Según los especialistas, la propuesta del Ejecutivo no se condice con la política pública de vivienda y el derecho de propiedad del país. Las observaciones esperan ser despachadas del Senado este mes de octubre.
Continúa el debate sobre el veto presentado por el Ejecutivo a la Ley de Usurpaciones. En su segunda sesión, la Comisión de Seguridad Pública del Senado atendió a dos expertos y el testimonio de una víctima de usurpaciones, quienes depositaron sus observaciones sobre el contenido de la propuesta presidencial.
Tanto el exfiscal y actual decano de Derecho de la Universidad Autónoma, Francisco Ljubetic, como el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Wilenmann, recomendaron a los integrantes de la comisión visar los numerales ocho y nueve relativos a la flagrancia permanente y la creación de la medida precautoria, solicitada por el Ministerio Público o la víctima en cualquier etapa del procedimiento, para dar paso al desalojo judicial.
Sin embargo, tomaron una posición desfavorable en relación a las indicaciones relativas a lo que llamaron la “trilogía de delitos” y la gradualidad de las penas, como la observación que sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM a la usurpación sin violencia o intimidación a las personas.
En relación a esta última, Ljubetic señaló que “no se condice con la política pública de vivienda de los Gobiernos de nuestro país porque lo que hace es permitir que una persona pueda ocupar ilegalmente una propiedad cuando actúa por necesidad habitacional”. A juicio de Ljubetic, esto “no es consecuente” con el derecho de propiedad.
En tanto, Wilenmann advirtió que “siempre en una graduación de las penas en el derecho chileno, hay que tener cuidado respecto a que sabemos que las etiquetas engañan, que las penas que se ponen como presidio en realidad no son tal, son penas más bien sustituvas en su origen, en algunos casos también se pueden sustituir por servicio a la comunidad”.
En paralelo, se dio cuenta del testimonio de Yasna Navarrete, representante de agricultores de la provincia de Malleco y víctima de usurpaciones, quién declaró sentirse decepcionada por el veto presentado por el Ejecutivo.
“Necesitamos que esta Ley salga adelante y consideramos que no se justifica el veto que le realizó la ministra del Interior porque toda usurpación es violenta y el tema de la legítima defensa privilegiada ya estaba normada y no es autotutela”, afirmó.
Senador Kast: Se arriesga “desalojo express en todos los campamentos de Chile”
Como un nuevo punto del debate, el presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast, apuntó al artículo transitorio que exime de la aplicación en detención y flagrancia permanente a los campamentos, que -a su juicio- colisiona con la facultad de los privados de desalojar.
Según el parlamentario, “de aprobarse el veto del Gobierno, cualquier privado podría pedir un desalogo inmediato del lugar sin mediar ninguna política de vivienda“, lo que contraría el acuerdo político.
En respuesta, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que “hoy día con la legislación actual el propietario puede pedir el desalogo del inmueble, no es que no existan los desalojos en Chile, existen, y los propietarios lo pueden pedir, el problema es que tiene una tramitación más engorrosa que este procedimiento”.
“Ahora de que esto deja peor, no, porque nadie se va a ir preso, actualmente se irían todos a la cárcel“, afirmó Tohá.
En cuanto a las intervenciones iniciales, Tohá declaró que “se da a entender que con el veto estamos bloqueando este proyecto, el veto son observaciones a puntos específicos. El Ejecutivo es partidario de esta Ley y tiene observaciones”.
“Se da a entender que con el veto estaríamos impidiendo que la gente tenga legítima defensa, el Gobierno no ha cambiado el regimen de legítima defensa, la legítima defensa general se va a aplicar aquí al igual que en todos los delitos. Lo que estamos impidiendo es que haya legítima defensa ‘privilegiada’”, añadió.
Como parte de su cuestionamiento, la secretaria de Estado también apuntó a que “cuando se dice que es inaceptable que haya multa en los casos que hay necesidad habitacional, se está diciendo entonces que debe haber cárcel“.
“O uno dice ‘cuando hay necesidad habitacional vamos a dar otro trato’, o bien dice ‘cuando hay necesidad habitacional se va a aplicar cárcel sin excepción’ que es lo que proponía el texto aprobado en el Congreso y que estamos hoy día vetando. Ahora, si queremos dar otra posibilidad tenemos que darla y tenemos que darle algunos lineamientos al juez para que no se ocupe mal“, concluyó.
Cabe destacar que, según el senador Felipe Kast, existe acuerdo con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, para despachar las 14 observaciones del Ejecutivo este octubre, de forma que durante las primeras semanas de noviembre lo mismo ocurra en la Cámara de Diputados.
Imagen de Portada: Agencia ATON
Crédito: Bárbara Paillal – Diario UChile
