En la instancia, el titular de Educación decidió no invocar la cuestión previa y se pasó al fondo del libelo. Representantes de Evópoli, de la Democracia Cristiana e independientes se restaron de apoyar la acción legislativa.
En una sesión que se extendió por casi seis horas, por 78 y en contra y 69 a favor la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
En la sesión destacaron los descuelgues de parlamentarios de Evópoli, la Democracia Cristiana e independientes, votando en contra de la acción Francisco Undurraga, Jorge Guzmán, Eric Aedo, Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Felipe Camaño, Miguel Ángel Calisto, Érika Olivera, Joanna Pérez, Jorge Saffirio, Andrés Jouannet, René Alinco y Camila Musante.
Recordemos que el futuro de la acusación constitucional en las últimas horas fue puesto en duda por parte de algunos parlamentarios, a raíz de las declaraciones de la diputada independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, y de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, quienes se refirieron a la inclinación sexual del ministro y que fueron tildadas, incluso de “homofóbicas” por el Gobierno.
Durante la jornada el secretario de Estado junto a su abogado, Francisco Cox, decidieron echar pie atrás a la presentación de la “cuestión previa”, por lo que se procedió a la revisión del fondo del libelo compuesto por siete capítulos, que apuntaban a eventuales infracciones de la autoridad a la Constitución.
De esta forma, tomó la palabra la diputada del Partido Social Cristiano y una de las impulsoras de la acusación, Francesca Muñoz, para justificar la presentación de la acción legislativa, que estuvo centrada en una supuesta priorización de una agenda con foco en la diversidad sexual por parte del ministro, en desmedro de otras problemáticas del sector, tales como la reactivación educacional tras la pandemia, la atención de grupos estudiantes con necesidades especiales, la violencia en los distintos establecimientos educativos, entre otros.
“Se ha evidenciado una excesiva priorización del ministro en distintas materias relacionadas con la sexualidad en el ámbito educacional. Así ha quedado reflejado en artículos de prensa como ‘Implementación de educación sexual integral será prioridad para el MINEDUC este 2023’ (…) Todo esto, ha ido concretando en lo que lleva de su mandato a través de distintos mecanismos ministeriales; sin embargo, lo ha hecho infringiendo gravemente derechos fundamentales”, afirmó.
En esa línea, defendió que “nunca se ha señalado por nuestra parte la educación sexual, es más, reconocemos que nuestra legislación ya contempla obligaciones en la materia dirigidas a establecimientos educacionales. Lo que reprochamos es que lo que ha impulsado el Ministerio en esta materia solo busca impulsar una cosmovisión en particular de la sexualidad que no es compartida por la totalidad de los estudiantes y sus apoderados. Es tan simple como respetar la libertad de consciencia y el derecho de los padres a educar a sus hijos.”.
Mientras sobre la arista JUNAEB, Muñoz en una omisión de la supervigilancia sobre la entidad, particularmente en la ejecución de los programas de “Alimentación Escolar” (PAE) y de “Alimentación de Párvulos” (PAP); sin embargo, no abordó la denuncia efectuada por el ex director de la JUNAEB, Cristóbal Acevedo, respecto de sobrepagos en colaciones, por no estar contemplada en el libelo.
Por su parte, el abogado Francisco Cox defendió la improcedencia de la acción parlamentaria destacando que “cuando se quiere privar del proyecto de vida a una persona como el ministro de Educación, que ha hecho de su vocación el trabajo en la educación pública, de acogerse esta acusación constitucional, lo que se busca sería cortarle las manos que no pudiera ejercer su profesión en un estamento público por cinco años, que tuviese necesariamente que trabajar en el sector privado. Eso es algo que afecta los derechos humanos”.
En ese sentido, el jurista hizo propio antiguas declaraciones del diputado RN Diego Schalper en el marco de la acusación contra la también ex ministra de la cartera, Marcela Cubillos, insistiendo en que “esto no puede ser simplemente disputa política, diferencia de opinión, que es absolutamente legítimo, sino que tiene que ser algo grave” y agregó que en la presentación “se le imputan hechos al señor ministro que no se enmarcan en las atribuciones específicas que le entrega la constitución y la ley y decisiones adoptadas en administraciones anteriores”.
Con este resultado, esta sería la cuarta acusación constitucional de la oposición en ser rechazada en lo que va del gobierno del Presidente Gabriel Boric, tras las presentaciones contra las exministras de Interior y Justicia, Izkia Siches y Marcela Ríos, respectivamente, y el actual titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
Reacciones
Tras la votación, el ministro Marco Antonio Ávila, junto con valorar el rechazo de la acusación tanto de parte del oficialismo como de un sector de la oposición, expresó que “estoy convencido en que nunca he infringido las leyes y ni la constitución. Soy un firme defensor de la democracia, de la constitución y de las herramientas que esta contiene para fiscalizar y mejorar el accionar de las autoridades, pero también tengo la certeza que es a través del diálogo constructivo, donde la amplia mayoría de quienes participamos de la política podemos avanzar para mejorar la vida de cientos y miles de estudiantes, niños, niñas y jóvenes”.
El diputado de la DC, Eric Aedo, reafirmó en que “todos los temas que se levantaron de homofobia no fueron para la bancada un tema para inclinar la balanza. Sin embargo, no tengo ninguna duda que para sectores liberales de la propia centroderecha los temas de homofobía, los testimonios que se dieron en esa comisión que revisó esta acusación, sí revistieron un carácter determinante para inclinar la balanza y se restasen de esta acusación. Creo que es momento de detener este festival de acusaciones constitucionales, le está haciendo mal al país”.
Mientras el diputado y jefe de bancada UDI, Guillermo Ramírez, criticó que la Sala con esta votación “ha dado una señal de impunidad y no una señal de probidad. El capítulo VI de la acusación constitucional daba cuenta de un acto de falta a la probidad terrible. Los 3 mil 500 millones de pesos que la JUNAEB le entregó a una empresa para que proveyera de 800 mil colaciones, en circunstancias que durante 2022 solamente entregó 30 (…) Los parlamentarios de este hemiciclo, los parlamentarios del Gobierno han dicho una y otra vez que condenan los hechos de corrupción en el caso Convenios, que tiene que investigarse, que tienen que sancionar a los culpables, pero lo que dicen con la boca, hoy lo contradicen con el voto”.
Crédito: Natalia Palma – Diario UChile
