Un informe elaborado por la secretaría de la instancia apuntó al artículo 68 de la Constitución que establece que el proyecto “que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.
Ante la insistencia de un grupo de parlamentarios por tramitar un sexto retiro de los fondos previsionales, un informe de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados dio cuenta sobre la factibilidad de poner en discusión este tipo de proyectos, echando por tierra esta posibilidad hasta al menos por un año.
Esto, debido al rechazo del quinto retiro de las AFP registrado en abril pasado, en el que la Cámara, además, desechó la iniciativa “acotada” propuesta por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Ante esta situación el secretario de la comisión, Patricio Velásquez, redactó y posteriormente hizo lectura del documento dirigido a la presidenta y diputada de la instancia, Karol Cariola (PC), en la que se dejó establecido que no solo por razones reglamentarias, sino que también constitucionales no podrá presentarse otro proyecto de esta naturaleza.
El informe concluyó que “el artículo 68 de la Carta Fundamental al establecer que ‘el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año”.
De todos modos, aclara que “no establece una causal de inadmisibilidad sobre nuevos proyectos con las ideas matrices del rechazado en general, o respecto de aquellos ya presentados con las mismas ideas, sino que establece un efecto suspensivo para su tramitación y discusión, de un año, que empieza a correr el día siguiente a aquel en que se rechazó la idea de legislar sobre un proyecto determinado”,
Tras la lectura, la comisión dio cuenta del informe, aprobando prácticamente todos sus integrantes el contenido del mismo, cerrando así las puertas a nuevos retiros de las AFP hasta abril de 2023.
Según expresó la diputada Karol Cariola “este informe permite ratificar que no tramitar estos proyectos no es una decisión política mía, como presidenta de esta comisión, sino que responde a lo que dice la Constitución Política de la República”, descartando así que “esto no se trata de voluntad política y creo que es muy importante que la ciudadanía se informe de esta situación”.
Crédito: Natalia Palma – Diario UChile
