La ex jefa comunal de Maipú, acusada de defraudar al municipio en 31 mil millones de pesos, quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional. Además, el tribunal fijó 120 días como plazo para la investigación.
En el marco de la tercera jornada de audiencia de formalización contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago descartó decretar la prisión preventiva contra la ex jefa comunal, quien es acusada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Tras los alegatos de la defensa de la exautoridad y de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el juez Hugo Salgado dictaminó el arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con testigos e imputados. En tanto, la ex directora de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Maipú, Ana María Cortés, se le decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Durante la lectura de las medidas cautelares, Salgado indicó que: “Apreciando el comportamiento de la imputada, no considero que sea necesario la prisión preventiva ni por peligro para la seguridad de la sociedad por los motivos señalados ni por peligro de que vaya obstruir la investigación ni por peligro de fuga”.
Cabe señalar que la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputó a la exalcaldesa una serie de delitos cometidos entre 2016 y 2021, durante su administración en la comuna Maipú. Situación por la que se solicitó su prisión preventiva, presentando para dichos efectos en la audiencia el testimonio de diversos funcionarios municipales e informes de Contraloría, en los que se reveló que el mal uso de recursos públicos era de conocimiento de la exalcaldesa.
Bajo ese contexto, la fiscal regional, Lorena Parra, insistió en que el perjuicio al erario municipal provocado por Barriga es superior a los 31 mil millones de pesos.
“Es un delito de perjuicio patrimonial, no requiere enriquecimiento. Hay que dejarlo muy claro, porque no estamos entendiendo el fraude como estafa en donde existe el ánimo de lucro. Nosotros estamos entendiendo el fraude como una afectación al principio de probidad”, expresó la persecutora previo a la lectura de la medida cautelar.
En tanto, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, realizó una comparación del perjuicio fiscal de este caso con otros hechos de corrupción recientes, tales como el de Democracia Viva y el protagonizado por el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
“Si llevamos esas cifras al fraude que tenemos establecido (en Maipú), podríamos decir que se trata de 55 fraudes de Democracia Viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo y 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo”, expuso.
Pese a lo anterior, el juez Hugo Salgado estimó que “faltan antecedentes” en cada una de las imputaciones contra la ex jefa comunal. Además, se fijaron 120 días como plazo para la investigación.
Reacciones a la resolución
Tras conocer la decisión del juez, la fiscal Constanza Encina confirmó que van a impugnar la medida cautelar. “No estamos conformes con la resolución del tribunal. No compartimos en absoluto los argumentos respecto a la necesidad de cautela. Es justamente lo que vamos a apelar en la Corte”, expresó a la salida del juzgado.
Mientras el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, expresó que “hay una suerte de decepción. Pensábamos que el tribunal podría tomar una medida que demostrara que la corrupción es castigada independiente de donde venga. Lamentablemente a veces se da un trato distinto”.
Crédito: Camilo Vega Martínez – Diario UChile
