algunas decisiones que se han ido tomando.
“Hay una molestia en un sector grande de la ciudadanía a propósito de la aprobación de ciertos proyectos que se consideran dañinos para el medio ambiente y la salud de las personas, como puede ser Los Bronces; y también hay una sensación de que no se ha logrado avanzar en ciertas decisiones que son importantes, como por ejemplo la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a pesar de que pareciera que se va a avanzar prontamente en eso”, indicó.
Según el director ejecutivo de FIMA, otro elemento a considerar es lo que ocurrirá con el hidrogeno verde y el litio, dos industrias que son parte de la transición ecológica, pero que, paradójicamente, podrían generar un impacto negativo en el medio ambiente.
“El Gobierno ha puesto mucho énfasis en nuevas industrias como el hidrogeno verde, pero todavía no sabemos cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para que no se convierta en un nuevo polo de daños ambientales que termine siendo perjudicial para las personas”, dijo.
“Pasa lo mismo con el litio, en donde sabemos que la extracción del mineral es muy dañina para los salares, que son ecosistemas muy frágiles, pero no hay certeza de cuáles van a ser las provisiones ambientales para evitar esos daños graves”, añadió.
Consultado respecto a lo que él cree que debería ser anunciado en la cuenta pública, Costa mencionó la crisis hídrica. A juicio del experto, en esa materia, el Gobierno debería impulsar varias reformas institucionales.
“Hay una urgencia en materia de aguas que no se ha resuelto y que no se ha tomado con la profundidad que se requiere. Hay que hacer modificaciones institucionales importantes en ese sentido y los gobiernos no lo han logrado y este Gobierno pareciera que tampoco está acelerando ese paso”.
En esa misma línea, el director ejecutivo de FIMA propuso la creación de una Agencia Nacional de Agua y de “organismos de cuenca, que hagan la gestión cuenca por cuenca, independiente de si hay una Constitución que lo diga o no”.
“Los diagnósticos en materia de agua vienen de hace mucho tiempo, de hace más de diez años, ahí hay grandes acuerdos técnicos en términos de lo que hay que hacer, pero hay que asegurarlo y eso no se ha logrado y no veo que se esté haciendo ahora”, acusó.
Por último, Costa se refirió a la etiqueta que el mismo Ejecutivo se asignó, de “gobierno ecologista”, que ha estado en tela de juicio durante los últimos meses.
“Nunca he tenido muy claro a que se refiere el Gobierno cuando se autodenomina ecologista. Yo no diría que este es un Gobierno ecologista, sí diría que es un Gobierno que tiene más cercanía con los temas ambientales de lo que habría tenido su rival político en la última elección, de eso no tengo duda, pero me parece que le ha faltado darle un contenido específico si es que quieren denominarse así”.
En todo caso, Costa aseguró que todavía “hay mucho espacio para que el Gobierno llegue a buenos entendimientos en materias ambientales que son importantes para la ciudadanía. Si existe la voluntad política para sacar adelante más cuestiones importantes en términos de protección ambiental, puede enmendar el rumbo, por supuesto”.
Crédito: Fernanda Araneda – Diario UChile
