El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, señaló que la razón fundamental de la decisión es que el 94% de los hechos de violencia han ocurrido en los territorios que ya están bajo la medida constitucional.
Nuevamente el Gobierno se reunió junto a representantes de las Fuerzas Armadas y de orden, para evaluar el estado de excepción en la Macrozona Sur y en esta oportunidad las autoridades descartaron la extensión de la medida para la Región de Los Ríos, pero solicitarán al Congreso su prórroga para las regiones de la Araucanía y del Biobío.
El estado de excepción ha regido desde mediados de mayo en las provincias de Arauco y Biobío y en la Región de la Araucanía, pero a raíz de los 53 ataques incendiarios que han dejado maquinarias dañadas en Los Ríos, autoridades regionales y gremios han presionado al Gobierno a extender la herramienta constitucional.
La instancia de hoy estuvo encabezada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y la ministra de Defensa, Maya Fernández. La diferencia que tuvo este encuentro con respecto a los anteriores es que el Ejecutivo tuvo que enfrentar el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados al veto sustitutivo ingresado por la administración del Presidente, Gabriel Boric, al proyecto de Infraestructura Crítica.
En un inicio la propuesta fue impulsada por parlamentarios de oposición, pero fueron los mismos legisladores quienes ayer la rechazaron debido a que aseveraron que la medida no era suficiente para proteger a la ciudadanía.
En medio de esta situación, el subsecretario de Interior detalló las razones por las cuales esta medida sigue rigiendo en las regiones del Biobío y la Araucanía.
“Han ocurrido 179 hechos de violencia en esas regiones, el 94% de sus hechos han ocurrido en los territorio que están bajo estado de excepción, es probable decir que no es un problema que rige en esa región, pero la magnitud del problema está radicado justamente en las zonas donde el Gobierno ha determinado el decreto constitucional”, declaró Monsalve.
Recordemos que el subsecretario de Interior viajó ayer a la ciudad de Valdivia y sostuvo distintas reuniones con las autoridades de la zona y con los gremios del sector. Conscientes de la necesidad de adoptar otras estrategias para garantizar la seguridad de la población, Monsalve detalló las medidas que se aplicarán en la región:
- Instalación de puntos de control en lugares estratégicos, lo cual será con la colaboración de director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile.
- El subsecretario de Obras Públicas modificará el contrato de concesiones de la Ruta 5, e implementará cámaras, cámaras térmicas y tecnología que permita la lectura de patentes.
- El jefe del Departamento de Acción Social acordará ayudas a través del Programas para Víctimas de Violencia Rural, para quienes han sufrido hechos de violencia en el sector.
- El gobierno establecerá un seguro complementario para cubrir los deducibles de los seguros de las víctimas de violencia rural.
Por otro lado, en el marco del lanzamiento de la campaña “Voto Informado” la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lamentó el resultado de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a la votación del proyecto de infraestructura crítica. Además, sostuvo que el Ejecutivo hizo un esfuerzo para presentar el veto y hacer que tuviera las herramientas concretas para su implementación y contar con una herramienta adicional en materia de seguridad pública.
“Fueron los votos de la oposición quienes dejaron caer este instrumento. Es bastante incomprensible cómo es posible que aquellos parlamentarios que impulsaron con tanto entusiasmo, en un última instancia haya dejado caer el proyecto de infraestructura crítica”, destacó Vallejo.
En definitiva, por el momento el Gobierno descartó un estado de excepción en la Región de los Ríos, pero se comprometió a seguir trabajando con los gremios y las autoridades regionales, para hacerse cargo de los hechos de violencia que afectan a la zona. Así, la primera semana de agosto volverán a tener una reunión en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, Conadi y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para abordar el conjunto de los problemas que aquejan a la región.
Credito: Joana Carvalho- Diario UChile
