Según expresaron las colectividades “el debate previsional tiene que respetar y reflejar los grandes consensos que la sociedad chilena ha expresado en el último tiempo, sobre todo con el contundente resultado del plebiscito del 04 de septiembre”.
Este miércoles las bancadas de diputados de los partidos Republicano, UDI, Evópoli, Renovación Nacional, PDG e independientes dieron a conocer un comunicado en el que expusieron una serie de principios que defenderán en la antesala de la discusión de la reforma a las pensiones que ingresará el Gobierno la próxima semana.
Titulado como “5 Bases para avanzar hacia un acuerdo que respete el sentido común y evitar en un Transantiago previsional”, las colectividades plantearon que “un mejoramiento sustentable de las pensiones en el corto, mediano y largo plazo es una necesidad respecto de la cual existe amplio acuerdo político y social”.
“Sin embargo tenemos fuertes diferencias en el mecanismo para resolver este tema. El debate previsional tiene que respetar y reflejar los grandes consensos que la sociedad chilena ha expresado en el último tiempo, sobre todo con el contundente resultado del plebiscito del 04 de septiembre”, afirmaron.
De este modo, entre los principios que respaldarán los partidos está el de “asegurar la plena propiedad de los fondos previsionales”.
En ese sentido, detallaron que “cualquier proyecto de ley que quiera aprobar el Gobierno debe inspirarse en que se consagre expresamente que todos los ahorros previsionales presentes y futuros sean de capitalización individual inexpropiables e inembargables, lo que incluye que en caso de fallecimiento dichos fondos, íntegros, se utilizan primero para el pago de pensiones de sobrevivencia y luego el remanente se entrega a título de herencia, debiendo el Estado establecer mecanismos expeditos para su pago”.
En segundo lugar, apuntaron que “cualquier aumento de cotización, sea de cargo del trabajador o empleador debe ir a la cuenta individual del trabajador”.
Sobre esto, señalaron que “las proyecciones de crecimiento no son alentadoras. Tenemos la mayor inflación en Latinoamérica después de Venezuela y Argentina y nuestro país será el que menos crecerá en la región hasta el año 2024”.
“En ese contexto, sumado a la mejora en pensiones que introdujo la PGU, no parece ser aconsejable encarecer la contratación del trabajo formal incrementando la cotización. De todas formas, si hay aumento en la tasa de cotización (que siempre será positivo para aumentar las pensiones al final de la vida laboral), reiteramos que dicho aumento tiene que ir íntegramente a la cuenta de capitalización individual y su aplicación debe ser gradual”, justificaron.
También sostuvieron que la libertad de elección “debe reflejarse en la reforma que presente el Gobierno”. “No hay espacio político para ningún proyecto que no tenga como pilar principal la libertad de elegir prestadores en todas las etapas que van tanto durante la vida activa y pasiva, especialmente a quién administra los fondos, modalidades de pensión y entidades que las ofrezcan”, aseveraron.
En esa línea, sostuvieron que “dejando de lado el Pilar Solidario (que como ya dijimos tiene que provenir de la PGU), desde la recaudación hasta la entrega de la pensión, tiene que existir la posibilidad de elegir en qué institución acogerse para hacer efectivos los derechos previsionales y poder obtener el mejor servicio y la mejor pensión posible”.
Otro de los puntos que destacaron es el de “separar los perfeccionamientos de la PGU ya anunciados de la reforma previsional”.
Según las colectividades “la ley que creó la Pensión Garantizada Universal, aprobada en el Congreso Nacional ha sido decisiva y bien valorada en materia de Pilar Solidario. Tenemos la convicción que la forma de crear verdadera y eficaz solidaridad inter e intra generacional es a través del rol activo del Estado y no a través de gravar el ahorro de las personas ni menos el trabajo formal”.
Las colectividades solicitaron al Ejecutivo que “presente por separado el proyecto de pensiones en lo contributivo y los perfeccionamientos a la PGU, tales como incrementar su monto a 250.000 pesos y la eliminación del test de afluencia y el requisito de no ser parte del 10% con mayores ingresos de los adultos mayores de 65 años”, puesto que a su juicio “permitirá llegar mucho antes con mejores pensiones a los actuales pensionados”.
Finalmente, propusieron perfeccionar la Pensión Garantizada Universal “tanto en su monto como cobertura, con miras a fortalecer el rol de equidad que ha pasado a tener la PGU, en el mejoramiento de las tasas de reemplazo”.
Crédito: Diario UChile
